El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucional que presentó el PP contra la reforma penal que derogó la sedición y modificó la malversación y el recurso de los de Vox contra diversos artículos de la conocida como la ley trans, según ha informado este martes el órgano de garantías.

El Pleno admite, de este modo, valorar los argumentos apuntados por el Partido Popular en su recurso, donde alegaron que la ley por la que se derogó la sedición y se modificó la malversación podría ser inconstitucional por defectos en su procedimiento de aprobación y en la redacción de varios de sus artículos.

Asimismo, los magistrados abordarán el recurso de los de Santiago Abascal, que acudieron al Constitucional al considerar que la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI es "aberrante" y "desprotege" a la mujer.

La deriva judicial emprendida por la derecha y la ultraderecha no deja de ser una extensión más de una misma estrategia consistente en utilizar todo el arsenal posible –incluyendo bulos y ataques personales– contra el Ministerio de Igualdad y muy especialmente contra Irene Montero, una de las dianas más constantes de estas formaciones.

Así, desde Vox insistieron en su día, entre otras cuestiones, en que la ley trans es "la ley que más daño hace a las mujeres" porque "elimina" su "identidad" y permite, a su juicio, que "hombres que supuestamente se sienten mujeres" entren en "espacios privados para las mujeres" como "vestuarios, baños, duchas o prisiones".

Al margen, el Pleno además ha admitido a trámite los recursos de inconstitucionalidad promovidos por la Asamblea de Madrid y por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia contra uno de los artículos de la ley del impuesto a grandes fortunas.

Desde la corte de garantías han recordado que ya son cinco los recursos de inconstitucionalidad admitidos a trámite contra dicho impuesto. Además de estos dos, están tramitándose los recursos presentados por los gobiernos autonómicos de Andalucía, Comunidad de Madrid (Consejo de Gobierno) y Galicia.