La mayoría del Consejo Fiscal, con el impulso de la mayoritaria y conservadora Asociación de Fiscales, ha reclamado este jueves al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que renuncie a su cargo tras la decisión del Tribunal Supremo de imputarlo por la querella presentada por el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Como ha hecho esta mañana ante la Junta de Fiscales, García Ortiz se ha mostrado firme ante el Consejo Fiscal —principal órgano asesor del ministerio público— en su decisión de continuar al frente de la institución.

Los seis vocales del Consejo Fiscal pertenecientes a la Asociación de Fiscales (AF) y el de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) han insistido en que García Ortiz debe dimitir para preservar la imagen e imparcialidad de la institución, después de conocerse que está siendo investigado por revelación de secretos.

En cambio, García Ortiz ha recibido el apoyo de los dos vocales de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y de las dos vocales natas —la teniente fiscal María Ángeles Sánchez-Conde y la fiscal inspectora María Antonia Sanz Gaite—.

Los vocales de la UPF han emitido un comunicado donde expresan su "firme respaldo a la decisión del fiscal general del Estado de no presentar su dimisión". "Razones de índole moral, institucional y el propio contenido de la resolución judicial sustentan este apoyo", explican.

A su juicio, "la única razón por la que se elevó la exposición razonada al Tribunal Supremo ha quedado libre de toda duda". En este sentido, indican que si "la nota aclaratoria de la Fiscalía General del Estado no reveló secreto alguno porque estaba ya todo publicado, no existe, pues, viso alguno delictivo". "¿Qué lleva, pues, a seguir solicitando su dimisión después de conocerse esta realidad?", plantean.

Es por ello que han contestado que, "desde luego, no son razones de índole moral" porque "el primer cometido de un jefe es defender a sus subordinados cuando han actuado sin tacha, y esto fue lo que ocurrió".

"Había un fiscal de los que llamamos 'de trinchera' en el punto de mira, y tanto la fiscal jefe de Madrid como el FGE lo respaldaron con tal firmeza que hoy está libre de toda investigación. Qué fácil habría sido abandonarlo a su suerte. Nuestra admiración a ambos por su iniciativa", destacan.

Señalan que "tampoco son razones de naturaleza institucional, a diferencia de lo que pretende argumentarse", y argumentan que si el fiscal general dimitiera "por una nota conforme a Derecho, y a partir de una filtración de origen completamente desconocido, sería un acto de irresponsabilidad que contribuiría al debilitamiento de los cimientos de esta institución".

"No podemos estar a merced de cualquiera que quiera denunciarnos con el fin de apartarnos de nuestra función. En esa tesitura podemos estar todos y cada uno de los fiscales que conforman esta institución, y filtraciones interesadas —que son deleznables y deben ser investigadas— hay a diario. No podemos permitirlo, porque se estaría conculcando con ello el Estado Derecho", aducen.

Así las cosas manifiestan su "profunda tristeza" por "la falta de cohesión interna en esta cuestión", así como su "indignación" por "el ocultamiento que todo este ruido genera de su actuación diaria", que subrayan, "no es otra que trabajar con esfuerzo desde la verdad, la justicia y la decencia moral".

"Todos y cada uno de nosotros, desde el último fiscal de la carrera —que espera ser respaldado en su ejercicio, no lo olvidemos— hasta el fiscal general del Estado. Querer desbancarlo a él por un motivo tan espurio es querer desbancarnos al resto", zanjan.