El comisario y empresario José Manuel Villarejo Pérez se ha especializado en "enredar" –como él mismo dijo en una ocasión– los procedimientos judiciales de sus amigos o clientes para sacarles de los aprietos con la Justicia. Y uno de sus métodos predilectos es el de presentarse –oculto tras subalternos– como "acusación popular" en esos procesos, para actuar en la práctica como defensor encubierto de los intereses de los investigados.

Así lo hizo en la causa del pequeño Nicolás y una vez más se ha personado con la impostura de ser "acusación popular" –esta vez en el caso Lezo–, repitiendo el fraude de ley a través de la misma Asociación Transparencia y Justicia, para ayudar al mismo colega y mentor financiero: Adrián de la Joya Ruiz de Velasco, el "residente local" del Círculo de Gstaad donde confluyen todas las tramas de corrupción político-económica.

Por el momento, el juez Eloy Velasco ha aceptado la personación de Transparencia y Justicia en el caso Lezo, la trama corrupta que sustrajo decenas de millones de euros del Canal de Isabel II, por la que ha sido encarcelado el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, del PP. Pero otras verdaderas acusaciones populares solicitarán su expulsión de la causa. Remoción más que justificada cuando hace menos de dos meses ya fue expulsada de la pieza separada 2 del caso Nicolás, a petición de la Asociación de Policía Municipal Unificada (APMU), por el juez Arturo Zamarriego.

En esa pieza se investiga la grabación ilegal cometida en sede policial de la reunión entre agentes de los servicios secretos (CNI) y responsables de Asuntos Internos de la Policía, en la que trataron sobre las actividades delictivas del pequeño Nicolás. El comisario Villarejo está imputado como sospechoso de haber participado en esa grabación, que fue luego entregada a medios de comunicación y acabó llegando a las manos del propio pequeño Nicolás.

Fueron los abogados de Podemos –formación también personada en esa causa– los que pusieron de manifiesto el fraude procesal que constituía que Transparencia y Justicia –formada por Rafael Redondo, socio de Villarejo, y por el empleado y abogado personal del comisario, David Macías– formase parte del procedimiento como "acusación popular".

Macías es además administrador de la empresa que edita la página digital del comisario Villarejo, investigada en el procedimiento y cuya directora, Gema Alcalá, y un exredactor de ese medio también están imputados.

Por tanto, "resulta evidente" –expusieron en su escrito los miembros de la comisión judicial de ese procedimiento– "que la asociación Transparencia y Justicia no pretende personarse en defensa del interés general como acusador popular, puesto que tiene interés directo en la defensa de los intereses particulares del Sr. Villarejo, por las vinculaciones societarias y personales indicadas, de este modo muy difícilmente podrá actuar como parte acusadora en contra de sus propios intereses habidas las relaciones entre acusado y acusador pudiendo existir un móvil espurio en la personación de la Asociación Transparencia y Justicia".

También la abogada del Estado personada en la causa en defensa de los intereses del CNI, Lucía Pedreño Navarro, se adhirió a la solicitud de que la asociación fuera expulsada de la causa "por los vínculos denunciados entre su letrado y uno de los investigados, D. José Manuel Villarejo".

En esa causa sobre la grabación ilegal a agentes del CNI tendrá que declarar la semana próxima, como imputado, Adrián de la Joya, pues es socio de la finca con la que el pequeño Nicolás y un exdirectivo del Banco Santander intentaban presuntamente blanquear 10 millones con un banco de Guinea.

Cuando en octubre de 2014 la Unidad de Asuntos Internos detuvo a Francisco Nicolás Gómez Iglesias por estafa y usurpación de funciones públicas, la documentación encontrada en el registro del domicilio de su abuela confirmó que lo que se traían entre manos no era una estafa, sino una presunta operación de blanqueo de capitales basada en la sobrevaloración de la Hacienda La Alamedilla, una finca propiedad de cuatro socios, entre ellos De la Joya, con la que se iba a pedir un crédito al Banco Nacional de Guinea de unos 10 millones de euros, que se pretendían devolver a través de empresas radicadas en los paraísos fiscales de Hong Kong e Islas Vírgenes, con el fin de blanquear esos fondos.

En los primeros meses de la investigación del caso pequeño Nicolás, el comisario Villarejo mantuvo 174 contactos telefónicos con la empresa Serena Digital, de la que era presidente Adrián de la Joya y actualmente lo es su mujer, Cristina Fernández-Longoria. Además, la comisión judicial de ese caso hizo una investigación sobre el enorme patrimonio económico y empresarial de Villarejo y llegó a la conclusión de que había acumulado esa fortuna mediante presunto blanqueo de capitales en negocios con De la Joya. Deducción que coincide con el informe sobre el comisario que dirigió la Unidad de Asuntos Internos a la Fiscalía Anticorrupción hace más de un año, sin que ésta haya indagado ese sospechoso enriquecimiento, como le solicitaron los investigadores policiales.

Todos estos hechos parecen indicar que la grabación ilegal de la reunión entre agentes de Asuntos Internos y del CNI, y su posterior difusión, no se hizo en beneficio del pequeño Nicolás, sino con la intención de provocar el archivo de unas actuaciones en las que estaba implicado Adrián de la Joya, pieza clave del Círculo de Gstaad y personaje infinitamente más importante y poderoso que el veinteañero.

Ahora, la asociación de Villarejo se ha vuelto a personar en otra causa que no sólo afecta a De la Joya, sino también otro de sus clientes y amigos: Javier López Madrid –un ejecutivo que fue íntimo del rey Felipe VI–, imputado en el caso Lezo por transferir a una cuenta suiza 1,4 millones de euros, destinados presuntamente al pago de una comisión de la constructora OHL –propiedad de su suegro, Juan Miguel Villar Mir– a Ignacio González. Además, la cuenta suiza a la que López Madrid (también asiduo de Gstaad) transfirió esa cantidad pertenece precisamente a De la Joya, quien afirma que se quedó el dinero por una antigua deuda de OHL con él.

Este círculo se cierra –como muchos otros– con la Operación Lezo. Y casi todos incluyen a Villarejo y sus asociados: en el caso Lezo, De la Joya ha escogido como abogado a Ernesto Díaz Bastién, quien también es el defensor del comisario en el caso Nicolás. Además, Villarejo y Díaz Bastién son socios en la escuela de práctica jurídica Schola Iuris, en la que imparten clases muy bien remuneradas jueces y fiscales en activo.

Por el instituto Schola Iuris –que Villarejo controla a través de su hombre de paja Ángel Benseny Pellicer– han pasado desde el actual fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y el nuevo fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix –quien trató de frenar varias de las investigaciones sobre Ignacio González–, hasta el juez Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Supremo, también mencionado elogiosamente por el expresidente de Madrid hoy en prisión.

Más aún, según ha podido saber Público de fuentes judiciales, Marchena instó al juez Eloy Velasco a inhibirse del caso Lezo, argumentando que la esposa del magistrado pidió en una ocasión trabajo a Ignacio González. Ese es el motivo por el que Velasco se vio compelido, antes de iniciar los interrogatorios, a preguntar a González, delante de su abogado, si ellos dos alguna vez habían tenido contacto anteriormente o si creía que existía algún motivo de interés personal por el que debería inhibirse de la causa, tal como revelaron algunos de los que estaban presentes en la primera comparecencia del ex número dos de Esperanza Aguirre.

Tanto González como su abogado quedaron desconcertados por esas preguntas del magistrado y no acertaron a encontrar causa ninguna para reclamar su inhibición, de forma que Velasco pudo continuar al frente de la instrucción.

Pero son tantas las casualidades que interactúan en todos estos círculos confluyentes con sede superior en Gstaad, que es indefendible el argumento de que son hechos fortuitos. La lógica indica que se trata de una cadena de causalidades... que generan actos delictivos.