La posibilidad de dejar en suspenso durante tres meses el pago de las hipotecas, establecida mediante decreto ley por el Gobierno a raíz de la declaración del estado de alarma, ha tenido de momento un impacto mínimo en las entidades financieras. Hasta el 30 de junio, el volumen de crédito afectado por esta moratoria legal ascendía a 20.370 millones de euros, poco más de un 4% del total concedido a esa fecha, que era de 474.009 millones, según datos del Banco de España.

La suspensión estaba prevista inicialmente sólo para los préstamos destinados en su día a la compra de la residencia habitual por personas en situación de vulnerabilidad económica como consecuencia de la crisis del coronavirus. Pero con posterioridad se hizo extensiva a los créditos asociados a locales donde desarrollaran su actividad los autónomos y a viviendas en alquiler cuyos inquilinos no pudieran pagar la renta al haberse quedado sin ingresos suficientes.

Según los datos ofrecidos por el Banco de España, las entidades financieras habían recibido 272.149 solicitudes hasta finales del junio y el número de las moratorias aprobadas ascendía 226.285 (el 83%). El total de beneficiarios era de 377.931 (muchos créditos tienen más de un titular), de los cuales casi tres cuartas partes (276.852) tenían la condición de asalariados y el resto (101.079), de autónomos.

La mayor parte de las solicitudes se presentaron hasta el 30 de abril (228.322), es decir, inmediatamente después del frenazo de la actividad económica derivado de la declaración del estado de alarma y coincidiendo con la primera avalancha de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). Luego, las cifras se moderaron notablemente, con 30.289 solicitudes en mayo y 13.538 en junio.

Pero el Gobierno no sólo decretó la moratoria para las hipotecas, sino también otra de seis meses para créditos sin garantía inmobiliaria; por lo general, créditos al consumo, cuyas cuotas no pudieran afrontar los deudores por culpa de la crisis del coronavirus. En este caso, las peticiones han sido más (428.113 a 30 de junio), aunque el importe conjunto de las aprobadas (364.407) también es muy moderado: 2.719 millones de euros sobre un saldo vivo de 181.211 (el 1,5%).

Una tercera vía para dejar en suspenso el pago de los préstamos se estableció a través de acuerdos sectoriales entre las entidades financieras, que daban cobertura a los deudores que quedaban fuera de la moratoria legal o necesitaban más tiempo para pagar (hasta doce meses). A ellos habían intentado acogerse hasta finales del mes pasado 614.058 deudores, de los que 509.452 lo habían conseguido. El importe de sus créditos ascendía a 18.071 millones de euros, un 2,7% del total.