Las maniobras políticas y en los tribunales del entorno de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, para que mediáticamente no se hable de los delitos fiscales por los que está siendo investigado su novio, Alberto González Amador, parece que surten cierto efecto pero no cambian la realidad judicial: el Juzgado de Instrucción 19 de Madrid investiga a la pareja de la presidenta por dos delitos de fraude fiscal, por un montante de 350.000 euros procedentes de las comisiones obtenidas por el negocio de las mascarillas en plena pandemia. 

La investigación contra el novio de Ayuso —empresario ceutí del sector sanitario— se centra en el fraude fiscal correspondiente al Impuesto de Sociedades de los ejercicios de 2020 y 2021, por los que había dejado de ingresar a la Hacienda Pública 350.000 euros. En concreto, 155.000 euros por el ejercicio de 2020 y 195.951 euros, por el año siguiente. 

Además la jueza Inmaculada Iglesias investiga a González Amador por un presunto delito de falsedad en documento mercantil, al aportar unas facturas que no se corresponden con servicios prestados realmente, con el objetivo de reducir la cuota tributaria que debía satisfacer. 

Así, aportó facturas sobre gastos relacionados con el alquiler de dos vehículos en el extranjero. Estas facturas fueron cargadas a su empresa Maxwell Cremona, igual que los justificantes por la compra de pelotas de pádel, hilo dental, pasta dentífrica, colutorio, desodorante o champú. Entre las facturas aportadas por la pareja de Ayuso destacan también la reparación en un taller de un Porsche Panamera o la compra de un reloj Rolex. 

Más delitos para investigar

Además de estos tres delitos contra el novio de Ayuso, la jueza ha decidido que se pueden investigar otros, como el de administración desleal y corrupción en los negocios, tal y como le han pedido Más Madrid y el PSOE, constituidos ambos partidos en la acusación popular en la causa contra Alberto González Amador. 

La jueza denegó en un principio las nuevas diligencias que pedían estas formaciones para aclarar, entre otras cosas, los vínculos de la pareja de Ayuso con el Grupo Quirón, receptor de adjudicaciones del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

La magistrada tumbó la pretensión de Más Madrid y el PSOE por considerar que las pesquisas se extenderían durante mucho tiempo y porque podrían constituir una investigación prospectiva, prohibida en el ordenamiento jurídico español. 

Pero el recurso de reforma que interpuso la acusación popular contra la decisión de la jueza ha sido estimado. Y ahora la jueza Inmaculada Iglesias ha abierto una pieza separada para investigar si el novio de la presidenta ocultó pagos procedentes del Grupo Quirón a través de una sociedad instrumental con el objetivo de evitar el correspondiente pago a Hacienda. 

Sociedad pantalla

En un auto al que ha tenido acceso Público, la magistrada pretende investigar si González Amador escondió a través de la sociedad pantalla Masterman, S.L. los pagos de Quirón Prevención, una filial del gigante sanitario. 

Dice la jueza que "resulta inexplicable desde el punto de vista de los intereses de Quirón Prevención, ya que Masterman es al momento de la firma del supuesto contrato una entidad sin apenas actividad, ni medios personales ni materiales y Quirón Prevención S.L., a pesar de ser el destinatario de los servicios y por tanto quien los va abonar, acepta que Maxwell Cremona y Masterman decidan libremente y sin intervención alguna de Quirón quién va a prestar cada uno
de los servicios". 

Es decir, la jueza considera "inverosímil" dicho contrato, porque perjudica claramente los intereses de Quirón Prevención. La agencia tributaria considera que aquella operación fue "artificiosa, ilícita e
inequívocamente defraudatoria". 

Maniobras para desviar el foco

Y mientras prosigue la instrucción en el Juzgado de Instrucción 19 de Madrid, la pareja de Alberto González Amador, la presidenta Ayuso, tira de imaginación para desviar el foco de atención. 

Su último gesto ha sido negarse a acudir a Moncloa ante la llamada del presidente del Gobierno en una ronda de encuentros con todos los presidentes autonómicos. 

El objetivo de esta actitud no parece ser otro que provocar una polémica y realizar declaraciones contra Pedro Sánchez para diluir la cuestión fundamental, que es que su novio está siendo investigado por hurtar dinero a Hacienda y que ella misma podría haberse aprovechado de ese fraude, al disfrutar de viajes y de un piso de lujo que fueron costeados presuntamente con el dinero defraudado. 

Batalla en los tribunales

La querella de Alberto González Amador contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos al difundir la Fiscalía una nota de prensa para desmentir un bulo lanzado por el entorno de Ayuso ha provocado que el Supremo acabe imputando a García Ortiz; un hecho inédito en la historia de la democracia en España. 

La pareja de Ayuso intenta frenar a golpe de querella las críticas políticas que desde la oposición se realizan contra la presidenta Ayuso. Así, ha presentado una querella contra Manuela Bergerot por un tuit donde la líder de Más Madrid se refirió a él como "delincuente", en relación a la confesión de González Amador ante la Fiscalía como autor de dos delitos fiscales.