La Comisión de Interior del Congreso ha aprobado este jueves, con el voto en contra del PP y la abstención de Ciudadanos, una proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a investigar a la Fundación Francisco Franco por alentar el incumplimiento de la conocida como Ley de Memoria Histórica.

La iniciativa, presentada por En Marea, la coalición gallega adscrita a Unidos Podemos, ha contado con el apoyo del PSOE, ERC, PNV, PDeCat y EH Bildu. El PP, que no ha entrado a discutir el fondo del asunto, ha votado en contra por considerar que esta cuestión se debería haber debatido en la Comisión de Educación, ya que es de este Ministerio del que depende el Protectorado de Fundaciones.

No obstante, ha sido la diputada conservadora Beatriz Escudero la que ha informado de que el Protectorado ya ha pedido información a la fundación sobre sus actividades y de que, cuando analice la documentación que le envíe, podrá decidir si abre una investigación al respecto.

Carta a 355 alcaldes

En Marea registró su texto tras conocer que la Fundación Franco ha ofrecido asistencia legal a 355 alcaldes para que no tengan que aplicar la norma, que obliga a retirar los símbolos franquistas de las calles y edificios públicos, en el convencimiento de que triunfará "el derecho sobre la barbarie, la historia sobre su borrado y la civilización sobre el odio iconoclasta".

En la misiva que envió a los alcaldes, según recoge En Marea en su iniciativa, la Fundación Francisco Franco incluye algunas razones por las que los alcaldes no deberían "ceder" ante quienes quieren "legitimar su pasado y deslegitimar todo lo demás: "la Transición, la Monarquía y la derecha que gobierna más o menos acobardada y sin referente ideológico".

Durante su intervención en la Comisión de Interior, el portavoz de En Marea, Antón Gómez-Reino, ha subrayado que la existencia de la Fundación Francisco Franco es una "auténtica anomalía democrática" porque su "objetivo último" es, precisamente, "combatir la democracia". Por eso ha exigido que se cumplan tanto la Ley de Memoria como la de Fundaciones que, ha recordado, establece que estas entidades deben perseguir el interés general y respetar los Derechos Humanos.

En concreto, el texto aprobado en el Congreso insta al Gobierno a dictar las instrucciones pertinentes para que el Protectorado abra una investigación sobre el funcionamiento de la Fundación Francisco Franco y que, en el caso de que hubiera indicios racionales de ilicitud penal sus actividades, dicte resolución motivada, dando traslado de toda la documentación al Ministerio Fiscal o al órgano jurisdiccional competente, tal y como establece la ley.

Cese de los patronos

Además, la Cámara emplaza al Ejecutivo a impugnar los actos y acuerdos del Patronato contrarios a los preceptos legales o estatutarios por los que se rige la fundación, a solicitar a la autoridad judicial que acuerde la intervención temporal de la misma y a ejercitar la correspondiente acción de responsabilidad de los patronos, instando su cese inmediato.

Durante sus intervenciones, la portavoz de EH Bildu, Marian Beitialarrangoitia y el del PNV Mikel Legarda, han coincidido en acusar al Gobierno de haber hecho "dejación de funciones" y de no haber sido "diligente" al permitir el normal funcionamiento de una entidad que ensalza a Franco y cuestiona la represión durante la dictadura.

El texto también ha contado con el respaldo del diputado del PDeCAT Sergi Miquel y de la presidenta de la Comisión de Justicia, diputada del PSOE y magistrada en excedencia Margarita Robles, quien ha denunciado que la Francisco Franco en esa misiva anima a "incumplir la ley" e incumple asimismo, los fines de "interés general" que han de perseguir estas entidades.

De su lado, la conservadora Beatriz Escudero ha declinado entrar en el fondo del asunto y ha votado en contra por considerar que este tema debería haberse debatido en la Comisión de Educación, ya que el Protectorado de Fundaciones depende del Departamento que dirige Íñigo Méndez de Vigo.

No obstante, ha sido la portavoz del PP la que ha anunciado que el Protectorado de Fundaciones, tras tener conocimiento de la carta enviada a los alcaldes, ha decidido pedir información a la Francisco Franco y que una vez que reciba la documentación y la estudie procederá a valorar las actuaciones que, en su caso, pueda poner en marcha, entre las que podría estar la apertura de un procedimiento contra la fundación.

Ciudadanos: No al "rencor" ni la "inquina"

Por su parte, el diputado de Ciudadanos Saúl Ramírez ha justificado su abstención con el argumento de que esta entidad está "legalmente constituida" y de que no ha apreciado ningún ilícito penal en la polémica misiva, aunque ha dejado claro que, como demócrata y nieto y biznieto de represaliados, no comparte sus objetivos y condena todos los "atentados" que tuvieron lugar bajo su régimen.

"Pero no me educaron en el rencor ni en la inquina", ha proseguido Ramírez para afianzar su abstención y antes de retar a En Marea a proponer directamente que se ilegalice esta fundación si es lo que realmente persiguen.