Cursach pide para el juez Penalva, el fiscal Subirán y los policías que le investigaron penas de 200 años de cárcel

Los abogados del empresario del ocio mallorquín Bartolomé Cursach y su socio Bartolomé Sbert, y el ex director de la discoteca Tito's, Jaime Lladó, han presentado un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) solicitando la apertura de juicio oral contra el juez instructor del denominado caso Cursach Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán, y los cuatro agentes de Policía Nacional que les investigaron en la macrocausa de presunta corrupción en la Policía Local.

El caso Cursach se refiere a una supuesta trama de corrupción policial para favorecer los negocios del mayor dueño de discotecas de Mallorca, comenzó a investigarse en 2013 y el juicio ha concluido esta semana con la absolución de todos los imputados.

El escrito de acusación presentado este jueves llega justo después de terminar el juicio, y en él solicitan formalmente penas de prisión que suman casi 200 años de cárcel y 338 años de inhabilitación, y multas que conjuntamente ascienden a 2,3 millones de euros por delitos continuados de revelación de secretos, obstrucción a la justicia, omisión del deber de perseguir delitos, prevaricación y coacciones durante la instrucción de la causa que ahora se ha juzgado en la Audiencia Provincial.

No sólo Cursach apunta contra Penalva y Subirán. En la penúltima sesión del juicio del caso Cursach, la Fiscalía Anticorrupción se limitó a argumentar los motivos por los que pedía abrir una nueva causa contra Penalva y Subirán por detención ilegal, coacciones y prevaricación. El Ministerio Público defendió que apreciaba indicios de que todas las detenciones y prisiones preventivas de los acusados pudieron ser delictivas.

Las abogados de Cursach y Sbert, tras ser absueltos en el juicio celebrado en la Audiencia de Palma, solicitan 32 años y medio de prisión para el juez Penalva, 37 y medio para el fiscal Subirán, y entre 30 y 34 años y medio para cuatro policías del grupo de Blanqueo de la Policía Nacional.

Al final del juicio, que comenzó en junio, la Fiscalía renunció a la acusación de los encausados por considerar que "no hay prueba de cargo para sostener ninguno de los hechos" presuntamente delictivos por los que sentó en el banquillo al empresario y a otros quince acusados. Así lo anunció el fiscal Tomás Herranz al concluir la fase de declaraciones de los testigos de la acusación durante el juicio a Cursach, Sbert y varios policías locales de Palma acusados de favorecer sus negocios.

Cursach, que estuvo en prisión preventiva durante trece meses, estuvo imputado por cohecho, extorsión, amenazas, coacciones, uso de información privilegiada, pertenencia a organización criminal, fraude fiscal, tráfico de influencias, homicidio, corrupción de menores, delito contra los trabajadores, falsedad documental, estafa procesal, tenencia ilícita de armas y narcotráfico.

El grueso de la instrucción corrió a cargo del juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán, actualmente jubilados por incapacidad y pendientes de ser juzgados acusados de detenciones ilegales, coacciones a testigos y obstrucción a la justicia.

Buena parte de las declaraciones en el juicio de los acusados, catorce de ellos policías locales de Palma, han versado sobre las supuestas presiones, intimidaciones y falseamientos de Penalva y Subirán.