Este artículo se publicó hace 2 años.
El Gobierno prepara más medidas de ahorro energético tras sacar adelante su primer plan en el Congreso
La ministra de Transición Ecológica convocará a partidos políticos y empresas energéticas para abordar el Plan de Contingencia que España tiene que presentar a la Comisión Europea con más medidas destinadas a reducir el consumo de gas.
Madrid--Actualizado a
PSOE y Unidas Podemos han conseguido el apoyo de los grupos del bloque de la investidura para sacar adelante el plan de ahorro energético acordado por la Unión Europea, pero las negociaciones continúan. "A partir de la próxima semana reiniciaremos las conversaciones", anunció la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, porque "a partir de octubre debemos seguir tomando decisiones".
La ministra de Transición Ecológica convocará a partidos políticos y empresas energéticas para abordar con ellos el Plan de Contingencia que España tiene que presentar a la Comisión Europea en septiembre con más medidas que vayan en la misma dirección: reducir el gasto energético y el consumo de gas.
Las negociaciones para sacar adelante el paquete de medidas aprobado este jueves en el Congreso han sido el preludio de lo que viene en las próximas semanas. Teresa Ribera asegura que el Gobierno ha estado "trabajando todo el verano" en la estrategia que llevarán a Bruselas con el plan de España para un posible escenario de escasez de gas en la Unión Europea.
Lo que se sabe hasta el momento es que ese plan de contingencia pivotará sobre tres grandes áreas. Un primer paquete de medidas que irá destinado a "buscar cuántas medias adicionales de ahorro y eficiencia se pueden impulsar", según la vicepresidenta; se impulsará también una estrategia para el cambio de combustibles que pasará, entre otras alternativas, por el empleo a mayor escala de gases renovables; y un tercer paquete de medidas relacionadas con la solidaridad entre países de la Unión Europea.
El Gobierno tiene que presentar el plan en menos de un mes y Ribera ha asegurado que antes de cerrar las medidas están "esperando" a recoger las "propuestas" que hagan los distintos actores implicados: grupos parlamentarios, agentes sociales, asociaciones de consumidores y patronales de eléctricas, petroleras y gasistas.
Según la vicepresidenta, las decisiones que habrá que tomar en las próximas semanas "necesitan el máximo consenso" y por eso ha querido reforzar el diálogo con los grupos políticos después de la negociación del decreto con las primeras medidas para el ahorro energético que a las que el Congreso ha dado el visto bueno este jueves, en un pleno extraordinario. El Gobierno ha tenido que sudar los apoyos de sus aliados habituales y tiene a la oposición en contra.
Una primera negociación difícil
El llamado "Plan de choque de ahorro y gestión energética en climatización" incluye, entre otras medidas, el ajuste de los termostatos en tiendas y edificios administrativos, o el apagado del alumbrado en espacios públicos. Dentro del mismo decreto también están el complemento de hasta 400 euros hasta diciembre para estudiantes a partir de 16 años, los abonos gratuitos de Renfe y 450 millones de euros en ayudas directas a las empresas de transporte.
El decreto ha salido adelante con los 'síes' de ERC, EH Bildu, PNV, Compromís, PDeCAT, Más País y Teruel Existe. También ha votado a favor la diputada Meri Pita, que abandonó el grupo parlamentario de Unidas Podemos para incorporarse al Grupo Mixto.En total han sido 187 votos a favor, 161 en contra y una abstención. Las derechas no han cambiado su posición en las últimas horas, si acaso la han endurecido, descolgándose de una estrategia avalada por Bruselas para cumplir con las exigencias de reducir el consumo de gas al 7%.
La ofensiva del PP contra el Gobierno en este asunto será incluso por la vía judicial. Mientras el Congreso debatía el decreto, Isabel Díaz Ayuso aseguró este jueves que en el mes de septiembre presentará su anunciado recurso ante el Tribunal Constitucional contra el plan del Gobierno por "invasión de competencias propias". La presidenta madrileña, que cuenta con el respaldo de Génova en esta decisión, se alinea de nuevo con Vox. La ultra derecha también llevará el decreto al Constitucional.
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