El adelanto electoral ha cogido a la CUP inmersa en su particular proceso de refundación, puesto en marcha tras acumular una serie de retrocesos en las urnas y con una evidente pérdida de incidencia política a medida que avanzaba una legislatura en la que, en primer término, votó a favor de la investidura de Pere Aragonès como president.

A pesar de todo, la formación anticapitalista aspira a romper los males pronósticos de las encuestas e intentar mantener –o superar– los nueve diputados en el Parlament que tiene actualmente. Si lo consigue será más factible que se repita la mayoría independentista en la cámara, un hecho que seguro que impediría una presidencia de la Generalitat del socialista Salvador Illa. La formación estrenará la campaña este jueves en Barcelona.

Con un discurso muy crítico con el Govern de Pere Aragonès, tanto a la hora de hacer balance de la acción social y económica como de los avances en la cuestión nacional –pese a la amnistía–, la CUP mantiene la apuesta por celebrar un nuevo referéndum de autodeterminación sin aspirar a lograr un acuerdo con el ejecutivo estatal que no ve factible.

Ahora bien, son los temas materiales –es decir, las propuestas en materia social, económica y ambiental– los que marcarán los ejes de una campaña que pone el foco en la emergencia climática y en la necesidad de avanzar hacia un modelo que atienda las necesidades de la mayoría de la población.

Cómo ha apuntado su cabeza de lista para los comicios del 12 de mayo, Laia Estrada, en una entrevista con Público, "encaramos las elecciones como una oportunidad para decirle a la gente que es la hora de decidir si quiere continuar con unas políticas que van en contra de la mayoría de la población o quiere un cambio radical. Tenemos una dinámica que está analizando qué derechos se han convertido en privilegios, como el acceso a la vivienda, a una educación, a una sanidad o, incluso, a una alimentación de calidad".

En este sentido, la propuesta de los anticapitalistas pasa por articular una "nueva economía catalana" de forma que haya una "redistribución de la riqueza, un control directo de los servicios esenciales y los sectores estratégicos o una reindustrialización en términos respetuosos con los derechos laborales y el medio ambiente".

A nivel más concreto, la formación plantea la implantación de la renta básica universal (RBU) –PSC y Junts tumbaron el plan piloto que el Govern quería poner en marcha en el actual mandato– y la expropiación de pisos vacíos para garantizar el acceso de la vivienda.

Centralidad de la emergencia climática

A pesar de que el llamado Procés de Garbí –el debate interno que emprendió hace unos meses para replantear su estrategia– no cuestiona los principales pilares de la formación, sí que debía servir para redefinir qué papel tiene que jugar la CUP en las instituciones y qué alianzas debe tejer.

A pesar de todo, a corto plazo el único escenario que podría contar con el apoyo del partido es la reedición de una mayoría independentista, de manera que votara afirmativamente a la investidura de Pere Aragonès o Carles Puigdemont.

Los cuperos cierran cualquier posibilidad de acuerdo con el PSC, pero no lo hacen con la misma rotundidad que los dos grandes partidos independentistas, siempre y cuando atiendan a sus principales propuestas programáticas. Ahora bien, según Estrada, las tres grandes formaciones del Parlament comparten un modelo que ellos rechazan: "el PSC encarna la agenda de la patronal, pero Junts per Catalunya la comparte y ERC, al final, se ha sumado a ella, la ha hecho suya y la ha desplegado", declaró la candidata a Público.

El macrocomplejo del ocio Hard Rock, la fallida candidatura para acoger los Juegos Olímpicos de Invierno en el Pirineo o el debate alrededor de la ampliación del aeropuerto del Prat son tres ejemplos de propuestas vinculadas a un modelo social y económico que la CUP rechaza. Según la formación, van en la línea contraria de lo que haría falta en época de emergencia climática.

La centralidad que el partido otorga a estas cuestiones se ha puesto de manifiesto en la configuración de las candidaturas electorales. Para empezar, con la elección de Laia Estrada como número uno por Barcelona.

Exconcejal en Tarragona y hasta ahora diputada en el Parlament por esta demarcación, Estrada ha sido una de las principales voces de oposición al Hard Rock en la cámara catalana. Además, el número dos por Tarragona es Eloi Redón, uno de los portavoces de la plataforma opositora Aturem el Hard Rock.

En Lleida la candidatura la encabeza Bernat Lavaquiol, edil en la Seu d'Urgell –en el Pirineo– y portavoz de la plataforma Stop JJOO, que lideró la oposición ciudadana a la candidatura a los Juegos de Invierno. En Girona, en cambio, el número uno es el ya diputado Dani Cornellà, alcalde durante ocho años de Celrà (2011-2013 y 2015-2021) y uno de los parlamentarios que más han recogido las demandas de la revuelta campesina que el sector primario catalán protagonizó hace solo algunas semanas.

En Barcelona, además de Estrada, los números dos y cuatro –Laure Vega y Xavier Pellicer– también son diputados, mientras que la tres, Pilar Castillejo, lo fue durante 2016, además de ejercer de teniente de alcaldía de su ciudad, Ripollet, en el pasado.

Tendencia a la baja desde 2015

Ya hace más de una década, en un políticamente lejano 2012, del estreno de la CUP en el Parlament. Su irrupción, en un momento de auge de lo que se denominó nueva política, contribuyó a normalizar en la agenda política y mediática cuestiones como la regulación del precio de los alquileres, la municipalización de los servicios públicos o las políticas para afrontar el cambio climático.

En 2015 la formación tocaría techo con diez diputados y casi 340.000 votos –el 8,2% del total– en las elecciones al Parlament y 382 concejales y casi 240.000 papeletas –un apoyo del 7,6%– en las municipales.

Desde entonces ha ido perdiendo votos y peso político. En 2021, por ejemplo, apenas sumó 190.000 votos en las autonómicas, 5.000 menos que en 2017, aunque pasó de cuatro a nueve escaños gracias a la caída de la participación.

En las municipales del año pasado se quedó en 133.000 sufragios –unos 100.000 menos que en 2015– y 313 ediles. El resultado significó no obtener representación en Barcelona, Lleida, Tarragona, Terrassa o l'Hospitalet, una caída solo consensuada por el logro de la alcaldía de Girona con Lluc Salellas, gracias a un acuerdo con ERC y Junts. Y en las generales de julio perdió los dos diputados en el Congreso que tenía, después de perder 150.000 votos y no llegar a las 100.000 papeletas.

Tradicionalmente la CUP ha tenido una distribución bastante homogénea del voto, con un apoyo bastante similar en Barcelona, Lleida y Tarragona y superior en Girona. 

La clave para mantener o mejorar los nueve diputados pasa por moverse entre el 6% y el 7% de los votos en Barcelona –que le permitan sumar cinco o seis parlamentarios–, obtener cifras similares en Lleida y Tarragona, para conservar el representante que tiene en cada demarcación, y acercarse al 10% a Girona para seguir con dos diputados a la circunscripción, con la duda de si tener la alcaldía en la capital provincial le servirá de impulso.

Si no obtiene estas cifras, a buen seguro que los anticapitalistas verán disminuida la representación en el Parlamento y, por lo tanto, se agravará su pérdida de peso institucional.