Elecciones generales 2019El defensor del pueblo catalán recomienda a Torra retirar lazos y esteladas en periodo electoral

El Síndic de Greuges -el defensor del pueblo catalán-, Rafael Ribó, ha emitido este miércoles un informe para instar al president de la Generalitat, Quim Torra, a que acate el mandato de la Junta Electoral Central y proceda a la retirada de los lazos amarillos y las banderas esteladas de los edificios públicos que dependan de la Generalitat durante el periodo electoral.

El informe de este órgano llega después de que la Junta Electoral ordenase al president que retirara estos símbolos de las fachadas de edificios oficiales, dando un plazo máximo para ello hasta en dos ocasiones (el primero, de 48 horas, y el segundo, de 24 horas), y llegando a advertir de que no cumplir la instrucción acarrearía "responsabilidades penales".

Torra solicitó el martes a la JEC que suspendiera el ultimátum alegando que la gestión de los centros de la Generalitat "es muy variada", ya que pueden estar en manos de empresas públicas o cedidos a privadas, fundaciones, consorcios o entidades sociales, y que, por lo tanto, no podía llevar "a puro y debido efecto el requerimiento" del órgano.

El president transmitió el martes a los miembros del Govern su intención de contactar con el defensor del pueblo catalán para consultarle "si se tiene que actuar o no y, en el caso que tenga que hacerlo, dónde, cuándo y sobre qué tipo de pancartas y expresiones". Torra aseguró, según la consejera de Presidencia, Elsa Artadi, que, aunque no compartiera la decisión de Ribó, la acataría, por lo que retiraría los lazos y las esteladas si así lo recomendaba el Síndic.

En su informe, el defensor del pueblo catalán insta a retirar estos símbolos, pero "de forma excepcional durante el periodo electoral", e insiste en que su criterio es el de mantenerlos una vez termine este periodo, como explicó en una resolución de septiembre del pasado año. "El Síndic, fuera de la excepcionalidad del período electoral, mantiene el mismo criterio expuesto en una resolución de septiembre de 2018, en que se había pronunciado en contra de limitar el ejercicio de la libertad de expresión en el espacio público", explica el órgano.

"Aún así", precisa el órgano, "el Síndic coincide en este caso con el argumentario de la JEC y apela a la necesidad excepcional de preservar escrupulosamente la neutralidad ideológica de los poderes públicos durante el período electoral". También se pronuncia Ribó sobre la cuestión planteada por Torra de que ordenar la retirada de los símbolos de las instituciones podría suponer ir en contra de la libertad de expresión de los funcionarios públicos.

El Síndic precisa respecto a los funcionarios y, en general, todo el personal al servicio de la Administración, "en tanto que personas titulares de derechos fundamentales, tienen garantizado el derecho a la libertad de expresión en el puesto de trabajo, si bien la administración puede circunscribirlo a determinados espacios en el interior de las dependencias para garantizar la coexistencia de este derecho con el derecho de la ciudadanía a disfrutar de una administración neutral".

El plazo está vencido

La Junta Electoral había estimado en su último acuerdo que el derecho de los funcionarios públicos "no incluye la utilización de edificios y lugares públicos de forma partidista", remitiendo a la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: "los empleados públicos respetarán la Constitución y el resto de las normas que integran el ordenamiento jurídico".

También añadió que entre los deberes de los empleados públicos están "los de neutralidad e imparcialidad" y que "su actuación perseguirá la satisfacción de los intereses generales de los ciudadanos y se fundamentará en consideraciones objetivas orientadas hacia la imparcialidad y el interés común, al margen de cualquier otro factor que exprese posiciones personales, familiares, corporativas, clientelares o cualesquiera otras que puedan colisionar con este principio".

En esta misma resolución, la Junta Electoral solicitó a la delegada del Gobierno en Catalunya, Teresa Cunillera, que informara, transcurrido el plazo de 24 horas, al órgano sobre el grado de cumplimiento de la instrucción por parte de Torra. Delegación de Gobierno envió a la JEC una serie de fotografías de edificios oficiales que todavía exhibían símbolos, según informaron fuentes del Ejecutivo, por lo que el plazo que se le otorgó al president finalmente venció.

La Junta Electoral se reunirá mañana, una reunión en la que previsiblemente se tratará esta cuestión. Para entonces, puede que Torra ya haya ordenado la retirada de esteladas y de lazos amarillos. El president de la Generalitat se enfrenta a sanciones tanto en la vía administrativa como en la penal. La primera contempla multas que pueden llegar a los 3.000 euros.

La Ley del Régimen Electoral General (LOREG) sanciona los delitos en materia de propaganda electoral con pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis

a veinticuatro meses.