Las defensas de Gürtel se rebelan contra la Fiscalía

MADRID.- El caso Gürtel es tan diferente a otros juicios que hasta el trámite de las cuestiones previas, por lo habitual tedioso, se ha convertido en un duelo de alto nivel jurídico en busca de la nulidad del símbolo a toda una década de corrupción crecida al amparo del PP.

La mayoría de las defensas se ha rebelado contra la Fiscalía, a la que acusan de maniobras arteras de última hora. Hay sospecha de 'arrepentidos' entre los 37 acusados. Y los letrados quieren saber sus nombres y los pactos alcanzados para modificar sus estrategias.

Al parecer, existirían acuerdos firmados con tres procesados que obtendrían una reducción de penas a cambio de revelar a sus cómplices y la trama. Las sospechas se basan en que la Fiscalía ha pedido que declaren los primeros en el juicio. Antes que el líder de la organización, Francisco Correa. Son los únicos que no han pedido la nulidad.

A la cabeza de los arrepentidos estaría Roberto Fernández, ex concejal de Hacienda de Pozuelo de Alarcón (Madrid), que revelaría los amaños de Gürtel.

El propio Partido Popular ve la batalla tan perdida que ha reconocido de forma implícita la existencia de financiación ilegal. En sus alegaciones pidió la nulidad del caso -como los demás-, pero lo más importante vino después.

Jesús Santos, el abogado del PP, pidió al tribunal que, si el proceso no se anula, quien tiene que afrontar la responsabilidad civil no es el PP a nivel nacional, sino sus grupos municipales. Esto es, los populares de Pozuelo y Majadahonda, ya que se juzga unos pagos de la trama cercanos a los 246.000 euros en las campañas de sus exalcaldes Jesús Sepúlveda y Guillermo Ortega.

Otro 'arrepentido' es el constructor Alfonso García Pozuelo. Y el tercero sería un presunto conocedor de los repartos de dádivas: el exsocio del yerno de José María Aznar, Jacobo Gordon.

Las fiscales Anticorrupción del caso Gürtel, Concepción Sabadell y Concepción Nicolás, callan. Incluso cuando algún abogado opta por la provocación para reprocharles que hayan llevado una "acusación temeraria y vacía de contenido a pesar de haber dedicado ochos años de sus vidas" a esta causa. Reflexión zanjada en seco por el presidente del tribunal, Ángel Hurtado.

Esta semana llegará el turno de las fiscales de explicar su posición ante la avalancha de peticiones de nulidad.

Una prueba ha causado inquietud entre los más poderosos, como son Luis Bárcenas, el extesorero del PP, y los cabecillas de Gürtel, Correa y Pablo Crespo. Son los movimientos de cuentas en Suiza de varios procesados.

La prueba figura en un CD que fue repartido al inicio de las sesiones a cada uno de la cincuentena de abogados defensores. Tras la sorpresa inicial, llegó la ira de los defensores que salieron en tromba contra esta prueba de última hora porque les causa "indefensión. Es una investigación realizada en secreto durante dos años, después de que la Fiscalía presentara su escrito de acusación y se han saltado todas las normas de la instrucción", denuncia un letrado.

El CD contiene movimientos bancarios, pero también un informe de la Agencia Tributaria que revela que Bárcenas ingresó en sus cuentas de Suiza 7,9 millones de euros en metálico y de origen desconocido entre los años 2000 y 2005. De autorizarse, Luis Bárcenas podría acabar condenado a 26 años de cárcel por 17 delitos fiscales.

Bárcenas está acusado por la Fiscalía de esconder en Suiza 48,2 millones de euros y de apoderarse “como mínimo” de casi 300.000 euros de la caja B del PP, nutrida con beneficiarios de contratos públicos.

Su abogado, Joaquín Ruiz de Infante, encabezó la revuelta junto a Miguel Durán el defensor de Crespo. El argumento central: la Fiscalía no recurrió el auto de transformación en el que se delimita los delitos a juzgar, resolución que no incluye esta documentación. El ministerio público pudo incluir una salvedad, pero no lo hizo. Y la resolución es firme.

La Fiscalía no puede utilizar por ahora esta información porque está pendiente de la autorización del Tribunal Penal Federal, la máxima instancia suiza. Ahí ha ido a parar el último recurso presentado por los acusados que quieren impedir su uso para probar fraudes fiscales.

En el famoso CD aparece una carta de las autoridades suizas dirigidas al Fiscal Anticorrupción, Antonio Salinas, en la que exponen que se está a la espera de este último trámite. Se cree que el tribunal helvético resolverá el recurso en unos veinte días.

Otras quejas se centran en la plataforma documental del caso Gürtel. Se llama Al Fresco y numerosos abogados denuncian que la Fiscalía ha ordenado los documentos a su criterio. Al Fresco fue creada con los registros a los miembros de la trama, en el año 2009.

Los letrados se quejan de que se haya roto la cadena de custodia y de la dificultad para encontrar las pruebas, que se encuentran a una distancia de hasta cinco clicks para acceder a ellas.

"La Fiscalía disfruta de prebendas injustificadas y discriminatorias", denunció el abogado Marcos Molinero, defensor de Pedro Rodríguez Pendás, asesor del exconsejero de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo, el 'delfín' de Esperanza Aguirre.

Molinero expuso que las fiscales disponen de despacho con acceso a Internet, aparcamiento propio y entran por una puerta diferente al resto de los letrados. Esto es, no tienen que pasar por los controles de acceso que obliga a los letrados a hacer cola tras cada receso, y a desprenderse de cualquier objeto metálico.

Estos privilegios rompen con el principio de igualdad de armas entre las partes que rige en todo proceso penal, denunció el abogado mientras pedía "un respeto a su dignidad humana".

La vista oral arranca esta semana. El juicio se celebra en un polígono industrial situado a las afueras de Madrid, en San Fernando de Henares. Sin rastro de público, sin bares cercanos, sin árboles que den sombra y donde abogados, acusados y periodistas deben emprender largas caminatas para comer algún bocadillo distinto de los emparedados de las máquinas de venta automática.

La sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares contrasta con la opulencia de la que disfrutaron los procesados con el dinero extraído de las arcas públicas. Sólo en la primera época, la que ahora se juzga, la Fiscalía cifra en 8,4 millones de euros los obtenidos de las administraciones públicas, en especial de la Comunidad de Madrid.