El Gobierno se está planteando prorrogar parte de las medidas sociales y económicas puestas en marcha durante la primera ola de la pandemia del coronavirus, el llamado "escudo social". Todavía no ha tomado una decisión pero, de no hacerlo, buena parte de estas medidas dejarán de estar en tras el 30 de septiembre.

Según fuentes del Ejecutivo, "está sobre la mesa" la posibilidad de ampliar las medidas de apoyo a las personas más vulnerables, que comenzó a establecer a las pocas semanas de iniciarse la pandemia, cuando se decretó el estado de alarm. Hay voluntad de hacerlo, pero todavía hay que decidir si estas medidas se mantienen tal y como estaban, o si es necesario hacerles alguna modificación, y también el plazo por el que se prorrogarán. 

En concreto, según las distintas fuentes consultadas en el Gobierno, se trataría de prorrogar las medidas relativas al alivio de las cargas financieras de las hipotecas; las fórmulas de aplazamiento o condonación de los alquileres, y el mantenimiento del bono social para los servicios básicos (gas, luz y agua).

Estas medidas ya se prorrogaron por un acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 7 de julio, antes de que decayeran (un mes después de finalizar el estado de alarma), y se acordó prorrogarlas hasta el 30 de septiembre, la misma fecha hasta la que sólo escasos días antes se había logrado un acuerdo para ampliar los ERTE. 

Así, las fuentes consultadas apuntan que, si finalmente se decide seguir prorrogando el llamado "escudo social", se amplíen estas medidas hasta el 31 de enero, que es la fecha que barajan el Ministerio de Trabajo y el de Seguridad Social para una nueva prórroga de los ERTE si, finalmente, alcanzan un acuerdo con los agentes sociales.

No obstante, en Unidas Podemos consideran necesario un plazo mayor. Desde la Vicepresidencia de Derechos Sociales han rechazado hacer comentarios, pero otras fuentes de la formación de Pablo Iglesias en el Ejecutivo apuntan que esta prórroga debería durar mientras dure la pandemia, incluso hasta diciembre de 2021, y en cualquier caso no debería acabar antes de mediados de año. La idea es que es mejor negociar dos prórrogas que tres, y nada hace pensar que la pandemia vaya a haber acabado en los primeros meses de 2021.

Sólo hasta el pasado mes de julio, según fuentes del Gobierno, más de 200.000 familias se beneficiaron de la prohibición de cortar gas, luz y agua a las familias más vulnerables; y otras 200.000 personas se acogieron a la moratoria para el pago de hipotecas.

En cualquier caso, si finalmente se toma la decisión de mantener estas medidas, deberían ir al Consejo de Ministros del próximo martes, 29 de septiembre. Fecha en la que, previsiblemente, también tendría que ir la ampliación de los ERTE por causa de fuerza mayor, que finalizan este mes. Ambas decisiones se formularán vía real decreto ley.

También el Gobierno tendrá que estudiar si amplía el plazo para la paralización de los desahucios, que estaba vigente hasta el 2 de octubre de 2020, y que no  se prorrogó por ello en julio. El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, siempre ha considerado una prioridad esta medida por lo que, previsiblemente, se incluya también en el decreto.

De hecho, el vicepresidente segundo ya anunció en el Congreso que él y los ministros de Unidas Podemos plantearían prorrogar estas medidas, como mínimo hasta 2021, aunque finalmente el acuerdo que salió del Gobierno sólo contemplaba hasta el mes de septiembre.