El Consejo de Ministros aprobará este martes un decreto que permitirá a las comunidades autónomas recurrir en casación al Supremo las restricciones por la covid-19 que sean tumbadas por los tribunales superiores de justicia tras el estado de alarma. Según avanza El País, así el Supremo unificará la doctrina y en breve habrá jurisprudencia para todas las autonomías que señalará si pueden o no aplicar ciertas medidas.

Así, serán los tribunales los que vayan marcando el camino a partir de ahora. Mientras que el Gobierno sigue pensando que el toque de queda solo se puede mantener bajo el estado de alarma, algunas comunidades, como el País Valencià, quieren prorrogarlo. Así, tendrán que solicitar permiso, en primer lugar, al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, y si este tumbase la propuesta, la región podría recurrirla al Supremo. Por otro lado, el Ejecutivo cree que este decreto sí permitirá que las comunidades mantengan medidas como el cierre perimetral.

Por otro lado, el Consejo de Ministros también prevé aprobar este martes un decreto por el que extenderá algunas medidas de carácter social más allá del estado de alarma, entre ellas la moratoria del alquiler y la suspensión de los desahucios para colectivos vulnerables. En el apartado de medidas sociales, el Consejo ampliará tres meses más las políticas de moratoria de alquiler y suspensión de desahucios de colectivos vulnerables.

La suspensión estaba vigente hasta el 9 de mayo, jornada en la que acabará el estado de alarma, y, con su decisión, el Gobierno la amplía hasta el 9 de agosto. Fue el propio presidente del Gobierno quien en su comparecencia del pasado 14 de abril ante el pleno del Congreso para informar de la evolución del estado de alarma anunció esa ampliación de tres meses que se va a hacer efectiva ahora.

En concreto, según explicó en esa comparecencia, se ampliará la posibilidad de solicitar moratoria o condonación parcial de la renta de alquiler de vivienda cuando el arrendador sea un gran tenedor o una entidad pública, así como los contratos que puedan acogerse a la prórroga extraordinaria de seis meses en los mismos términos que se venía haciendo.

También se ampliará tres meses la suspensión de desahucios y lanzamientos de arrendatarios vulnerables sin alternativa habitacional, incluidos aspectos de hogares afectados por lanzamiento de su vivienda habitual que no se deriven de contratos de arrendamientos en casos de dependientes, menores o víctimas de violencia contra la mujer previa valoración del juez.