La asociación Juezas y jueces para la democracia ha pedido que se depuren responsabilidades por el fracasado proyecto del Campus de la Justicia de Madrid, después de conocer un informe de la Cámara de Cuentas que detecta "graves irregularidades contables" y que ha costado más de 130 millones de dinero público.

En un comunicado, la asociación progresista de jueces denuncia el informe de la Cámara de Cuentas, que ha auditado la sociedad Campus de la Justicia, S.A., y donde se certifican graves irregularidades contables "y una aparente falta de control financiero por parte de la Intervención General de la Comunidad de Madrid, anormalidades que han provocado que los grupos políticos de la oposición de la Asamblea de Madrid (PSOE, Podemos y Ciudadanos) hayan presentado ante la Fiscalía un informe sobre el proyecto que, según sus estimaciones, supuso un 'quebranto patrimonial' de más de 130 millones de euros a las arcas públicas.

La Sección territorial de Madrid de Juezas y Jueces para la Democracia recuerda que la Comunidad de Madrid gasta más de dos millones de euros mensuales en el alquiler de edificios donde se ubican los órganos judiciales.

Sin embargo, las infraestructuras suponen un problema "crónico" para quienes trabajan en ellas y para quienes las utilizan: "La dispersión de sedes, el deterioro de las instalaciones, el agotamiento del espacio, la ausencia de una arquitectura judicial que permita el cumplimiento de las leyes de cara a la protección de las víctimas y la falta de un mantenimiento adecuado -explica la nota- son quejas que se reflejan sistemáticamente en las Memorias anuales del Tribunal Superior de Justicia de Madrid" (TSJM).

La Justicia es una competencia estatal transferidas a las comunidades autónomas, en su mayoría. Madrid, que tiene la responsabilidad de aportar los recursos humanos y materiales, es la tercera Comunidad con mayor número de entrada de asuntos (por detrás de Andalucía y Catalunya).

La asociación recuerda que en Madrid son necesarios 87 nuevos juzgados unipersonales para hacer frente a la demanda de asuntos que presentan los ciudadanos, según la última memoria del TSJM.

Juzgados congelados: no hay presupuesto

Frente a estas cifras, el Real Decreto 902/2017 sólo creó 10 nuevos juzgados en Madrid y dos nuevas plazas en la Audiencia Provincial. Sin embargo, la Orden Ministerial de 22 de diciembre de 2017, establece la puesta en funcionamiento de 6 de los nuevos juzgados "ha quedado condenada, sin previsión de fecha", denuncia la asociación progresista.

Además del escaso número de nuevos juzgados creados, la asociación denuncia que "no hay fecha de entrada en funcionamiento por falta de presupuesto de los juzgados números 102 y 103 de Primera Instancia de Madrid, Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Alcobendas, Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Móstoles, Juzgados números 13 y 14 de lo Mercantil".

Juezas y jueces para la Democracia concluye clamando por la depuración de responsabilidades del fracasado proyecto de construcción del Campus de la Justicia "que embarga el futuro de la Justicia en nuestra Comunidad" y pide la "adecuada dotación presupuestaria para la inminente entrada en funcionamiento de los Juzgados creados en el 2017, absolutamente necesarios para mejorar la respuesta judicial a los problemas de los madrileños y madrileñas".

Tres consejeros de Justicia imputados

El Campus o Ciudad de la Justicia fue el proyecto estrella del PP al frente del a Comunidad de Madrid. Impulsado inicialmente por el Gobierno de Esperanza Aguirre, sólo en la ceremonia de la colocación de la primera piedra se gastaron 1,4 millones de euros. Una de las empresas implicadas formaba parte de la trama Gürtel.

La sociedad Campus de la Justicia S.A fue creada para la construcción del complejo que albergaría los distintos órganos judiciales, no en vano Madrid es la autonomía con más juzgados de España. A diferencia de otras comunidades autónomas, Madrid no ha construido ninguna Ciudad de la Justicia de tal manera que los juzgados se encuentran dispersos en edificios alquilados y en mal estado por falta de mantenimiento.

Se da la circunstancia que los tres últimos consejeros de Presidencia y Justicia de Madrid están imputados en distintos procedimientos judiciales relacionados con casos de corrupción política: Francisco Granados (Púnica), Ignacio González (Lezo) y Salvador Victoria (Púnica).