Dos jueces, uno de Málaga y otro de Zaragoza, han condenado a la Guardia Civil por no respetar los periodos mínimos de descanso diario (once horas cada 24) entre servicios de sus agentes.

Uno de esos fallos obliga al instituto armado a indemnizar a un guardia civil del puesto de Casablanca, en la capital aragonesa, con el equivalente al sueldo correspondiente a los ocho días en los que, en solo dos meses y fines de semana al margen, le fue sustraído tiempo de reposo.

La distribución de la jornada de trabajo y los descansos es uno de los conflictos laborales que, junto con otros como la conciliación y la prevención de riesgos, mantiene abiertos la Guardia Civil pese a la clara advertencia que hace ya tres años, a principios de 2014, la Comisión Europea dirigió al Gobierno español: lo denunciaría ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si no rectificaba y dejaba de incumplir la Directiva de Tiempos de Trabajo de 2003 en lo referente al reposo y a las horas de trabajo semanal, cuyo promedio superaba las 48. Sigue sin hacerlo.

Un 6% menos de tropa y un 4% más de mando

Esos excesos horarios y esas sustracciones de descanso son cada vez más frecuentes en un colectivo que en cuatro años (de diciembre de 2011 al mismo mes de 2015, con Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio) perdió un 6% de sus efectivos: 4.669 agentes y suboficiales menos, sobre una cifra inicial de 76.817, mientras el mando crecía un 4,36% al añadir 132 oficiales a los 3.024 que ya había.

A los efectos de esos turnos sobre los agentes que cubren servicios de seguridad ciudadana se les une el hecho de que tanto los miembros de la Policía Judicial como los responsables de cuartelillos locales, a menudo suboficiales y guardias, carecen en la práctica de horario.

Esa falta de personal, agravada por la escasez de medios materiales, lleva a que buena parte de los cuarteles de zonas rurales ni siquiera lleguen a abrir al público la mayor parte del día, a que infraestructuras sensibles como algunos aeropuertos carezcan de vigilancia pública durante parte de la jornada o a que algunos puestos compartan vehículo para patrullar, con la consiguiente pérdida de tiempo en el traslado de un puesto a otro.

“No hay personal ni lo va a haber”

“Es algo habitual. La Guardia Civil carga en sus trabajadores la falta de medios”, explican fuentes de la AUGC (Asociación Unificada de Guardias Civiles, mayoritaria en el cuerpo), que denuncian que esas carencias hacen que los agentes vean rechazadas sus peticiones de conciliación y las propuestas de formación.

“Vamos camino de nada mientras se mantiene prácticamente el mismo sistema territorial que cuando se fundó la Guardia Civil, cuando no hay personal, ni lo va a haber, para abrir los puestos”, añaden.

AUGC aboga por modernizar el cuerpo con un nuevo despliegue que incluya el cierre de cuarteles y la agrupación de efectivos. Sin embargo, ese planteamiento genera resistencias, ya que alienta una lucha de poder similar a la que planea sobre si jueces o fiscales deben dirigir las instrucciones: los ayuntamientos reclaman que sus policías locales asuman competencias de policía judicial.

Esas carencias operativas y territoriales llaman la atención cuando solo Chipre, con 6,6, supera la densidad policial de 4,8 agentes por cada mil habitantes de España, que rebasa ampliamente la media de 3,36 de la UE y las de 3,75 y 3,04 de países como Francia y Alemania, según datos de Eurostat.

“No puede compartirse” la tesis de Interior

La advertencia de Bruselas sobre los tiempos de descanso y la jornada semanal hizo que el Ministerio del Interior emitiera una nueva orden de tiempos de trabajo, que es la que comienzan a echar por tierra los tribunales.

Sin embargo, la Subdirección de Personal de la Guardia Civil da por cumplida la indicación de Bruselas siempre que los agentes tengan entre servicio y servicios más descansos de once horas que de ocho, lo que supone que salgan a patrullar de 14.00 a 22.00 horas tras haberlo hecho de 22.00 a 06.00. De hecho, señala que los descansos de once tendrán “carácter general” mientras los de ocho pueden aplicarse “por razones organizativas”, una tesis que no avalan los tribunales.

“No puede compartirse la interpretación que hace la Administración equiparando generalidad con predominio”, indica la magistrada del Juzgado Contencioso número 5 de Zaragoza, ante el intento de la Abogacía del Estado por demostrar que, además, los descansos diarios de once horas son incompatibles con una jornada semanal de 37 y media.

El esfuerzo de adaptarse a los nuevos tiempos

Por el contrario, le recuerda la obligación, establecida por el Supremo, de no solapar el descanso diario con el semanal, que son distintos: “en caso de solapamiento se produciría, bien la sustracción de parte de uno de los dos días de descanso semanal, bien la detracción de horas correspondientes al descanso entre jornadas. Y este efecto no se puede justificar en el hecho de que el descanso semanal se compute por horas”.

La Abogacía del Estado ha recurrido la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), trámite al que se opone la AUGC, que apunta en su recurso que “tal vez (…) el problema es que hay una parte de responsables (…) en la Guardia Civil, que no hacen un esfuerzo de adaptación a los nuevos tiempos y a una nueva regulación (obligada por cierto por la Comunidad Europea), pretendiendo nombrar el servicio ‘como siempre”.