Cuándo y cómo afrontar la derogación total o los aspectos más lesivos de la reforma laboral del Partido Popular empieza a constituir una seria amenaza para que el Gobierno mantenga la concertación y la paz social que ha tenido hasta ahora, y también para la propia estabilidad interna del Ejecutivo.

Los últimos mensajes que han salido de La Moncloa hacen prever tormenta, sobre todo cuando el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vinculó cualquier cambio en la normativa a un acuerdo con los empresarios. A esto se sumó la propia portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, quien si bien dijo que no había veto previo de nadie, ni de la patronal, dio a entender que no era el momento adecuado para afrontar este asunto. "Se debe acompasar al momento económico", dijo.

Algunas fuentes apuntan que hay un compromiso de Sánchez con los empresarios de no abordar en estos momentos este asunto, y que esto ha sido una de las claves para que la patronal haya firmado hasta seis acuerdos sociales en el último año.

Pero los sindicatos no están dispuestos a pasar por ahí. El propio secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, advirtió delante del ministro y secretario de Organización del PSOE; José Luis Ábalos, que es urgente empezar con "el desmontaje" de la reforma laboral del Partido Popular, y que no renuncia a la derogación completa.

Los sindicatos no creen que pueda haber acuerdo con la patronal en este asunto porque el empresariado ya habría planteado que quiere que se mantenga la actual reforma tal y como está. Por eso piden que no se vincule a ningún acuerdo y que el Gobierno legisle porque, además, creen que hay mayoría parlamentaria suficiente para que salga aprobada en el Congreso.

En esta línea, Unidas Podemos no solo ha llegado a plantear y defender la derogación completa de la reforma laboral (como sucedió en el acuerdo parlamentario alcanzado con EH Bildu y el PSOE en mayo, que posteriormente modificaron los socialistas) sino que exige el cumplimiento de los acuerdos firmados para constituir el Gobierno de coalición, donde se recogen los llamados aspectos más lesivos de la reforma.

Trabajo mantiene su hoja de ruta

En el Ministerio de Trabajo no han cambiado su posición acerca de la derogación de la reforma laboral, pese a declaraciones como las de Pedro Sánchez en las últimas semanas y a las posiciones radicalmente enfrentadas entre los sindicatos y la patronal.

El ministerio dirigido por Yolanda Díaz mantiene que el debate sobre esta cuestión se abordará cuando finalicen las conversaciones de la mesa de diálogo social sobre plataformas digitales, que en estos momentos se encuentra negociando la regulación de los denominados riders.

En las últimas semanas esta mesa ha sufrido un estancamiento en el avance de las negociaciones, debido, sobre todo, a la división de la patronal en este asunto entre las empresas que están a favor de considerar a los riders trabajadores y aquellas otras que quieren conservar su situación de "autónomos". La previsión es, sin embargo, que este foro pueda concluir sus trabajos a finales de este año o en enero de 2021.

En Trabajo se remiten al contenido del acuerdo para un Gobierno de coalición suscrito entre el PSOE y Unidas Podemos, considerado como el programa del Ejecutivo. En el documento, ambas formaciones se comprometen a derogar la reforma laboral y a recuperar "los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012", así como a "impulsar en el marco del diálogo social la protección de las personas trabajadoras" y a recuperar "el papel de los convenios colectivos".

El programa pone sobre la mesa tres medidas concretas calificadas de "urgentes": La derogación del despido causado por bajas por enfermedad (ya aprobado a través de un decreto del Gobierno y tramitado como proyecto de ley en el Parlamento); la derogación de las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo, "haciéndolo llegar más allá de las previsiones contenidas en el mismo, tras la finalización de su vigencia y hasta la negociación de uno nuevo"; y la derogación de la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales.

Además, el programa recoge otros compromisos en esta materia, como la limitación de la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa; la limitación de la capacidad de modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte de la empresa; y la revisión del mecanismo de inaplicación de los convenios colectivos, orientándose al descuelgue salarial vinculado a causas económicas graves.