Condena por la Gürtel para el empresario de la TV privada de Castilla y León que Mañueco mantiene con un presupuesto millonario con fondos públicos

El empresario leonés, José Luis Ulibarri, ha sido condenado a 18 meses de prisión por la Audiencia Nacional por su implicación en la trama Gürtel. El empresario es uno de los responsables de la televisión privada de Castilla y León, que recibe anualmente subvenciones millonarias de la Junta presidida por Alfonso Fernández Mañueco.

Ulibarri ha sido condenado por los delitos de fraude a las administraciones públicas, falsedad documental y un delito contra la Hacienda Pública. Su condena se ha visto reducida de los siete años solicitados por la "atenuante analógica de confesión en juicio". Concretamente, Ulibarri es condenado como "autor responsable o como inductor o colaborador necesario con la concurrencia de las circunstancias atenuantes de confesión como muy cualificada y reparación de daño".

José Luis Ulibarri, en el momento de los hechos, figuraba como propietario del Diario de León y como uno de los dos dueños de la Televisión de Castilla y León. El ente privado recibió en 2021 una subvención de 20 millones de euros de la Junta, presidida por Mañueco, según recoge el consejo de Gobierno del 29 de abril de ese mismo año. Cabe recordar que Castilla y León es de las pocas comunidades autónomas sin televisión pública y, por tanto, la opción privada se lleva gran parte de las ayudas de la Junta.

Además de la pena de prisión, que por el momento se desconoce si cumplirá, Ulibarri tendrá que pagar multas asociadas por encima de los 700.000 euros por los delitos cometidos. El auto del juicio añade que por el delito de prevaricación la pena es de "tres años de inhabilitación especial para empleo o cargo público".

Se incluye la condena por "un delito de fraude a las administraciones públicas a las penas de seis meses de prisión con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un plazo de dos años y seis meses".

También es condenado por un "delito continuado de falsedad documental en documento mercantil a las penas de seis meses de prisión con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena y cuatro meses de multa con una cuota diaria de 10 euros".

Igualmente recibió una condena por un delito contra la Hacienda Pública "a las penas de tres meses de prisión con inhabilitación especial" con una suma de "40.000 euros de multa", más otra condena de otros tres meses por el delito de tráfico de influencias.

El empresario también estuvo imputado por los casos Púnica y Enredadera, llegando a estar en prisión provisional durante tres meses por el segundo. Esta condena no le permitiría recibir subvenciones públicas, por lo que la financiación de su cadena de radiotelevisión se vería afectada. Por esta situación, en noviembre de 2021, Ulibarri traspasó los poderes a su hija, Adriana Ulibarri, y se desligó tanto del Órgano de Administración como de su participación como accionista.