El DAO de la policía con el PP dice al juez que buscaban en Suiza cuentas conjuntas de Bárcenas, Arenas y Cascos

El máximo responsable uniformado de la Policía Nacional durante el Gobierno del PP, Eugenio Pino, admitió ante la Audiencia Nacional que la operación de espionaje a Luis Bárcenas no existía oficialmente y la justificó porque querían ayudar a buscar en Suiza cuentas conjuntas entre el extesorero del PP y los exsecretarios generales populares Javier Arenas y Francisco Álvarez Cascos.

En el interrogatorio, realizado ante el juez central de instrucción número 6, Manuel García Castellón en octubre de 2019, Pino explicó que uno de los objetivos era investigar las cuentas suizas de Bárcenas, según las grabaciones del interrogatorio del caso Kitchen a las que ha tenido acceso Público.

El fiscal le recordó que antes de montar esta operación dichas cuentas ya estaban en manos del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz porque el país helvético había respondido a las comisiones rogatorias.“

"Yo lo he sabido después", replicó Pino quien aclaró al fiscal que las pruebas obtenidas allí eran de las cuentas de Bárcenas, "no las cuentas conjuntas de Cascos, de Arenas y de Bárcenas. Esas son otras cuentas". Revela que fue el entonces comisario José Manuel Villarejo quien les habló de dichos fondos ocultos.

Tanto quitarse de en medio, le llevó al exDAO a preguntar al fiscal: "¿Qué tiene que ver el caso Gürtel con esto?"

"¿Y las buscaban con la finalidad de aportarlas al juez instructor o de sacarlas de ese procedimiento para que el instructor no tuviera acceso?", preguntó el Fiscal Anticorrupción en el interrogatorio en relación a la investigación de Ruz sobre el caso Gürtel y los papeles de Bárcenas.

"Es una pregunta capciosa", respondió Pino quien aseguró que todo trabajo de un comisario es para "ponerlo a disposición de la Justicia". "¿También en este caso?", incidió el fiscal. "En todos", respondió el ex DAO durante su interrogatorio.

La Unidad de Asuntos Internos y la Fiscalía trabaja con la sola hipótesis de que la operación Kitchen es una investigación ilegal montada entre julio de 2013 y abril de 2015 dentro de la Policía Nacional para espiar y robar pruebas y documentos sobre la caja B del PP al extesorero de dicho partido, con la captación del chófer de la familia, Sergio Ríos Esgueva. Hasta el momento se ha acreditado que el comisario García Castaño efectuó retiros de Fondos Reservados por 50.000 euros durante el periodo reseñado que él niega que refieran a Kitchen.

Vincula en la trama al secretario de Estado

En el interrogatorio, Eugenio Pino implicó directamente en la operación al entonces Secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez: era él quien despachaba con el comisario principal Enrique García Castaño, alias El Gordo.

"El secretario de Estado tenía a gala tenía despachar con los comisarios generales. Despachaba no sólo con García Castaño, sino con quien le viniera bien". Les llamaba personalmente. Pino, como DAO, aseguró que le llevaba "papeles" pero que Martínez no despacha con él de sus asuntos.

"La Kitchen no aparece, no existe"

Pino trató de quitarse de en medio de cualquier conocimiento de la operación y llegó a reconocer ante el juez que no existía oficialmente: "La Kitchen no estaba registrada en la Direción Adjunta Operativo. Y de hecho en las cuentas debería aparecer ‘pago operación kitchen’ y no aparece por lo tanto no existe".

Ahora bien, minutos después admitió que él mismo dio la orden de cerrar esta operación: "Sí, di la orden de finalizar. Antes lo consulté con el secretario de Estado de Seguridad… Le dije: esto no pinta bien, vamos a cortar".

La Fiscalía ha descubierto que en el año 2015 se produjo un alta en la Aplicación Investiga del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO). En esta aplicación, donde se vuelcan las operaciones en marcha de las fuerzas de seguridad, se produce dicha alta con la referencia 29/15 de la que informó Público en exclusiva. Con esta maniobra se intenta blanquear de forma retrospectiva dicha operación parapolicial, y Pino alude a ella cuando admite que aconsejó cerrar la operación. Ocurrió en noviembre de 2015, cuando se cierra el "parte" en Investiga y se "cede" al juzgado del caso Gurtel y en su pieza separada de los Papeles de Barcenas.

El ministerio público explica en su escrito presentado ante el juzgado que investiga el incumplimiento de la ley de 1995 sobre Fondos Reservados, con el desvío de dinero para el lucro personal de altos mandos policiales y, a la vez, la financiación y camuflaje de operaciones ilegales como Kitchen.

EL juez le abronca: "De retales, nada"

Tanto quitarse de en medio como máximo responsable operativo de la Policía le llevó a Pino a preguntar al fiscal: "¿Qué tiene que ver el caso Gürtel con esto?"

El juez García Castellón terminó por abroncarlo ante sus vagas respuestas. El magistrado tenía la impresión de que Pino "trata de enmascarar lo importante que era para usted el señor Bárcenas", sobre el cual se organiza una investigación de "importancia extraordinaria" para los dirigentes políticos que estaban entonces a la cabeza de Interior y para el PP "por alguna sentencia que salió luego por ahí", en alusión a la condena de la primera época de la trama Gürtel.

"No era el asunto Bárcenas. Eran los retales...", replicó Pino quien fue interrumpido por el juez: "De Retales nada". García Castellón enfatizó que  "el chófer fue a la sede del PP, digo bien, por orden de su jefe; y recogió una serie de dispositivos o lo que sea que él tenía a su disposición en su despacho. Y ustedes lo tenían como confidente".

Detrás está el jefe de seguridad de Cospedal

Eugenio Pino admitió que la iniciativa de abrir esta investigación no fue a petición de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) que en aquel tiempo investigaba a Bárcenas y el caso Gürtel por orden de la Audiencia Nacional. La propuesta vino de Andrés Gómez Gordo, el director general de Seguridad de Castilla-La Mancha presidida entonces por María Dolores de Cospedal. Fue el comisario Villarejo quien decidió captar al chófer.

Reconoció que cuatro policías controlaban a este confidente, no sabe si simultáneamente: el comisario de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas; el inspector en excedencia Gómez Gordo; el entonces comisario Villarejo y "en algún momento de manera circunstancial García Castaño".

También reconoció que Villarejo aconsejó facilitar la entrada del chófer de la familia Bárcenas, Sergio Ríos, en la Policía Nacional. No identificó quién le pidió "apoyo", y el fiscal destaca en el interrogatorio que se produjo en el mismo mes en que dejó de cobrar los 2.000 euros que recibía de los fondos reservados por espiar a Bárcenas.  "Desconozco si tuvo ese apoyo, mío desde luego no; no dependía de mí".

Por su parte, Gómez Gordo, el máximo responsable de Seguridad de Castilla-La Mancha en época de Cospedal, aseguró ante el juez que él había actuado "de buena fe e ilusionado porque [Bárcenas] era el delincuente número1". Tambien admitió haber pagado con fondos reservados al chófer. Pero niega que Cospedal le encargara captar al chófer, a diferencia de lo que cree la Fiscalía Anticorrupción que investiga si la documentación robada acabó finalmente en manos de este hombre de confianza de la dirigente popular.