El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha iniciado una investigación a varias inmobiliarias por imponer comisiones a los inquilinos por la gestión de alquileres y por hacerles firmar contratos temporales sin justificación legal para esa temporalidad.

La Dirección General de Consumo ha formalizado la apertura de esta investigación tras recibir numerosas denuncias de asociaciones de consumidores que alertaban sobre estas prácticas en el sector inmobiliario.

De acuerdo con los hallazgos preliminares de Consumo, estas compañías, que operan en todo el territorio español, habrían cometido diversas prácticas abusivas en la gestión del alquiler. Entre estas irregularidades, además de las mencionadas comisiones, se incluyen la imposición de cláusulas que afectan negativamente a los derechos de los inquilinos.

La cartera de Pablo Bustinduy ha subrayado que, según la ley de derecho a la vivienda aprobada el año pasado, está "expresamente prohibido" que los inquilinos asuman los gastos de gestión inmobiliaria y la formalización del contrato. Igualmente, la firma de contratos temporales debe estar debidamente justificada para ser válida.

Además, el ministerio ha recordado a las empresas involucradas que la vivienda es un derecho fundamental protegido por la ley de arrendamientos urbanos, que regula las relaciones entre propietarios e inquilinos. La norma impide la inclusión de cláusulas que perjudiquen los derechos de estos últimos.

Este tipo de infracciones podrían ser calificadas como abusos según la ley de defensa de los consumidores, lo que podría conllevar sanciones considerables. Entre las posibles sanciones se encuentran multas de hasta 100.000 euros por prácticas comerciales desleales o la imposición injustificada de condiciones.

En casos más graves, las sanciones podrían superar estas cifras y alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido por la empresa a través de esas prácticas.

Asimismo, si se detecta la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos, las multas podrían llegar hasta un millón de euros, e incluso aumentar hasta seis u ocho veces el beneficio ilícito generado, dependiendo de la gravedad de la infracción.