El rey Felipe VI, el jefe del Estado, afronta el discurso de esta noche en medio de la crisis del coronavirus en una de las situaciones más complejas para la monarquía desde la promulgación de la Constitución.

La cuestión de las finanzas de su padre, el exrey Juan Carlos I, y la propia presunta implicación del monarca en ellas, que varios partidos quieren investigar en el Congreso y que, de momento, Vox, PP y PSOE han impedido, llevaron a la Casa Real a redactar un comunicado en el que Felipe VI trata de alejarse de su padre para protegerse a sí mismo y a la institución del daño que le pueda estar haciendo.

Felipe VI afirma en ese comunicado que renuncia en diferido a parte de la herencia paterna –a la corona no ha renunciado–, algo que no se puede hacer con el Código Civil en la mano: solo podrá hacer tal cosa cuando se produzca el fallecimiento de Juan Carlos I. 

Hay dos razones de peso que explican la pervivencia, hoy, en pleno siglo XXI, de la monarquía en España. Por un lado, el vínculo indeleble que une a la Corona con la Constitución de 1978, de la que forma parte, y por otro, la ausencia total de voluntad política, por el temor a la inestabilidad que podría causar, para plantear en serio el debate sobre monarquía o república.

Reformar la Constitución, en el eventual y harto improbable caso de que se plantease, en lo que afecta a la Corona sería un proceso largo y arduo, casi imposible, como explica el constitucionalista Javier Pérez Royo en esta entrevista del periodista Alejandro Torrús.

Hacerlo implicaría, prácticamente, lo que se llama una "revisión constitucional total". La corona aparece en el título preliminar, en el artículo 1.3, en el que se dice: "La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria". Y después, en el título II, en el que se regulan las funciones de la institución.

Así, el propio texto recoge, en su artículo 168, que una reforma que afecte a este modelo, primero, debe aprobarse "por mayoría de dos tercios de cada Cámara" (234 diputados del Congreso y 176 senadores), lo que llevaría "a la disolución inmediata de las Cortes". Luego, "las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional", que, de nuevo, "deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras".

Y, finalmente, después de todo ese proceso, se sometería la reforma a referéndum para su aprobación por la ciudadanía. Así lo expresa el 168: "Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación".

Cerrojazo parlamentario

Las mayorías y minorías parlamentarias que hoy existen en España implican, de hecho, un cerrojazo a esa fórmula. El Congreso que hay hoy en España, probablemente, no se puede decir que tenga una mayoría absoluta monárquica, aunque tampoco se puede decir que exista una mayoría absoluta antimonárquica. La clave de esta aparente paradoja está en el PSOE.

Así, la suma de los partidos que defienden sin tapujos la vigencia de un sistema político para España con un rey o reina, cuyo cargo sea hereditario, en la cúspide, que son tres, Vox, PP y Ciudadanos, es hoy de 152 escaños –con el añadido de NA+, la suma de PP y Ciudadanos en Navarra–. La mayoría absoluta en el Congreso está en 176 diputados.

Si a esos 152, se les suman los 120 del PSOE, como de hecho sucede prácticamente en cada ocasión que se plantean asuntos relacionados con la Casa Real y así ha sucedido también al respecto de las finanzas del rey emérito Juan Carlos I, el resultado es de 272 diputados. Es decir, la "monarquía constitucional" hoy está bien protegida en el Congreso.

El PSOE, sin embargo, no es, en sentido estricto, un partido monárquico. Tal vez quien mejor ha explicado en los últimos tiempos la permanente contradicción en la que habita el socialismo español al respecto de este asunto es el fallecido Alfredo Pérez Rubalcaba.

Cuando se produjo la abdicación del exrey Juan Carlos I en el año 2014, Rubalcaba era entonces secretario general del PSOE y manifestó lo siguiente: El PSOE es un partido "de hondas raíces republicanas"; que en la Transición fue "protagonista de ese consenso que permitió una larga historia de estabilidad y de progreso en España y ese consenso nosotros no lo vamos a romper".

En similar posición que el PSOE, con menos historia y en un ámbito más reducido, está el PRC, que dirige el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y que tiene un escaño en el Congreso.

Excluido, por tanto, el PSOE del consenso republicano, las fuerzas declaradamente republicanas en el Congreso son variadas. Algunas, como Unidas Podemos –que suma, entre todas sus confluencias, 35 escaños– y también Más País –que son 3 diputados– lo son por razones, por así llamarlas, españolas, y defienden la instauración de la III República en todo el territorio.

Unidas Podemos, ahora que gobierna, alumbró el pasado 3 de febrero, en el acto solemne de apertura de las Cortes, una nueva dinámica, acorde a sus nuevos roles. Aunque el grupo parlamentario se mantuvo en silencio al terminar Felipe VI su discurso; Pablo Iglesias, Alberto Garzón, y los demás miembros de su partido en el Gobierno, lo aplaudieron.

Existen también otras fuerzas que son republicanas por razones de tipo soberanista, como, en Catalunya. Así, ERC, un partido de larguísima tradición republicana, que lo lleva incluido en su nombre, y, ahora, también, los herederos de CiU, Junts per Catalunya, como así le expresó al propio Felipe VI la diputada Laura Borrás: "En Catalunya, no tenemos rey". Las CUP también son republicanas. Entre estos tres partidos suman 23 escaños (13 de ERC, 8 de JxCat y 2 de las CUP).

El discurso del rey, emitido por televisión el 3 de octubre de 2017, en pleno procés soberanista, enfadó a esas formaciones, que pasaron a considerarlo un "actor de parte" y que "hizo que muchas personas sintieran que el rey estaba tomando parte en esta situación", según la diputada Borrás.

En el País Vasco, tanto el PNV –7 escaños– como Bildu –5– son abiertamente republicanos y entre ambos suman otros doce diputados.

Así, la suma de escaños abiertamente republicanos es de 73, lo que supone uno de los Congresos menos monárquicos de la historia reciente.

Es decir, que si, en un, hoy día, imposible escenario, el PSOE decidiera sumarse a las fuerzas republicanas, tampoco sería posible en este momento, de acuerdo con la Constitución, eliminar la monarquía y declarar la República. Los 193 escaños no llegan a los dos tercios que exige el texto constitucional. Para ello, en resumen, debe contarse, no solo con el PSOE, sino también con las fuerzas de derecha o alguna de ellas.

Preservar el prestigio

En el comunicado en el que renunciaba en diferido –habrá que ver si finalmente es así– a parte de la herencia paterna, el rey Felipe VI recordaba uno de sus discursos: "La Corona debe (…) velar por la dignidad de la Institución, preservar su prestigio y observar una conducta íntegra, honesta y transparente, como corresponde a su función institucional y a su responsabilidad social. Porque, sólo de esa manera, se hará acreedora de la autoridad moral necesaria para el ejercicio de sus funciones".

En otra anomalía democrática, hoy es imposible saber en España, más allá de alguna encuesta salteada en medios de comunicación, la percepción que tiene la ciudadanía sobre la institución monárquica y si esta "preserva su prestigio" porque el CIS ha dejado de preguntar al respecto. El último dato fiable y relevante disponible es del año 2015, unos meses después de la abdicación de Juan Carlos I. Entonces, la Casa Real suspendió: la nota media fue de un 4,34. 

La Monarquía solo aparece de forma tangencial en el trabajo del CIS, como respuesta en una pregunta sobre los principales problemas para la ciudadanía. Esa pregunta es: ¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? En el barómetro de noviembre-diciembre de 2019, el 0,2% de los encuestados consideran a la Corona un problema.

Tras el último escándalo protagonizado por Juan Carlos I, que salpicó a Felipe VI, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el PSOE arroparon al rey, al jefe de Estado y al anterior. Por un lado, rechazaron investigar las finanzas de Juan Carlos I, y por otro, el presidente respaldó el comunicado de Felipe VI.

Mientras, Unidas Podemos decidió enfriar el asunto y aplazar los debates en serio al respecto hasta que no quede resuelta la crisis del Coronavirus. Así lo manifestó en su cuenta de Twitter: "Nada va a distraernos del combate frente al desafío sanitario, social y económico del COVID-19. Con todo, las informaciones recientes sobre Juan Carlos de Borbón y el comunicado de Casa Real son de una extraordinaria gravedad. En su momento, este asunto requerirá depurar todas las responsabilidades y la correspondiente investigación en sede parlamentaria. Nuestro pueblo lucha ahora contra el COVID-19. Cuando toque, deberá conocer toda la verdad y ejercer los derechos soberanos que le corresponden".

Perdón y devolver el dinero

En Andalucía, Adelante, la coalición en la que se incluye Unidas Podemos, arremetió con dureza contra el rey. Felipe VI, aunque sea algo "que tiene que hacer", porque debe "dar la cara ante los medios y dirigirse al pueblo español”, "no tiene legitimidad alguna" para dirigirse a los españoles, dijo la portavoz, Ángela Aguilera.

"No es de recibo que un pueblo que está sufriendo lo que estamos sufriendo" actualmente "tenga que tragarse además la ignominia de un rey –en alusión a Juan Carlos I– que utilizó en su momento su posición de representatividad de todos los españoles para hacer beneficio propio", agregó Aguilera.

La portavoz remachó: "Lo primero que tiene que hacer el rey es pedir perdón, y luego exigir a todos los herederos de la Casa Real a que renuncien a ese dinero, y que ese dinero vaya directamente a las arcas públicas del Estado para atender" cuestiones como el coronavirus, la atención de médicos, los despidos que se van a generar en esta crisis, y la renta mínima de inserción.

Por su parte, la diputada de la CUP en el Congreso, Mireia Vehí, afirmó este miércoles que para superar la crisis del coronavirus no se necesitan ni a "los militares, ni el 155 ni el ejército en la calle" ni tampoco a "un rey corrupto que lleva una semana escondiéndose".

Vehí ha reprochado al Rey que vaya a emitir un mensaje institucional a las 21.00 horas de hoy mientras "la ciudadanía del Estado español sufre las consecuencias de los despidos, de los virus, de los recortes en sanidad y de la cadena de la deuda" que "obliga la troika".

La diputada anticapitalista ha pedido "repartir la riqueza" para encarar la crisis porque "ninguna monarquía nos salvará la vida" y ha instado al Rey a poner a disposición de la sanidad pública "las herencias y todo el dinero acumulado", recoge Europa Press.