En medio del debate por el plan del Gobierno para regular los medios de comunicación, los sectores conservadores han alzado la voz con preocupación. La hoja de ruta presentada, que consta de 31 medidas orientadas a reforzar la transparencia y pluralidad en los medios, ha sido criticada por aquellos que ven en esta iniciativa una amenaza a su libertad. Sin embargo, la verdadera razón de esta oposición parece radicar en las implicaciones económicas y de control que el plan pretende introducir.

Uno de los puntos más controvertidos es el registro de medios, que haría pública la información sobre la propiedad de estos y la cantidad de dinero que reciben de las instituciones públicas. Muchos medios digitales conservadores, que han sido beneficiados con grandes sumas de publicidad institucional, se oponen a este nivel de transparencia. Portales como OkDiario, The Objetive o El Debate han recibido importantes cantidades de dinero por parte de gobiernos regionales del PP.

Resulta curioso que estos medios, que suelen criticar duramente el gasto público y la intervención estatal, ahora muestren reticencia a que se haga público el dinero que obtienen de estas mismas fuentes. La medida pretende limitar la dependencia de ciertos medios de las instituciones públicas, pero los portales conservadores parecen más preocupados por el impacto que esta revelación pueda tener en su imagen y financiamiento.

El plan también incluye una reforma a las leyes sobre el derecho al honor y la rectificación, con el fin de combatir de manera más eficaz las noticias falsas. Medios que se ven frecuentemente acusados de difundir desinformación, como los mencionados anteriormente, han señalado que esta medida podría utilizarse como un mecanismo de "censura". No obstante, la iniciativa busca precisamente reforzar la calidad informativa.

Por último, la reforma también busca hacer más transparente la medición de audiencias para evitar que algunos medios inflen sus cifras y se beneficien injustamente de la financiación pública. En definitiva, mientras algunos medios conservadores denuncian este plan como un ataque a su independencia, lo que realmente parece incomodarles es la pérdida de privilegios y la obligación de rendir cuentas en un entorno mediático más transparente.