En 2014 Público reveló que José Antonio Monago, cuando era senador, viajaba a Canarias a cargo de las Cortes Generales para visitar a su pareja. Realizó más de 30 viajes a las islas en poco más de año y medio. Las escapadas se realizaron entre 2009 y 2010 y en vuelos en clase business.

Tras la noticia de Público, una asociación se querelló contra el político del Partido Popular por un posible delito de malversación de caudales públicos. El Tribunal Supremo archivó la causa al entender que los viajes no podían suponer un delito. Los parlamentarios pueden viajar a costa de las Cortes —ya sea el Congreso o el Senado— a lo largo de la geografía española sin apenas justificar los motivos. Esto es lo que sucedió en el caso de Monago y sigue pasando casi una década después.

Los parlamentarios viajan a cargo de las Cortes a su residencia habitual sin presentar ninguna justificación

Diputados y senadores viajan a cargo de las Cámaras a la circunscripción por la que han sido elegidos o a su residencia habitual sin presentar ninguna justificación. En el caso del resto de provincias es suficiente con que tengan el visto bueno de su grupo parlamentario. El grupo del PP en el Senado cuando se desvelaron los viajes de Monago a Canarias aseguró que el senador viajaba a las islas porque como miembro de la dirección del grupo parlamentario tenía asignadas "labores de apoyo" en Extremadura —su comunidad autónoma, por la que había sido designado senador—, pero también en Andalucía y Canarias.

Con esa justificación de su grupo, el asunto estaba resuelto. El Supremo inadmitió la querella porque al tener el visto bueno del grupo parlamentario se estaba cumpliendo con las reglas de Congreso y Senado y, por tanto, no había delito posible. Monago siguió como si nada y en la actualidad vuelve a ser senador. 

Pero el Alto Tribunal señaló algo más en aquella resolución: pidió que se modificara la regulación de los viajes de los parlamentarios para evitar la confusión entre viajes oficiales y privados y mejorar la confianza de los ciudadanos en el funcionamiento del sistema. El Supremo aseguraba en su auto que hacía falta una regulación más precisa para "evitar cualquier duda en el ámbito de la opinión pública acerca del empleo correcto de los fondos públicos en los viajes realizados por los parlamentarios".

Ocho años después de que el Supremo pidiera una mejor regulación sobre los viajes de los parlamentarios nada ha cambiado

Ocho años después de aquella resolución judicial nada ha cambiado y esa mejora normativa por ahora no ha llegado. Las reglas para los viajes de los diputados y senadores siguen siendo casi idénticas a las que operaban cuando se produjeron las escapadas de Monago a Canarias. De hecho, el Congreso gasta más que nunca en viajes de los diputados, pero se niega a actuar de forma transparente y revelar qué diputados son los que realizan un mayor coste y a qué lugares se desplazan.

Público ha intentado saber cómo utilizan los diputados el dinero para viajes que les paga el Congreso, pero la Cámara Baja se niega a facilitar la información. Este medio realizó una solicitud de información al amparo de la ley de transparencia para conocer todos los viajes que hicieron sus señorías en la pasada legislatura —que acabó en el mes de agosto—. El Congreso ha denegado la petición y para ello se escuda en que debe prevalecer la protección de los datos personales y de la intimidad de los diputados, omitiendo que se trata de servidores públicos que han sido elegidos por los ciudadanos y cuyos gastos se sufragan con el dinero de todos.

Los "datos personales" y la "intimidad"

La solicitud de Público pedía que se indicara para cada viaje qué diputado lo había realizado, el motivo del mismo, las fechas, el origen, el destino y el coste abonado por el Congreso. La Cámara Baja se ha negado a entregar la información porque "suministrarla individualizada supondría facilitar datos de carácter personal" y porque "debe prevalecer la garantía de la intimidad [de los diputados] sobre el interés público".

El Congreso estipula que "es el propio diputado quien debe utilizar de manera responsable" la posibilidad de viajar

El Congreso asegura, además, que "conocer la identidad de los diputados no es un dato necesario a efectos del control del gasto público de la Cámara". La normativa del Congreso estipula que "es el propio diputado quien debe utilizar de manera responsable los medios que la Cámara pone a su disposición". Pero la Cámara Baja impide que los ciudadanos fiscalicen si los diputados realmente están actuando de esta forma o no.

Una excusa recurrente

Los datos personales y la intimidad de los diputados son la excusa recurrente que utiliza el Congreso para no entregar información sobre sus señorías. La Cámara Baja aporta información de forma global sin detallar datos individuales de cada diputado. Sucede siempre igual independientemente de lo que se solicite. Qué diputados han renunciado a las dietas, quiénes reciben el bono taxi, quiénes no cobran su sueldo del Congreso… La Cámara Baja resuelve esas peticiones indicando lo que se ha solicitado, pero informando, como mucho, del total de diputados de cada grupo parlamentario que reciben o han renunciado a ese beneficio, sin detallar caso a caso.

Para utilizar la excusa de los datos personales de los diputados, el Congreso recurre a la ley de transparencia, pero omite en sus resoluciones que esta norma no indica que cualquier dato personal tenga que ser ocultado. La Cámara Baja cuando tiene que ponderar el conflicto entre el interés público de la información y la protección de los datos personales de los diputados siempre hace prevalecer este último derecho por encima del de los ciudadanos a fiscalizar la actividad de los cargos públicos y cómo se gasta el dinero de todos.

A pesar de que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) en casos similares sobre los altos cargos del Gobierno ha resuelto que debía prevalecer el interés público y se debía entregar la información solicitada. Especialmente debido a "la responsabilidad que conlleva y la relevancia de las funciones que desempeña" un cargo de esa posición. Pero el Congreso tiene una baza a su favor. A diferencia de lo que sucede con las resoluciones del Gobierno a las solicitudes de información de los ciudadanos, las resoluciones del Parlamento no pueden ser reclamadas ante el CTBG.

5,70 millones de euros al año

Lo único que hace público el Congreso es el total de dinero que gasta en viajes y desplazamientos para todos los diputados. Esta información se publica de forma trimestral. El promedio de gasto de la Cámara Baja es de 3,88 millones de euros al año teniendo en cuenta únicamente los viajes en territorio nacional. En estos desplazamientos el Congreso compra de forma directa a los diputados los billetes de avión, tren o cualquier otro medio de desplazamiento que soliciten antes de realizar el viaje. Para la gasolina, en cambio, se realiza un reembolso a posteriori.

En esos datos trimestre a trimestre, eso sí, no se contabilizan las dietas que reciben los diputados en el caso de los viajes oficiales en territorio nacional, que son de 120 euros al día. Sí se contabilizan, no obstante, las dietas en el caso de los viajes al extranjero, que ascienden a 150 euros diarios. Al sumar los viajes internacionales, el gasto anual del Congreso asciende a un promedio de 5,70 millones de euros.

Los desplazamientos internacionales solo están cubiertos por el Congreso cuando son viajes oficiales. Este tipo de trayectos —tanto nacionales como internacionales— son los que realizan delegaciones de diputados en representación de todo el Congreso. Los gastos de los que son al extranjero corren a cargo de la Dirección de Relaciones Internacionales de la Secretaría General del Congreso de los Diputados y se contabilizan de forma separada al resto. Entre estos viajes por actividad internacional el Congreso también recoge la organización de actos y desplazamientos en territorio nacional cuando el objetivo es la relación con organismos extranjeros.

Las cifras más elevadas por viajes internacionales se dieron en 2021 y 2022. El primer año el aumento se debió a los 3,79 millones de euros que el Congreso gastó en la Asamblea General de la Unión Interparlamentaria que las propias Cortes organizaron en noviembre en Madrid. En 2022 el mayor desembolso fue uno de 800.000 euros por la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, celebrada también en Madrid. El coste de los viajes oficiales incluye no solo el gasto de los diputados o la organización de estos actos, sino también el del personal del Congreso que en ocasiones acompaña a las delegaciones.

A pesar de que en 2015 el Supremo pidió un cambio en la regulación, el Congreso no ha modificado la normativa

Todos estos datos los comenzó a publicar el Congreso a partir del año 2015. La resolución que así lo establece la firmó la Presidencia del Congreso, ocupada por aquel entonces por el popular Jesús Posada, el 18 de noviembre de 2014, solo unos días después que estallara el caso de Monago. La publicación buscaba mejorar la transparencia sobre estos viajes, pero los datos no permiten en absoluto comprobar los casos individuales de los diputados. Ni Posada ni ningún presidente posterior ha vuelto a modificar la normativa para ampliar la transparencia sobre estos desplazamientos o cambiar cómo se regulan, haciendo caso omiso de los cambios que pidió el Tribunal Supremo ya en 2015.

El Congreso cubre viajes para actos de partido

En cuanto a los viajes no oficiales, estos acostumbran a ser desplazamientos individuales de los propios diputados. La mayor parte del gasto se destina para moverse entre Madrid y sus propias circunscripciones o lugares de residencia. En estos casos el diputado no necesita la autorización del Congreso para realizar los viajes. Eso sí, a posteriori los grupos parlamentarios deben realizar "un informe de la actividad de los diputados que ha originado la necesidad de dichos desplazamientos", tal y como establece la normativa.

Algunos grupos parlamentarios han explicado a Público que estos informes después se remiten al Congreso, pero este tampoco los publica. El Congreso, ante las preguntas de este medio, no ha sabido aclarar cómo es exactamente este procedimiento. El único partido que publica los informes por su propia cuenta es el PSOE, que los recoge en su portal de transparencia. Los documentos publicados por los socialistas demuestran que hay diputados que pasan al Congreso viajes que realizan para acudir a actos políticos exclusivos de su partido.

Así, por poner un ejemplo, la Cámara Baja en marzo de este año pagó a la exdiputada socialista Ariagona González los billetes de avión para ir y volver de Tenerife, donde el PSOE canario realizaba un comité extraordinario para confeccionar las listas para las elecciones autonómicas y municipales del pasado 28 de mayo. González era diputada electa por Las Palmas, la otra provincia canaria. Lo mismo hizo entre enero y febrero la diputada del PSC Sonia Guerra para acudir a un acto del PSOE de Valladolid.

La normativa del Congreso no deja claro qué viajes dentro de España los diputados no pueden pagar con dinero público

La normativa del Congreso permite que los diputados cubran con el dinero público de la Cámara Baja sus desplazamientos a actos de partido, ya que cualquier tipo de desplazamiento a otras circunscripciones queda cubierto si es "para realizar actividades de naturaleza política, sectorial o de representación institucional". Así, los actos de partido están amparados en esas "actividades de naturaleza política". De hecho, dentro del territorio nacional queda muy poco claro qué tipo de viajes no se pueden cargar al Congreso.

También hay parlamentarios, como Rafaela Romero o José Zaragoza, que acostumbran a pasar el gasto de los desplazamientos a sus segundas residencias. Otro caso es el del diputado Julio del Valle, que entre marzo y abril de 2023 cargó al Congreso un viaje en tren a Barcelona para acudir a un festival de cine. Estas situaciones entre los diputados socialistas al menos se pueden conocer, ya que el partido publica estos informes. Pero el Congreso ha negado la misma información sobre los diputados de los otros grupos parlamentarios.

Descuentos de Renfe e Iberia

El Congreso para el pago de estos viajes tiene convenios con diferentes empresas. Desde 2021 dispone de uno con Viajes El Corte Inglés para la compra de billetes de avión para los diputados. Con el mismo objetivo las Cortes Generales tienen otro con Iberia. La compañía aérea realiza distintos descuentos por sus billetes al Congreso y al Senado, tanto para clase turista como business.

Renfe, que tiene un convenio con la Cámara Baja desde 1990, realiza una rebaja del 10% en los billetes que el Congreso compra a los diputados. Por último, también hay un convenio con AENA para el uso de los parkings de los aeropuertos. El descuento en este caso es de un 20%. El Congreso también cubre a los parlamentarios los gastos que les pueda ocasionar aparcar en los aeropuertos y estaciones de tren del territorio nacional.

A pesar de todos los convenios con las propias empresas y de los descuentos que recibe, los datos del Congreso reflejan que desembolsa cerca de un millón de euros al año únicamente por gastos de gestión, cambios y anulaciones en los billetes para los viajes de los diputados. La Cámara Baja explica a Público que estos gastos se dan para adaptar los viajes a la agenda de los diputados que en muchas ocasiones varían por la actividad parlamentaria, como "los retrasos o las sesiones que acaban tarde de forma imprevista".