El ministro de Justicia, Rafael Catalá, y el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, han cerrado filas este miércoles en torno a la gestión de Manuel Moix al frente de la Fiscalía Anticorrupción, a pesar de que la oposición ha salido en tromba a pedir su cese por reclamar la dimisión del fiscal principal de la operación Lezo, su intento de relevo de los fiscales que llevan el caso del 3% catalán y porque su nombre sale varias veces en una de las grabaciones policiales al ex presidente de Madrid Ignacio González, quien ansiaba que Moix fuera designado para dicho cargo pocas semanas antes de entrar en prisión.

Las acusaciones han sido duras, y gruesas por parte de PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, ERC, EAJ-PNV, y grupo mixto, que no han sido convencidos por Catalá y Maza, a pesar de sus esfuerzos en respaldar a Moix.

Como si ambos lados de la sala vivieran en un mundo paralelo, el ministro ha insinuado que la crisis de credibilidad surgida con la difusión de informaciones, en especial del caso Lezo, responde a la “resistencia al cambio” de algunas personas. Y hasta ha desafiado a los disputados: “No he interferido en ninguna investigación y quien diga lo contrario, miente”.

Mientras, el fiscal general ha tildado de “insólito” el que se haya levantado un “subjetivo e injustificado manto de sospecha” sobre su fiscal Anticorrupción, con quien comparte la misma visión de lo que debe ser la Fiscalía contra la Corrupción y cuya “valentía” ha destacado. "No hay un solo dato objetivo, concluyente y al margen de elucubraciones, sobre hechos de corrupción”, que se hayan visto paralizados por Moix en estos dos meses y medio al frente del Anticorrupción, ha destacado.

Maza ha arremetido contra las filtraciones del caso Lezo, que se encuentra bajo secreto e incluso ha pedido a los diputados que elaboren una ley que impida las filtraciones a la prensa que son de “extraordinaria gravedad” y sólo ayudan a los investigados: "No favorecen a nadie con intenciones limpias".

Maza no ha reparado en el detalle de que fue el propio Moix quien en una entrevista en la Ser confirmó que se había puesto un micrófono en el despacho de González, cuando la causa Lezo está declarada secreta, a pesar de que se sucedan difusiones confusas desde su departamento como la supuesta “investigación chivada” del Secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, que no es investigado en la causa según una de las fiscales.

José Manuel Maza (c), comparece ante la Comisión de Justicia del Congreso. EFE/Emilio Naranjo

Y frente a un caso en el que un expresidente de Madrid como Ignacio González esté investigado por liderar un supuesto grupo criminal dedicado a extraer ingentes cantidades de dinero de las arcas públicas, la portavoz del PP, María Jesús Moro, ha optado por denunciar la “caza de brujas” y por asegurar que son ellos los que están hartos de estos casos de corrupción.

Las brujas de Salem

Las brujas han llegado a la comisión de la mano de Moro. “Esto es caza de brujas, es Salem”, y hasta ha citado la obra de teatro del mismo nombre de Arthur Miller. "Esto es la inquisición", ha destacado para agregar que se asisten a “procedimientos sumarísimos en las nuevas formas de plaza pública sin garantías para el acusado”, en los que se ataca su fama y dignidad, donde el ”principio acusatorio se ha sustituido por el debate con información sesgada o invertida” con denuncias “basadas en la infamia, el fundamentalismo, la venganza, los celos, las razones espurias”.

Lezo se presenta como un caso de dimensiones telúricas, tanto para el PP como para el Gobierno y los medios de comunicación. De fondo, un supuesto chivatazo y las conexiones políticas, judiciales, fiscales y de Prensa de la trama.

Al otro lado de ese mundo, Juan Carlos Campo (PSOE) denunciaba que tantas comparecencias de Catalá en el Congreso para desmentir supuestas presiones del Gobierno se convierten en un “obituario”.

A juicio de Campo, Moix está en el centro de una tormenta perfecta y nunca un fiscal ha dado “tantas líneas editoriales ni se ha visto en tantas salsas” mientras se difunde una supuesta apariencia de connivencia para parar causas judiciales que afectan al partido en el Gobierno.

Pablo Iglesias, de Unidos Podemos, ha realizado al ministro Catalá siete preguntas, que resumen el escándalo surgido y que el político no ha respondido en su mayoría. Por ejemplo, si Maza le informó de las dos alertas que había recibido respecto a que el nombre de Moix salía en las escuchas a Ignacio González; si es cierto que la anterior fiscal general, Consuelo Madrigal, se negó a nombrar a Moix.

Incluso Iglesias ha preguntado qué pasaría si dos "terroristas o narcotraficantes" mencionasen a un fiscal, en alusión a las grabaciones en las que González se alegraba del nombramiento de Moix, Catalá ha respondido con un ataque: eso "sería gravísimo", aunque ha añadido que no encuentra ninguna "similitud" en los dos casos planteados a no ser que el líder de Podemos se esté saltando el principio de presunción de inocencia.

En tono duro, José Ignacio Prendes (Ciudadanos) ha destacado que Catalá y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, llevaban todo el día “empeñados” en defender a Moix aunque no tenían necesidad. “Aquí quien tenía un plan era el señor González”, ha explicado Prendes al analizar la famosa escucha en la que el dirigente popular encarcelado expresaba sus ansias de que Moix fuera designado para Anticorrupción con la idea, según interpreta Prendes, de que “se dedicasen a poner palos en la rueda” de los fiscales que llevan casos de corrupción. Y ese plan parece que se va cumpliendo, milimétricamente”.

Catalá ha defendido el nombramiento de José Manuel Maza como fiscal general del Estado en sustitución de Consuelo Madrigal, de quien ha destacado su trayectoria. Ese nombramiento no significa que se haya "invadido" la Fiscalía.

Maza realizó cambios en la Fiscalía al llegar, nombramientos que estaban pendientes. Y de los 35 nombramientos, sólo cambió a seis, entre ellos al fiscal Anticorrupción y al fiscal jefe de la Audiencia Nacional. "De los que se quedan nunca hablamos", ha explicado el ministro- "¿Son buenos los fiscales? Seguro que lo serían, ¿pero los que han sido nombrados no tienen la suficiente cualificación?, se ha preguntado.

Al comienzo de su comparecencia, Catalá ha lanzado al aire una serie de preguntas, como “¿A quién le interesa en este juego de confusiones? ¿A quién le interesa crear alarmas innecesarias? ¿Quién gana? ¿A qué viene todo este ruido? ¿Qué se esconde detrás de todo este debate?

Y el ministro ha cerrado su comparecencia con más preguntas. "¿Puede ser que haya gente que no quiere cambios? Pues a lo mejor", ha dicho Catalá. Los cambios "transparentes" son recomendables para el buen funcionamiento de las instituciones, ha concluido mientras se ofrecía a comparecer siempre que los diputados así lo requieran incluso para hablar de asuntos de “actualidad político-informativo”.