El Congreso consolida la normalidad legislativa tras la escasa producción de leyes en las tres legislaturas anteriores

La actual legislatura, la XIV, alcanza este viernes el ecuador al cumplirse dos años desde que se constituyeran las Cortes tras la celebración de las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019. Pese a los pronósticos desfavorables sobre la duración de la misma, por la conformación de un Gobierno de coalición en minoría, y en medio de los incesantes vientos que apuntan hacia un posible adelanto electoral, la legislatura, de momento, aguanta.

Y lo hace recuperando el ritmo parlamentario casi frenético que recuerda a épocas pasadas, cuando el bipartidismo imperaba en el Parlamento y las mayorías absolutas estaban a la orden del día. Aunque esa realidad se fracturó tras las elecciones generales de diciembre de 2015, que dejaron un panorama en el que ningún partido político tenía los escaños necesarios para investir a un presidente del Gobierno por sí mismo.

La legislatura XI, constituida el 13 de enero de 2016, duró poco menos de cuatro meses (hasta el 3 de mayo de 2016) ante la imposibilidad de que Mariano Rajoy, el último candidato en obtener una mayoría absoluta en las elecciones del 20 de noviembre de 2011, fuera investido presidente con el apoyo de Ciudadanos.

Tras la repetición electoral del 26 junio de 2016, la XII legislatura comenzó el 19 de julio del mismo año y se prolongó hasta el 5 de marzo de 2019, aunque con una peculiaridad: Mariano Rajoy logró ser investido presidente en segunda votación gracias a la abstención de la mayoría de los diputados del PSOE, pero el aval del Congreso a la moción de censura presentada por los socialistas desplazó a Pedro Sánchez hasta la Moncloa en junio de 2018. Si bien, el secretario general del PSOE tuvo que convocar elecciones ante el rechazo de ERC a los Presupuestos.

En ese periodo de tiempo, las iniciativas legislativas aprobadas se redujeron considerablemente en comparación con años anteriores. Si en 2015 recibieron luz verde un total de 84 iniciativas (entre leyes orgánicas, leyes y decretos), en 2016 el número de normas aprobadas no superó la veintena, en 2017 se aprobaron solo 38 iniciativas, en 2018 salieron adelante 35 y en los primeros compases de 2019, hasta la disolución de las Cortes, fueron 18 las normas aprobadas. Si bien, la gran mayoría de ellas procedían de reales decretos.

Tras los comicios generales del 28 de abril de 2019, la XIII legislatura se inició el 21 de mayo de 2019, pero la negativa del candidato socialista, Pedro Sánchez, a incluir en su Ejecutivo a Unidas Podemos desembocó en una nueva repetición electoral y en la disolución de las Cortes el 24 de septiembre de 2019.

Una nueva oportunidad

Las elecciones del 10 de noviembre de 2019 no dejaron un escenario muy distinto al de los anteriores comicios en cuanto a las mayorías parlamentarias. Si bien, la legislatura XIV, que dio comienzo justo hace dos años, tomó color con la conformación del primer Gobierno de coalición de la historia de la democracia.

El Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos no cuenta con mayoría absoluta, ya que ambos partidos solo suman 155 diputados, pero desde el momento de la investidura de Pedro Sánchez, el denominado bloque progresista que dio su apoyo el 7 de enero al presidente del Gobierno ha avalado la totalidad de las iniciativas salientes hasta la fecha desde el Consejo de Ministros. Asimismo, con el paso de los meses, esta mayoría no solo se ha consolidado, sino que ha aumentado en 21 diputados, sumando un total de 188 escaños procedentes de hasta 11 fuerzas políticas diferentes.

Las relaciones no han sido fáciles, al contrario. Estos socios habituales del Gobierno (ERC, PNV, EH Bildu, PDeCAT, Más País-Equo, Compromís, Nueva Canarias, Teruel Existe y el PRC) han reclamado a Sánchez más diálogo, un consenso previo para las medidas que posteriormente tienen que llegar a la Cámara Baja, aunque muchas veces sin suerte, obligando a los partidos del Ejecutivo a llegar a acuerdos in extremis.

Con todo, en el primer año de legislatura, que coincidió en buena medida con un Congreso bajo mínimos por la irrupción de la pandemia, salieron adelante hasta 54 iniciativas legislativas, siendo 39 de ellas reales decretos tramitados posteriormente como proyectos de ley (en su mayoría versaban sobre medidas para hacer frente a la situación de emergencia sanitaria, como el escudo social).

También, se aprobó la nueva ley de Educación, se derogó el despido objetivo de un trabajador por acumular bajas médicas justificadas, así como la pena de cárcel para los piquetes, entre otras medidas.

La agenda legislativa retoma el ritmo

En el segundo año, toda vez superada la parte más dura de la pandemia, la actividad en el Congreso ha pisado el acelerador legislativo hasta consolidar la normalidad legislativa que da aliento a la legislatura. 15 leyes ordinarias, nueve orgánicas y 27 decretos que actualmente se tramitan como proyectos de ley son las cifras de las normas aprobadas en 2021 (a falta de que termine el mes de diciembre).

Esta lista no incluye los proyectos legislativos aprobados definitivamente este mismo jueves, como la ley de cadena alimentaria, la ley de seguridad vial y la ley para que los animales dejen de ser considerados cosas. Tampoco los decretos convalidados sobre el nuevo impuesto sobre la plusvalía, un crédito extraordinario a la Seguridad Social y un paquete ómnibus de trasposición de directivas europeas en materia de derechos de autor, la protección de los consumidores, o las sociedades de inversión.

Asimismo, el Gobierno y sus socios han dado luz verde y enviado al Senado el primer paquete de la reforma de las pensiones, que desmantela gran parte de la norma que introdujo Mariano Rajoy en 2012, así como la ley de interinos para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que reservará concursos y no oposiciones para puestos de trabajo en la Administración que hayan estado ocupados de forma temporal durante al menos cinco años.

También, han recibido el aval de las Cortes normas de gran calado social, como la regulación de la eutanasia, la ley de cambio climático y transición energética, la ley de infancia, de antifraude, de trabajo a distancia, o la ley rider (personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales).

Además, el Gobierno de Sánchez, el más minoritario de la historia de la democracia sin acuerdos parlamentarios pactados, puso fin el año pasado a las cuentas de Cristóbal Montoro, las más longevas de las últimas décadas, con la aprobación del proyecto presupuestario de 2021. Asimismo, la pasada semana, el Ejecutivo logró reeditar la mayoría de los Presupuestos con el aval de las cuentas públicas para el próximo año.

Un hito que está pendiente de consumarse en el Senado en medio de la advertencia de ERC por la crisis sobre la ley de audiovisual. Esta situación refleja a su vez la nueva rutina instalada en las Cortes con la mayor diversidad de partidos de su historia, la cual impide al Gobierno sacar adelante sus medidas sin consenso.