El Consejo de Cuentas de Castilla y León ha entregado en las Cortes el informe sobre análisis económico y financiero del impacto de la covid-19 en el sector público administrativo de la Comunidad y no es nada amable con la gestión del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco.

La auditoría operativa de gestión presentada se ha centrado en el ejercicio 2020 para examinar de qué manera se han visto afectadas las políticas de gasto por la aparición de la pandemia, así como los recursos destinados a combatirla.

Como crítica más importante, el Consejo señala cómo a la hora de ejecutar los programas de gasto, la Junta haya permitido que varios tengan remanentes de crédito, es decir, se queden millones de euros sin ejecutar. Inexplicablemente, los subprogramas con mayores remanentes de crédito han sido: Atención especializada, con 133 millones de euros; Atención a personas mayores, con 33 millones; Servicios complementarios a la enseñanza, 19 millones; y Competitividad (gestionado por el Instituto para la Competitividad Empresarial de la Junta), 15 millones.

El informe recomienda a la Junta ser "coherente"

Tras el análisis de los programas, el Consejo apunta con contundencia que el gobierno regional "debería ejecutarlos siendo coherente con las modificaciones presupuestarias que aprueba, evitando la existencia de remanentes de crédito a final del ejercicio, especialmente en aquellos en los que su peso relativo es mayor y se encuentran afectados por la pandemia".

En cuanto al análisis de los gastos, el Consejo de Cuentas asegura que "ante la ausencia de identificación de las fuentes de financiación y su afección al gasto ocasionado por la pandemia, se constata que el sistema establecido por la administración autonómica ha tenido una capacidad limitada para identificar los gastos covid". Por esta razón, en 2020 el importe total de las obligaciones certificadas por la Consejería de Economía y Hacienda correspondientes a la pandemia, ascendían a 453 millones y el importe de los documentos contables referidos al covid, según los datos de la Cuenta General, son superiores por un importe estimado de 136 millones, hasta los 589.

Tras el pormenorizado estudio, el Consejo de Cuentas hace varias recomendaciones a la Junta: Desde el punto de vista de liquidación del presupuesto, apunta que el Gobierno regional "debería llevar a cabo actuaciones para que el margen de funcionamiento alcance niveles positivos de manera sostenible, constituyendo una base sólida para el ahorro bruto".

En relación con la solvencia, aconseja "vigilar el indicador de endeudamiento general y los índices de inmovilización y firmeza, con el fin de garantizar mayor independencia frente a terceros, así como una mayor estabilidad patrimonial".

Actuaciones para "corregir el desequilibrio financiero"

Por otro lado, apunta que se deberían "realizar actuaciones para corregir el desequilibrio financiero a corto plazo existente, que genera una necesidad estructural de financiación para atender las obligaciones, con tensiones de liquidez". Y, además, "debería corregir la tendencia inadecuada del indicador de liquidez inmediata".

Teniendo en cuenta que los gastos ocasionados por la pandemia son coyunturales y en buena medida no han de convertirse en gasto estructural, el Consejo avisa que se debería "establecer un sistema específico en las partidas presupuestarias o fuentes de financiación para identificar los gastos e ingresos derivados de las medidas aplicadas como consecuencia de la covid-19 en el ejercicio 2020, más allá de los textos de los documentos contables".

Tras conocerse los datos señalados por el Consejo de Cuentas de Castilla y León, Luis Tudanca, portavoz del PSOE regional, ha lanzado un mensaje a través de su Twitter personal en el que denuncia cómo la comunidad sigue "Sin unidades de radioterapia en varias provincias, con listas de espera disparadas, con los consultorios cerrados, con hospitales y centros de salud pendientes desde hace años" gracias a "los ‘buenos’ gestores de la Sanidad".

El Consejo de Cuentas de Castilla y León es una institución con sede en Palencia, a la que corresponde la fiscalización externa –es, por tanto, equivalente a la del Tribunal de Cuentas-, de la gestión económica, financiera y contable del sector público de la Comunidad y otros entes públicos de la comunidad castellana y leonesa.