Defensa se escuda en la Ley de Secretos Oficiales para ocultar las sanciones por el acto militar en el Valle de los Caídos

No habrá datos públicos sobre la sanción al mando de una unidad del Ejército que llevó a sus soldados al Valle de los Caídos. En una respuesta enviada al senador Carles Mulet (Compromís), el Ministerio de Defensa rechaza indicar cuál ha sido la resolución de este caso. Al igual que en otras ocasiones, la Ley de Secretos Oficiales servirá para frenar cualquier información al respecto.

El pasado 26 de mayo, una compañía del Batallón Ligero Protegido 'Uad-Ras II' –encuadrada en la Brigada de Infantería 'Guadarrama XII' y emplazada en la base militar de 'El Goloso', en Colmenar Viejo– acudió a ese espacio de exaltación franquista, donde tuvo lugar la bendición del banderín de dicha unidad.

Las imágenes fueron dadas a conocer por el colectivo "Ciudadanos de Uniforme". Poco después de conocerse esa información, el Ministerio de Defensa anunció el cese del capitán de la unidad. Del mismo modo, la cartera  que dirige Margarita Robles informó que se había abierto un expediente para determinar lo ocurrido.

La resolución de ese expediente será, sin embargo, secreto de Estado. En la respuesta enviada a Mulet, el ministerio alega que "las sanciones disciplinarias

del personal militar son materia clasificada con el nivel de reservado" en base a un acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros el 28 de noviembre de 1986 bajo el amparo de la Ley de Secretos Oficiales de la dictadura franquista, aún vigente. 

"Honor" y "dignidad"

Defensa alega además que "la Administración no puede proporcionar información que, de una forma inequívoca, se refiera a dicha persona", en alusión al mando que llevó a los soldados al Valle de los Caídos. Sostiene que el militar "resultaría perfectamente identificable" si se remitiesen los datos de la sanción al Senado, "por lo que no se preservaría con tal actuación derechos fundamentales como la intimidad, el honor o la dignidad de la persona".