Con motivo del 20N, aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco y del fundador de la Falange José Antonio Primo de Rivera, se han producido una serie de misas, manifestaciones y concentraciones de exaltación ultraderechista. 

El pasado jueves se celebró la primera misa en homenaje a Francisco Franco.  Cerca de un centenar de partidarios de la dictadura se concentraron en la parroquia de los Doce Apóstoles, en el madrileño barrio Salamanca, para reivindicar al dictador. 

Durante la ceremonia se ha rogado por Franco, sus amigos y familiares y los españoles de bien. También por la unidad católica de España y toda la hispanidad. Entre los asistentes estaba Jaime Martínez-Bordiú, nieto de Franco, que fue vitoreado por los asistentes.

En la noche del sábado, alrededor de 200 personas se concentraron en la casa en la que nació José Antonio Primo de Rivera, en el centro de Madrid. Los manifestantes hicieron saludos fascistas, cantaron el Cara al sol y homenajearon al fundador de la Falange.

Antes de la manifestación, hubo una misa en la Iglesia de Santa Bárbara, donde Primo de Rivera fue bautizado. En la concentración estuvieron además presentes neonazis de Alemania, Francia e Italia.

Y el mismo 20N, se produjo otra concentración, en la madrileña plaza de Oriente, que reunió varias decenas de personas convocadas por el Movimiento Católico. El acto comenzó con una marcha militar y una oración en memoria de Franco y Primo de Rivera y continuó con una serie de discursos de exaltación del franquismo. Poco antes de que se iniciara el acto, varias activistas de Femen irrumpieron bajo el grito "no hay gloria para el fascismo". A los pocos segundos fueron detenidas por la Policía.

A esto hay que sumar las dos misas que se celebraron en el Valle de Cuelgamuros el 19 y 20 de noviembre.

La Ley de Memoria Democrática, que entró en vigor el pasado 21 de octubre, establece que los eventos públicos que sirvan para enaltecer a la dictadura y humillar a las víctimas son actos contrarios a la memoria democrática. El punto primero del artículo 38 de la ley lo dice claramente: "Se considerarán actos contrarios a la memoria democrática la realización de actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, y supongan exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra o de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial". 

El comunicado de convocatoria de la concentración ultra de este 20N de la Plaza de Oriente hablaba explícitamente de que este año también se trataba de un acto de desobediencia a la Ley de Memoria Democrática. A pesar de esa intencionalidad explicitada directamente por los organizadores, la Delegación del Gobierno decidió autorizar los actos al "no apreciar elementos previos para su prohibición".

La duda reside ahora en si el Gobierno abrirá o no un procedimiento sancionador contra los convocantes. Según la Ley de Memoria Democrática, los organizadores se podrían enfrentar a multas de hasta 150.000 euros. Por ahora, el Ministerio de Presidencia ha pedido a la Delegación de Gobierno de Madrid vídeos, atestados y pruebas de las manifestaciones de este fin de semana para valorar los hechos.

También se preguntan por qué la apología del terrorismo está incluida en el Código Penal, [con penas de cárcel y sanciones económicas], y la apología del franquismo no está regulada en condiciones similares. 

Esto, a pesar de que dos informes de Naciones Unidas ya señalaron que en un Estado democrático no puede existir una discriminación entre víctimas.

El Gobierno está investigando si el homenaje del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, al general golpista y fundador de la Legión Millán Astray podría haber incurrido en una vulneración de la ley. Las declaraciones de Almeida tuvieron lugar durante la inauguración de un monumento a la Legión. Dijo que Madrid rinde tributo y admiración a la Legión a través de una serie de reconocimientos como el barrio del Tercio en Carabanchel o la calle dedicada a Millán Astray. 

La nueva ley ha posibilitado, entre otras cosas, la exhumación de los restos del general franquista Queipo de Llano de la basílica de la Macarena en Sevilla. De este modo se retirará de un espacio de preeminencia y de gran exposición pública al responsable de más de 40.000 asesinatos durante la represión franquista en Andalucía. A esta exhumación le seguirán otras, como la del general golpista Milans del Bosch del Alcázar de Toledo.

La derecha más reaccionaria ya ha advertido que plantará cara a la Ley de Memoria Democrática. Vox ha anunciado que boicoteará la nueva ley pidiendo a las autonomías que declaren bienes de interés cultural toda la simbología franquista.

Y la semana pasada, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aseguró que lo primero que hará el Partido Popular si llega al Gobierno es derogar la Ley de Memoria Democrática.