El Congreso aprueba la norma para penalizar a empresas que se lleven la sede fuera de España, como Ferrovial

El Gobierno ha alcanzado un acuerdo con EH Bildu para que la próxima Ley de Industria contemple la posibilidad de denegar ayudas públicas a empresas que deslocalicen su actividad y se vayan fuera de España, como ha sido el reciente caso de Ferrovial, empresa que ha trasladado su sede social a Países Bajos. 

En concreto, el PSOE, Unidas Podemos y Bildu han acordado una enmienda transaccional a este respecto en una proposición no de ley de la formación vasca, que en un principio buscaba impedir la deslocalización de empresas y obligar a éstas a que devuelvan los fondos públicos obtenidos y mantengan el empleo en su país de origen en caso de marcharse.

El texto pactado, más suave que lo que reclamaban Bildu y Unidas Podemos, insta al Gobierno a condicionar "con carácter excepcional" la posible recepción de apoyo público a que las empresas no reubiquen o deslocalicen su actividad durante un determinado periodo de tiempo. En esa futura ley, que se espera remitir al Congreso en próximas semanas, se detallarán las condiciones.

Según Bildu, con esta iniciativa el Gobierno se compromete a elaborar y desarrollar una legislación específica para condicionar la recepción de la financiación y las ayudas públicas por parte de empresas que deslocalicen su actividad.

Incumplir las condiciones implicará devolver las ayudas

De esta manera, sostiene, el incumplimiento de las condiciones recogidas en la Ley de Industria deberá suponer el reintegro de las ayudas públicas obtenidas, tal como indica la enmienda transaccional acordada por las tres fuerzas políticas.

EH Bildu considera que este acuerdo supone "un buen punto de partida" para negociar y alcanzar un acuerdo amplio en la Ley de Industria, ya que a su juicio permitirá legislar sobre la devolución de las ayudas publicas que hayan podido recibir las empresas que incumplan las condiciones establecidas.