Los grupos del Congreso vuelven a la carga. Unidas Podemos y otros partidos han presentado por cuarta vez en esta legislatura un escrito dirigido a la Mesa del Congreso para crear una comisión de investigación sobre las tarjetas black del rey emérito. La formación morada, al amparo de lo dispuesto en el artículo 52 del Reglamento del Congreso los Diputados, ha solicitado la creación de un órgano que indague sobre el presunto uso de plásticos opacos por parte de Juan Carlos I, con posterioridad a su abdicación, con cargo a fondos procedentes del extranjero. 

Por otro lado, ERC, Bildu, JxCat, Más País, la CUP, Compromís y BNG han pedido conjuntamente crear una comisión que tenga por objeto investigar "las presuntas irregularidades cometidas por miembros de la Familia Real, así como de sus cómplices, el origen y destino de los fondos y flujos monetarios referidos en los registros de uso de las tarjetas black y sus posibles influencias en la política diplomática y comercial del Estado español con Arabia Saudí".

Los últimos acontecimientos sobre las finanzas del monarca, huido desde el pasado mes de agosto a los Emiratos Árabes, han motivado sendas solicitudes. En concreto, su abogado, el exfiscal Javier Sánchez-Junco, comunicó este miércoles a través de un comunicado que el padre de Felipe VI presentó ante la Agencia Tributaria "una declaración sin requerimiento previo, de la que ha resultado una deuda, ya satisfecha, por importe de 678.393,72 euros incluyendo intereses y recargos". De esta forma, según ha podido saber Público, el emérito podría haber ocultado a Hacienda al menos 800.000 euros después de haber abdicado en junio de 2014. Por este motivo, además, la Fiscalía del Supremo está investigando desde finales de 2019 tanto a Juan Carlos I como a la reina Sofía.

Podemos esgrime sólo los hechos tras la abdicación del rey

En grupo confederal pide que la comisión investigue si los reyes eméritos usaron entre los años 2016 y 2018 las tarjetas opacas con cuentas ubicadas en el extranjero y si se pagaron "abundantes cuantías de dinero en gastos propios y
de otros miembros de la Familia Real". También, quiere que se indague sobre la eficacia de "las medidas aprobadas en materia de prevención y detección del blanqueo de capitales". Como la Fiscalía del Alto Tribunal descarta el uso de estos plásticos por parte de Felipe VI y sus hijas, estos "quedarían al margen de la investigación" en dicha comisión parlamentaria. La formación morada propone además que la constitución de este órgano "a la mayor brevedad posible".

Unidas Podemos, para evitar que la Mesa del Congreso vete esta iniciativa, como ha hecho en anteriores ocasiones con los votos en contra del PSOE, PP y Vox, ha esgrimido en el escrito sólo estos hechos, referidos al comportamiento del monarca posterior a su abdicación, y así sortear la "inviolabilidad" de éste contemplada en el artículo 56.3 de la Constitución. Las peticiones realizadas por estos grupos, tanto en esta legislatura como en la anterior, siempre se han topado con el mismo muro: el órgano de gobierno de la Cámara Baja.

La Mesa, presidida por Mertixell Batet, ha expuesto el mismo criterio proporcionado por los servicios jurídicos del Congreso: la Constitución establece la inviolabilidad del rey, una figura que, por lo tanto, "no está sujeta a responsabilidad". Asimismo, los letrados sostienen que, a pesar de que Juan Carlos I abdicó en junio de 2014 en favor de su hijo, su inviolabilidad constitucional "abarca todo el periodo en que se ejerce la jefatura del Estado".

"Según el Tribunal Constitucional, la inviolabilidad es un privilegio de naturaleza sustantiva, relacionado con quien ostenta la figura del Rey en nuestro sistema constitucional. Sin embargo, parece evidente que esta prerrogativa, como ocurre con otros receptos constitucionales debe interpretarse de manera evolutiva, atendiendo a 'la conciencia
social en cada tiempo y lugar'", sostiene el escrito firmado por el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique.

Otras líneas de investigación

Por su parte, ERC, Bildu, JxCat, Más País, la CUP, Compromís y BNG han ampliado su petición a otras investigaciones que involucran al ex jefe del Estado, además del uso de las tarjetas black. En este sentido, los grupos exponen la investigación abierta por la Fiscalía suiza a Juan Carlos I, quien presuntamente recibió en 2008 una donación de casi 90 millones de euros por parte del entorno del entonces rey de Arabia Saudí, Abdullah bin Adbul Aziz Al Saud, a través de una cuenta del banco suizo Mirabaud en Ginebra. A su vez, el ex jefe del Estado habría donado parte de ese dinero –unos 65 millones de euros– en 2012 a la que en su momento fue su amante, la aristócrata y empresaria Corinna Larsen.

También, añaden que el ministerio público del Supremo habría detectado indicios de delitos, con la presunta implicación de Juan Carlos I, relacionados con blanqueo de capitales, cobros de comisiones y fraude fiscal por la contratación de la segunda fase de construcción de la línea del AVE a La Meca. A raíz de estos hechos, el fiscal del Supremo ha abierto diligencias para realizar una investigación centrada en "delimitar o descartar la relevancia penal de los hechos que presuntamente se atribuyen al rey emérito. Y recuerdan las informaciones que señalan a Felipe VI como beneficiario de una sociedad offshore creada por Juan Carlos I y vinculada a la donación del régimen saudí. Estas investigaciones propiciaron el anuncio posterior del jefe del Estado por el que renunciaba a la herencia que le pudiera corresponder de su padre y que éste dejaría de percibir la asignación que tenía fijada en los presupuestos de la Casa de Su Majestad el Rey.

Por ello, los grupos solicitan la apertura de una comisión de investigación sobre la "existencia de estructuras opacas, con la participación del ex jefe del Estado, para la adjudicación de contratos comerciales", las posibles cuentas irregulares de los miembros de la Familia Real, el presunto blanqueo de capitales de Juan Carlos I, y el posible conocimiento que pueda tener de los hechos el actual rey, entre otras cuestiones. 

Asimismo, estas mismas formaciones piden la comparecencia urgente de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en sede parlamentaria para dar cuenta de la regularización fiscal llevada a cabo por el padre de Felipe VI. "Al tratarse de un asunto de evidente interés público, social y político, resulta necesario explicar a la Cámara y a los ciudadanos las circunstancias en las que se ha producido esta regularización, así como las actuaciones que el Gobierno y en Ministerio de Hacienda han tomado y tomarán frente a los actos reconocidos de evasión fiscal por parte del monarca", subrayan en el escrito registrado este viernes.