La comisión del Congreso de los Diputados que estudiará la adquisición de material sanitario durante la emergencia de la covid investigará los contratos de la Xunta por valor de 59,33 millones de euros que, tal y como ha ido publicando este diario, fueron adjudicados a empresas vinculadas al entorno de Alberto Núñez Feijóo cuando presidía el Gobierno gallego.

El PSOE ha reclamado a la mesa de la comisión los expedientes de todos los contratos adjudicados entre 2008 y 2023 al Grupo Eulen, cuya responsable para el noroeste de España es la hermana del presidente del PP, Micaela Núñez; y a Universal Support, Sum Talk Iniciativas y Nervo Group Investment, propiedad de la multinacional Konecta, cuyo director comercial es Ignacio Cárdenas, hermano de Eva Cárdenas, pareja de Feijóo.

El Grupo Socialista reclama también toda la documentación de las adjudicaciones de la Comunidad Autónoma de Madrid a la firma Sibucu 360, una consultora de ingeniería detrás de la que se encontraba el empresario compostelano José Ramón García González, que recibió ayudas de la Xunta, conocido por Feijóo y a quien acompañó en viajes y actos públicos.

Además, los socialistas reclaman la informtación relativa a todas las subvenciones públicas que puedan haber recibido esas empresas, así como todas las comunicaciones entre las empresas, trabajadores o personas relacionadas con ellas con representantes, funcionarios y empleados de la Xunta y la Comunidad de Madrid y las sociedades públicas, organismos y entidades dependientes de ellas.

Ignacio Cárdenas, Konecta y Universal Support

La empresa Universal Support, dedicada al telemárketing y propiedad de la multinacional Konecta, cuyo director comercial es el cuñado de Feijóo, Ignacio Cárdenas, recibió entre 2020 y 2023 más de 19,2 millones de euros en adjudicaciones de la Xunta. De ellos, más de 15 millones se asignaron directamente sin concurso mediante el procedimiento de emergencia activado durante la epidemia para agilizar la lucha contra el covid.

Ese dinero estaba destinado a poner en marcha el teléfono de atención ciudadana sobre la enfermedad; al rastreo de casos y contactos entre personas afectadas, y a la información telefónica a los pacientes sobre citas y certificados de vacunación.

Según el Consello de Contas de Galicia, Universal Support fue en 2021 la empresa más beneficiada por los fondos de contigencia distribuidos por el Estado entre las comunidades autónomas para hacer frente a los gastos sanitarios derivados de la epidemia. Este diario ha podido confirmar que el Sergas elevó todos esos contratos al Consello de la Xunta presidido por Feijóo.

Ese mismo año, en 2021, la sociedad en la que trabaja Cárdenas obtuvo otra adjudicación de cuatro millones de euros del Servizo Galego de Saúde (Sergas) destinados a cubrir esos mismos servicios de call center. Fue la única licitación que ganó por concurso público, a pesar de que presentó la oferta más cara de las que analizó la mesa de contratación.

Entre la documentación que presentó la empresa figura la plantilla de 78 personas que destinó a ese contrato, la mayoría trabajadores y trabajadoras temporales con un sueldo medio de 14.800 euros cuya cuantía anual total no superaba los 1,2 millones de euros.

El PSOE también ha reclamado los contratos de la Xunta con Sum Talk Iniciativas, dedicada a la asesoría para ventas y otros servicios de gestión, de la que Cárdenas fue director ejecutivo; y de Nervo Group, también propiedad de Konecta y destinada a la provisión de servicios digitales para el sector asegurador.

Micaela Núñez Feijóo y el Grupo Eulen

A partir de 2009, cuando Feijóo llegó a la presidencia de la Xunta, la Administración gallega triplicó el volumen anual de adjudicaciones a las filiales del Grupo Eulen, especializado en seguridad, limpieza y prestación de servicios a otras empresas. La directora de Eulen en Galicia era Micaela Núñez Feijóo, que fue ascendida a la dirección para el noroeste de España en 2015  justo después de que la compañía registrara su primer récord de adjudicaciones en Galicia.

Sólo entre 2009 y 2022, según una investigación llevada a cabo por Público, Eulen recibió 139 adjudicaciones por valor de más de 37 millones a través de concursos públicos en muchos de los cuales existen indicios de trato de favor y acceso a información privilegiada sobre las ofertas de las competidoras de la compañía dirigida por Micaela Núñez.

El 77% de ese dinero se pagó a Eulen y sus filiales -Eulen Centro Especial de Empleo, Eulen Seguridad y Eulen Servicios Sociosanitarios- a través de entidades descentralizadas de la administración paralela de la Xunta -agencias, consorcios, fundaciones, sociedades públicas, etcétera-, en las que el Consello de Contas de Galicia ha detectado numerosas irregularidades en las órmulas que emplean para contratar.

Posteriormente, el diario El Salto añadió a esas cantidades otros 4,83 millones de euros que las compañías adscritas a Eulen habrían recibido mediante otros 1.311 contratos menores asignados directamente sin concurso.

Según el mismo medio, la empresa Allwork Vestuario Laboral, en la que trabaja Francisco Antonio Otero Illodo, pareja de la secretaria general del PP de Galicia, Paula Prado, obtuvo otros 38 contratos menores para la compra de equipos de protección durante la pandemia por valor de 149.975,72 euros.

Antes de que Allwork contratara a Otero Illodo la víspera de que se declarase la emergencia sanitaria, la empresa sólo había obtenido una adjudicación de la Xunta de 138 euros. Esos contratos, sin embargo, no forman parte de los que los grupos de la comisión de investigación del Congreso han reclamado a la Administración gallega.

José Ramón García González y Sibucu 360

Público desveló en mayo de 2022 que los Gobiernos de Galicia y de la Comunidad Autónoma de Madrid habían comprado a Sibucu 360, una empresa de consultoría sin relación alguna con el sector sanitario, mascarillas, gorros y filtros anticovid por más de medio millón de euros, pese a que la Xunta había activado meses antes su mecanismo de alerta sanitaria tras detectar que el material que le había comprado tenía sellos de certificación falsificados .

En total, esas administraciones, a través del Sergas y de las consejerías de Familia, Juventud y Política Social y de Sanidad de la Comunidad de Madrid, adjudicaron durante la pandemia más de 5,3 millones de euros a Sibucu 360.

Era la empresa de José Ramón García González, que en 2017 había sido condenado a nueve meses de cárcel y multa de 615.372,75 euros por dos delitos continuados de fraude fiscal y falsedad documental.

Pese a que esa condena le inhabilitó expresamente para seguir contratando o recibiendo subvenciones públicas hasta mayo de 2019, la Consellería de Emprego de Feijóo otorgó a una de sus empresas dos subvenciones por 84.000 euros. Terminado el plazo de inhabilitación, el mismo departamento volvió a concederle 3.000 euros, y el Instituto Galego de Promoció Económica, otros 31.360 euros