El Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa lamenta la falta de avances de España sobre su recomendación de desligar del poder político la elección de altos cargos judiciales y muestra una "grave preocupación" por el bloqueo en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Este mensaje queda reflejado en una adenda a su segundo informe publicado este lunes sobre el cumplimiento por parte de España de las recomendaciones establecidas por el Greco en su cuarta ronda de evaluación, que estudió en 2013 cómo los Estados miembros previenen la corrupción de parlamentarios, jueces y fiscales.

Aunque la institución viene reconociendo avances de España en estas materias, especialmente desde 2019 (antes apenas había detectado mejoras respecto a su evaluación inicial "globalmente insatisfactoria"), ahora lamenta de nuevo la falta de progresos de España, especialmente en el apartado judicial.

"Los cuatro años de punto muerto en la designación del CGPJ es un tema de grave preocupación que tiene que abordarse como asunto prioritario", destaca. "Es una situación altamente insatisfactoria", insiste el órgano del Consejo de Europa, que "urge a las autoridades a tomar acciones decididas".

En concreto, el Greco relaciona este problema con el reiterado incumplimiento español de su recomendación número cinco del total de 11 puntos de trabajo que se habían desprendido de sus análisis de 2013. Allí se pide evaluar las normas que rigen el CGPJ y sus "efectos en la independencia real y percibida" del órgano de gobierno de los jueces.

Para el Greco, es necesario que España implemente un sistema de elección basado en el criterio de los pares, en lugar de dejar esta potestad en manos de los poderes políticos.

El bloqueo actual de la renovación del CGPJ tiene, además, repercusiones negativas en otras recomendaciones del Greco pendientes, como la mejora de los criterios para nominar a altos cargos judiciales (en los de tribunales provinciales, nacionales y el Supremo), que garanticen la "imparcialidad, independencia y transparencia".

Para el Greco, el CGPJ en funciones "no puede hacer nombramientos para los altos puestos judiciales. Esto es una situación muy preocupante". En su evaluación, sí reconoce avances o progresos parciales en las otras dos áreas estudiadas: la independencia de los parlamentarios y de los fiscales.

En cuanto a los legisladores, el Greco pide ampliar la normativa que regula los contactos con grupos de presión y otros actores susceptibles de influenciar en las leyes. Hace notar, por ejemplo, que se han introducido mecanismos de transparencia que en la práctica no se cumplen.

Respecto a las fiscalías, el informe saluda mejoras como la adopción de un nuevo Reglamento del Ministerio Fiscal (de mayo de 2022), pero pide, entre otras cosas, reformas más amplias del estatuto de Fiscal General, para darle mayor autonomía e independencia.

Para elaborar este informe, el Greco había designado como relatores a la asesora legal Ásthildur Valtýsdóttir, de la delegación de Islandia en el organismo, y a la jueza Emma Rizzato, del equipo italiano.