“La tasa turística llegará; el debate ahora es decidir cuándo y cómo”. Son palabras del vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática de la Generalitat Valenciana, Rubén Martínez Dalmau (Podem), expresadas este mismo mes de agosto. La proclama no debería ser noticia si no fuera porque, casi paralelamente, el nuevo director general de Turismo del gobierno valenciano, el socialista Herick Campos, en una reunión con el alcalde popular de Benidorm, expresaba que tal cuestión no se encontraba en la agenda del Consell. Campos, incluso, manifestó que el impuesto al turismo puede llegar a restar competitividad al sector, toda vez que abogaba por otros objetivos como la lucha contra el alojamiento no reglado.

A pesar del parón vacacional en Les Corts, las declaraciones de los principales responsables políticos valencianos alrededor de la posible aplicación del tributo no han cesado durante el verano, y auguran enfrentamientos constantes de cara al próximo periodo de sesiones. El president Ximo Puig ha vuelto a remarcar que la tasa no forma parte del acuerdo programático del Consell. Por su parte, la vicepresidenta Mónica Oltra aboga por estudiar profundamente las diferentes configuraciones que el impuesto puede asumir. Joan Ribó, alcalde de València, uno de los partidarios más acérrimos de gravar las pernoctaciones hoteleras, ha continuado insistiendo en la necesidad de que los turistas contribuyan a pagar una parte de los servicios de los que se benefician durante su estancia en la ciudad.

La grieta entre los socios del Botànic II respecto al impuesto al turismo empezó a dibujarse en la legislatura pasada, hace tan solo dos años, cuando el grupo Podem, que entonces no formaba parte del gobierno autonómico, propuso un modelo ambicioso: un tributo mixto con un tramo fijo autonómico de obligado cumplimiento y otro tramo municipal de carácter opcional.

La formación morada, que llegó a condicionar los presupuestos de 2018 al apoyo a dicha propuesta, planteó unas tarifas autonómicas que iban desde los dos euros por persona y día en hoteles de cinco estrellas hasta los 0,5 euros en casas rurales. La recaudación preveía aplicarse sobre un amplio abanico de alojamientos, entre los que se encontraban las viviendas turísticas y las embarcaciones de crucero, durante los diez primeros días de estancia. Se contemplaba, sin embargo, la exención del gravamen para ciertos colectivos como los menores de 16 años, así como para las estancias por fuerza mayor o los viajes subvencionados por el IMSERSO. Por lo que respecta al tramo municipal, las tarifas se situaban entre 0,25 y 1,25 euros, teniendo carácter variable.

El entonces portavoz de Podem, Antonio Estañ, y el portavoz de Economía de la formación, David Torres, manifestaron que el tramo autonómico podía suponer unos ingresos de unos 30 o 40 millones de euros, un dinero que debía revertir, a su parecer, en la mejora de los servicios e infraestructuras turísticas, en la lucha contra la precariedad laboral y el intrusismo en el sector, además de hacerlo en la promoción del medio ambiente. Los morados decían contar con el apoyo de los sindicatos e instaban a aplicar la tasa en 2018.

La propuesta, realizada en el marco del debate sobre el estado del territorio en septiembre de 2017, fue aprobada por Les Corts, si bien con 34 votos a favor (provenientes de Podem, Compromís y los cuatro exdiputados de Ciudadanos), 32 abstenciones del PSPV y Ciudadanos, y 29 votos en contra del PPCV. Esta divergencia de posturas en el seno del propio Consell hizo inviable cualquier acuerdo sobre la materia.

El PSPV, sabedor del rechazo de los empresarios al gravamen, siempre ha abogado por acordar su implantación con este sector. Este mismo verano, el titular de Hacienda de la Generalitat, Vicent Soler, sin negar la necesidad de abordar el debate, manifestaba no ver comprensible la tasa sin el apoyo de los empresarios. Los socialistas temen, por otra parte, que el nuevo impuesto acabe por pasarles factura electoral, tal como le ocurrió en 2003 al socialista Francesc Antich en Balears, quien perdió las elecciones tras aplicar la ecotasa y verse altamente cuestionado por hosteleros y oposición política.

Los recelos socialistas llevaron a los de la rosa a convencer a su socio de gobierno, Compromís, para oponerse a la propuesta inicial de Podem. Los valencianistas, preocupados por dar estabilidad al gobierno, intentaron acercar posturas con una propuesta de impuesto que solo contemplaba la existencia de un tramo municipal, lo que significaba que la Generalitat se limitaba a crear un marco legal en base al cual los ayuntamientos decidieran libremente. Finalmente, y a pesar de los intentos por conciliar las posturas, la propuesta de Podem nunca se aprobó en el seno del Consell, más aún con el horizonte electoral de 2019. En medio de este debate, la derecha valenciana exhibe con toda rotundidad su negativa a la iniciativa.

¿Una tasa solo para Fallas?

En la ciudad de València, el debate sobre la cuestión se ha desarrollado durante los últimos meses dentro de unas coordenadas propias. Sandra Gómez (PSPV), actual Primera Teniente de Alcalde del Ayuntamiento valenciano, lanzaba en plena campaña electoral la idea de aplicar a los turistas un euro por pernoctación, si bien circunscribía este gravamen únicamente al periodo de fiestas falleras (del 1 al 19 de marzo). La tasa planteada por Gómez defendía afectar los ingresos a las comisiones falleras con el fin de que éstas invirtieran en monumentos, una propuesta ciertamente electoralista que pronto chocó con el parecer del grupo Compromís en la localidad.

El alcalde Ribó, de hecho, se lanzó a responder que dedicar los ingresos de la tasa a cuestiones privadas no está permitido por la legislación. Ribó, no en vano, insiste desde hace tiempo en que una tasa turística en la ciudad serviría para que los turistas contribuyeran al pago de los servicios que se ven necesariamente incrementados como consecuencia de su estancia. La limpieza, la seguridad o la movilidad deberían ser para el alcalde los destinos prioritarios del ansiado impuesto. Su aplicación, además, permitiría controlar los apartamentos turísticos y otros fenómenos relacionados que generan rechazo en muchos barrios.

¿Son fundados los recelos empresariales?

Un informe elaborado por la Asociación Empresarial Hotelera de Benidorm y la Costa Blanca (HOSBEC) muestra que el sector hotelero del País Valenciano crece a un ritmo superior a la media estatal y registra un aumento en el número de turistas y de pernoctaciones en hoteles durante el primer semestre de 2019. Benidorm, según el estudio, ocupa el cuarto puesto en el ranking español de destinos turísticos con mayor número de pernoctaciones hoteleras, con más de cinco millones en la primera mitad del año. Por lo que respecta a València, se ha superado por primera vez la barrera de los dos millones de pernoctaciones, lo que representa un tres por ciento más respecto al semestre anterior.

Las buenas cifras arrojadas por el sector han empujada a la patronal hotelera a situarse en contra de la tasa turística, aduciendo que se trata de un impuesto asfixiante para las empresas y los ciudadanos y que grava exclusivamente el alojamiento hotelero reglado, favoreciendo así a la economía sumergida. Uno de los mayores temores que expresan radica en la posible disminución del poder adquisitivo de los turistas al aplicárseles el impuesto, algo que repercutiría negativamente en los beneficios. Incluso llegan a advertir que el número de turistas descendería en el territorio valenciano.

No lo cree así Asensi Descalç, profesor de Economía Aplicada en la Universitat de València. En una reflexión publicada por la Fundació Nexe defiende que un impuesto turístico sobre los 2 euros por día y persona no tiene suficiente peso sobre los precios ni sobre el presupuesto diario medio de los visitantes como para generar una reducción de la demanda. Una certeza que avalan las experiencias vecinas en Catalunya y en Balears. Descalç apuesta decidido por gravar todas las formas de alojamiento, pero en particular los apartamentos turísticos en las ciudades, ya que entiende que son generadores de graves diseconomías externas al imponer cambios de vida en los barrios, como el encarecimiento del precio del alquiler. Por lo que respecta a la afectación de los ingresos recaudados, el profesor cree que la tasa podría incluso llegar a revertir en la promoción e impulso del turismo rural, algo necesario en la lucha contra la despoblación de las zonas de interior.

¿Un impuesto exótico?

En el Estado español, la tasa turística empezó a aplicarse en 2012, concretamente en Catalunya. El impuesto grava las pernoctaciones en diferentes alojamientos durante un máximo de siete días. Las plataformas de alquiler vacacional están sometidas a gravamen y las embarcaciones pagan por amarre en cualquier puerto del territorio. La cuota en la ciudad de Barcelona, superior al resto de la comunidad, va desde los 2,25 euros por persona y día si se aloja en un hotel de cinco estrellas a los 0,65 euros en otros establecimientos. Destina los ingresos a un Fondo para el fomento del turismo a la vez que busca minimizar el impacto en las zonas de alta concentración turística.

Junto a Catalunya, las Illes Balears son la otra autonomía donde la tasa se aplica. La presidenta de la comunidad, Francina Armengol, reintrodujo el impuesto en 2016, tras el periodo de supresión por parte del gobierno popular. Actualmente, los turistas pagan un máximo de 4 euros y un mínimo de 2 por noche en función de las categorías del alojamiento. Desde 2018 se aplican bonificaciones a los viajeros que visitan el archipiélago en temporada baja y a aquellos que realizan estancias largas a partir del noveno día. Otras comunidades, como Andalucía, Madrid o Galicia, discuten recientemente seguir el mismo camino que las mencionadas autonomías.

Para aquellos que denuncian que el impuesto denota falta de hospitalidad con el turista, no son buenas las noticias sobre su implantación a nivel europeo. Desde que apareciese por vez primera en París en 1994, la tasa al turismo no ha dejado de extenderse y hoy en día se aplica, bajo diferentes modalidades, en Italia, Alemania, Holanda, Bélgica, Suiza, Rumanía o Croacia, entre otros. Más allá del continente, el impuesto existe en Estados Unidos, donde se paga por pernoctación y por entrada al país. En Marruecos se aplica una cuota en el billete aéreo de vuelta. Incluso en Cuba cada turista paga 22 euros al abandonar el país en el aeropuerto.