Ley mordazaEl Congreso debate si derogar la ley mordaza o reformarla

La polémica Ley de Seguridad Ciudadana regresa esta semana al Congreso para iniciar definitivamente su reforma, un "tremendo lío", admiten a Efe los grupos parlamentarios pues el punto de partida son dos iniciativas distintas. El PSOE quiere partir de la norma de 1992 y el PNV propone cambios en la actual.

Con poco más de dos años de vida, lo que sí está claro es que la bautizada coloquialmente como "ley mordaza" -entró en vigor en julio de 2015- verá su final a como fue concebida, tal y como por otro lado, prometió toda la oposición que materializó su intención de liquidarla en cuanto el PP dejó de tener mayoría parlamentaria.

Salvo el PP, todos coinciden en que ha llegado el momento de corregir los "excesos" de una ley "tremendamente injusta" que está recurrida ante el Tribunal Constitucional.

Por este motivo el común objetivo que se marcan los portavoces de Interior del PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, PNV y ERC al ser consultados por Efe es abrir un diálogo y sacar adelante una nueva norma en la que todos los partidos puedan llegar a acuerdos.

El PP defiende su texto y, aunque abierto a negociar retoques, tiene claro que la mayoría de los reproches se han lanzado "con trazo grueso" y sin leer en profundidad el articulado, por lo que vaticina que no será tan fácil cambiarlo de arriba a abajo una vez los diputados revisen uno a uno sus preceptos.

"La ley trata asuntos muy delicados para la seguridad en un momento en que ésta debe ser muy protegida porque estamos un nivel 4 reforzado de alerta antiterrorista. Hay que ver muy bien qué se cambia, cómo se cambia y si ese cambio consigue una norma más o menos garantista", sostiene Francisco Martínez, diputado del PP y exsecretario de Estado de Seguridad cuando se aprobó la ley.

"Busca corregir los desequilibrios"

Han pasado seis meses desde que el Congreso dio el primer paso para reformarla al tramitar las dos iniciativas. PSOE, ERC, Unidos Podemos y PNV han expresado sus quejas por el retraso en el debate de ambas motivado por un bloqueo "arbitrario y gratuito", según denuncian a Efe desde el grupo vasco.

A esta crítica añade también el PSOE "la vuelta atrás" que supone la presentación por parte de Bildu de una enmienda a la totalidad con texto alternativo que será debatida el jueves y que, a todas luces, no saldrá adelante. Solo ERC le dará su apoyo, en tanto que Unidos Podemos previsiblemente se abstendrá, tal y como han avanzado desde ambos grupos.

"Esta enmienda ha descuadrado los trabajos y ha ralentizado más aún el proceso después de que las dos propuestas ya fueran respaldadas por una amplia mayoría en el Congreso. Deberíamos estar sentados negociando un nuevo texto ya", critica el portavoz de Interior del PSOE, David Serrada, que insta a comenzar cuanto antes la reforma en comisión.

En ella se verán próximamente todos los grupos una vez que el presidente de la comisión de Interior, Rafael Merino (PP), les cite para reactivar definitivamente ese debate con el inicio de los trabajos de la ponencia que ya varios diputados auguran "muy complejos" y de "filibustería política".

Para empezar, casi "con total seguridad", explican a Efe fuentes parlamentarias, los letrados de la comisión dictamirán que se agrupen los trabajos en una única ponencia aunque de inicio, no descartan otras fuentes, se podrían convocar dos ponencias -una para cada iniciativa- antes de unificarlas.

Desde Unidos Podemos apuestan en un principio por trabajar sobre el texto socialista sin ignorar el del PNV para consensuar una norma "con más garantías para los ciudadanos" y que delimite muy bien, dice a Efe su diputado Eduardo Santos, tanto las facultades que se otorgan a los cuerpos policiales como el régimen sancionador.

Algunos de estos retoques están contemplados en el texto del grupo vasco que "busca corregir los desequilibrios" de la ley mordaza, una norma que, denuncian, "concibe la seguridad como un freno a los derechos y libertades públicas".

Entre los 44 apartados que el PNV quiere retocar están la eliminación como infracción grave del uso no autorizado de imágenes o datos de los agentes y la falta de respeto a una autoridad pública o funcionario, además de suprimir la posibilidad de hacer cacheos en la vía pública o la incorporación de tres disposiciones finales para revisar el procedimiento legal de las devoluciones en la frontera.

Sea como fuere, "con la base de uno u otro texto", resume a Efe Miguel Gutiérrez (Ciudadanos), "lo importante es que en esa única ponencia se consiga consensuar una nueva norma" que incluya, entre otros aspectos, un procedimiento "objetivo" sobre las llamadas devoluciones 'en caliente', uno de los apartados más polémicos de la actual ley, o una revisión completa de las infracciones.