El concierto sanitario de la Junta de Andalucía en Cádiz acaba otra vez en los juzgados

El grupo privado José Manuel Pascual Pascual, que tiene firmado un contrato desde el año 2017 con la Junta de Andalucía por valor de 380 millones hasta el año 2021 para la atención sanitaria de 260.000 personas en la provincia de Cádiz, reclama al Servicio Andaluz de Salud (SAS) 8,5 millones de euros.

El Ejecutivo que dirige Juanma Moreno (PP) no reconoce esta deuda. Consideran que los servicios efectivamente prestados por Pascual no superan la cifra pactada en el contrato, que asciende a 95,2 millones anuales hasta completar los 380 y que se firmó cuando gobernaba el PSOE.

El asunto está ahora en discusión en los juzgados de Sevilla –en el 9 y en el 13 de lo contencioso, según ha podido saber Público–, que deben decidir si el SAS debe pagar a Pascual las cantidades que reclama o no. El historial de conflictos y litigios entre esta empresa y la Junta es largo y alcanza varios años y varios gabinetes socialistas.

La liquidación del año 2018, según la Junta de Andalucía, se reduce a 71,31 millones de euros y la del año 2019 a 75,6 millones, calculados sobre unidades de servicios –unidades de producto concertado (UPC), se llaman en el contrato–, por debajo de los 95,2 millones pactados.

Mientras, Pascual reclama, "al considerar que las UPC consumidas" son más que las que han sido objeto de contratación, "una modificación", que en total, contando 2018 y 2019, asciende a 8,5 millones, según se recoge en una resolución firmada por el director general de Asistencia Sanitaria de la Junta de Andalucía, Diego Vargas, a la que ha tenido acceso Público.

Millones a cambio de nada

Hasta aquí, todo es comprensible. Sin embargo, sucede lo siguiente: a pesar de que el Gobierno andaluz cuantifica en 71,3 y en 75,6 los millones efectivamente adeudados para 2018 y 2019, la empresa cobrará los 95,2 millones de euros por cada anualidad que estipula el contrato, según se recoge en la resolución del director general de Asistencia Sanitaria.

Esta situación abre un debate de calado: ¿tiene sentido para la administración pública un contrato que permite que una empresa cobre cantidades "a cambio de nada"?

Inma Nieto, portavoz parlamentaria de la coalición de izquierdas y andalucista, denunció públicamente hace unos días que "un 25% de lo que está ingresando Pascual de dinero público es a cambio de nada". "En el peor momento de la sanidad pública en Andalucía, con los mayores retos por delante, con escasez de recursos y personal, tenemos unas clínicas privadas que se llevan un euro de cada cuatro que reciben del SAS por no hacer nada", agregó.

"La Junta de Andalucía tiene establecida una tarifa plana por la cual el operador privado se garantiza los ingresos, haga o no todo lo que tiene concertado con la Junta de Andalucía", afirmó esta semana Inma Nieto. ¿Es esto así efectivamente?

La conclusión, por extraña que parezca, es que sí y que es, además, legal, según se afirma en la propia resolución del director general Vargas, que cita diversas sentencias que avalan esta tesis.

La explicación jurídica

Esta es la explicación jurídica que se da en la resolución y en los pliegos de contratación.

El Servicio Andaluz de Salud contrató en 2017, como ya había hecho en otras ocasiones anteriores, que se remontan a varios años atrás, lo que se conoce como "disponibilidad asistencial de los servicios" de los hospitales de Pascual en El Puerto de Santa María, en Sanlúcar de Barrameda y en Villamartín.

En estas tres localidades –dos de ellas costeras, El Puerto y Sanlúcar, con lo que ello implica de atenciones hospitalarias en los meses de verano– existen únicamente los hospitales de Pascual, "hecho este que imposibilita promover la concurrencia", admite la Junta de Andalucía.

El contrato se adjudicó, a causa del monopolio hospitalario del que goza la empresa en esa zona, mediante lo que se llama un procedimiento negociado sin publicidad. Aunque se ha estudiado en algunas ocasiones, ningún Ejecutivo ha construido un hospital público en esas localidades.

La contratación bajo esta modalidad de "disponibilidad asistencial" obedece, según se lee en el pliego de cláusulas administrativas, "a la imposibilidad de calcular exactamente el número de servicios que serán prestados". Por esta razón, "la normativa permite la contratación del centro de forma integral". 

Según expone Vargas en la resolución, "los contratos de hospitales realizados en la modalidad de disponibilidad asistencial presentan" una particularidad: "La liquidación no significa una deducción de carácter económico sino una orientación sobre la producción de servicios y costes de los mismos".

Es decir, que la valoración de 71 y 75 millones es meramente una referencia. Y, por tanto, según este razonamiento, "tras un amplio análisis, se concluye que la diferencia" entre los 95,2 millones "anualmente contratados" y la liquidación, "al tratarse de una contratación por disponibilidad global de servicios", no supone "deducción alguna" y por tanto, "no se propone". Es decir, que Pascual cobrará como mínimo los 95,2 millones.

Un historial de litigios y multas

El contrato de 2017 se firmó en unas condiciones muy particulares, después de tres años sin convenio en los que el conflicto de la empresa y la Junta de Andalucía, que ya había acabado en los tribunales, se agravó de manera considerable.

El propio pliego justifica su firma de esta manera: "Este contrato es necesario para dar una adecuada asistencia sanitaria a usuarios del SAS por no existir infraestructuras sanitarias en el sector público para poder abarcar las poblaciones de El Puerto, Sanlúcar y Villamartín".

En los tres años en que no existió convenio, se produjo una situación muy complicada, prácticamente de guerra entre la Junta y Pascual, que llevó incluso al Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, después de una denuncia del SAS, a multar con 5,33 millones de euros a Pascual por "conductas anticompetitivas". Durante tres años y medio, según Competencia, aplicó precios abusivos por los servicios que prestaba a la Junta de Andalucía en Cádiz y también en Huelva, donde la empresa tiene otros hospitales.

En ese tiempo sin convenio, Competencia consideró acreditadas conductas de "abuso de explotación a través de la imposición de unos precios notoriamente abusivos al SAS en su facturación de los servicios prestados", que le produjeron multimillonarios beneficios ilícitos. IU llegó, por estos hechos, a interponer una denuncia penal, que fue archivada, según las fuentes consultadas por Público.

Pascual ha ganado sentencias en los tribunales a la Junta de Andalucía. Este diario ha tratado, sin éxito, de saber cuántos pleitos exactamente se han producido entre la empresa y la administración, las razones de los mismos y de qué manera se han resuelto. Público ha preguntado tanto a Pascual como a la Consejería de Salud, sin obtener respuesta sobre este extremo.

Un nuevo concierto

Ahora, en pocos meses, toca iniciar los contactos para renovar el concierto, habida cuenta de que los tres hospitales de Pascual siguen siendo los únicos en esas localidades. El consejero de Salud, Jesús Aguirre (PP), es muy consciente de los problemas a los que se va a enfrentar.

Esto dijo hace unos días, entre críticas a los socialistas, en el Parlamento de Andalucía: "Con Pascual llevan cuarenta años firmando convenios. Nosotros, lo que hemos hecho es […] tener la información". El consejero agregó: "Intentamos hacer un control de cara a cuando tengamos que firmar el próximo..., en el año 2021, si se llega a firmar, tener el máximo de información".

Nieto, la portavoz de Adelante Andalucía, considera que la situación es "inaceptable" y que la negociación no se puede hacer sobre un concierto que ha servido para "detraer fondos públicos imprescindibles para el SAS", y que "lleva dos años facturando un 25% menos de lo que tenía concertado, pero cobrando como si lo hubiese hecho al cien por cien".