Las constructoras de Gamonal hacen caja: 286 millones del sobrecoste de un hospital público de Burgos

Los tentáculos del empresario Antonio Méndez Pozo y los de las constructoras que junto a la suya recibieron la adjudicación para la remodelación del barrio burgalés de Gamonal se extienden incluso a la sanidad pública castellano leonesa. Y las mencionadas entidades son, además, algunas de las que ingresarán llamativos y cuantiosos sobrecostes de las obras que sufraga la administración regional.

Así sucederá en el caso de la construcción y la gestión del Hospital Universitario de Burgos, inaugurado en 2012 y cuyas obras se licitaron en 2006 por un precio que seis años después ya se había doblado y alcanzaba los 529 millones de euros. El sobrecoste había sido ya denunciado desde principios de semana por los grupos de la oposición de Castilla y León —PSOE e IU— en distintos medios, si bien ahora los documentos oficiales que figuran en el registro mercantil, a los que Público ha tenido acceso, corroboran esa versión. 

La concesionaria de la obra resultó ser la entidad Nuevo Hospital de Burgos S.A. —cuyo nombre comercial es Eficanza—, una sociedad compuesta por diferentes compañías bancarias y empresas constructoras. El mayor accionista de la misma —junto a OHL—, con un 20,75% de la participación, es Urbanizaciones Burgalesas, una sociedad limitada de la que son propietarias la entidad Río Vena de Méndez Pozo, así como Arranz Acinas. Ambas fueron las adjudicatarias del proyecto y de la construcción del bulevar del barrio de Gamonal que fue paralizado por la presión ciudadana hace apenas dos semanas.

Una inversión inicial de 242 millones

El 28 de julio de 2005 el Consejo de Gobierno de Castilla y León autorizó la concesión de obra pública para la construcción del hospital con una inversión inicial estimada de 242 millones de euros. Así figura en el contrato firmado entre la Junta y la empresa adjudicataria el 28 de abril de 2006 (ver PDF), al que ha tenido acceso este diario, que estima además que durante los 30 años de concesión —hasta 2036— el gasto ascendería a 1.010 millones.

En cambio, el precio real se incrementó considerablemente en los siguientes seis años. Según el informe de las cuentas que Eficanza había depositado en el registro mercantil en 2012 (ver PDF) y que fue realizado por la auditora Deloitte, se produjeron dos grandes modificados. Uno se refiere a la reclamación de obra por importe de 133,6 millones que fue firmado el 27 de diciembre de 2010, y otro, relativo a la reclamación de equipamiento por importe de 152,5, que fue suscrito el 23 de noviembre de 2012. En total, 286,1 millones más de los previstos, sin incluir el IVA. 

"Una hipoteca que ha firmado el PP"

Este incremento ya se ha reflejado en las cuentas de la comunidad de los dos últimos ejercicios, según denuncian desde la oposición. Así, el gasto estimado en el contrato antes mencionado —que ascendía a 1.010 millones en 30 años— el canon anual que la comunidad debía pagar a la concesionaria cada año ascendería a 33,6 millones anuales. Pero tanto en los presupuestos de 2013 como en los de este 2014 esa cuantía se duplicó. Para el año pasado Castilla y León presupuestó 71 millones y para éste, 69.

Este sobrecoste ya ha motivado una denuncia de un particular, de la que el pasado lunes informó la Cadena Ser, y que ha hecho que tanto el Ministerio de Economía como la Comisión Europea hayan abierto sendas investigaciones para conocer esas supuestas irregularidades en la financiación del nuevo centro hospitalario.

Esta mañana, el secretario general del PSOE de Burgos, Luis Tudanca, y la procuradora socialista en las Cortes regionales María Fernanda Blanco, denunciaban en rueda de prensa que con los nuevos datos reflejados en las cuentas de la empresa concesionaria lo va a costar el hospital de Burgos cuando acabe el contrato 30 años "será de más de 2.000 millones". "El hospital de Burgos es una hipoteca que ha firmado en nuestro nombre el PP de Castilla y León y que pagaremos nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos", denunciaba el líder de los socialistas burgaleses, que anunció que su partido llevará el asunto ante el Tribunal de Cuentas.