Comercios, farmacias y colegios podrán atender y asesorar a las víctimas de violencia machista

"Piensen en la potencia que puede tener que tu panadería, tu farmacia, tu centro de salud, los lugares a los que comúnmente vas, puedan ser identificados como lugares seguros y que esas mujeres víctimas de violencia machista vean que pueden acceder a la garantía de todos sus derechos y salir del contexto de violencia". Con estas palabras, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha resumido la nueva campaña lanzada este miércoles por su departamento.

Se trata de Punto violeta, una medida para que "toda la sociedad sepa, sin obviar la responsabilidad de las instituciones, que puede hacer algo para erradicar la violencia y tender la mano a las víctimas", ha explicado Montero. En una rueda de prensa, la ministra, acompañada de la Secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Noelia Vera y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha explicado en qué consistirá esta herramienta inspirada en otras acciones que se han llevado a cabo tras la irrupción de la pandemia no solo para atajar este tipo de violencia, sino para "llegar siempre a tiempo".

El Punto violeta consiste en un distintivo que los diferentes establecimientos públicos y privados (farmacias, colegios, centros médicos, colegios, empresas...) podrán descargarse directamente desde la página web del Ministerio de Igualdad para instalarlo posteriormente en un lugar visible. Este punto violeta vendrá acompañado de una guía (física o código QR) con la información necesaria sobre sobre los derechos y recursos que tienen a su disposición las víctimas de violencia machista "para que no se sientan solas en ningún momento". 

En este sentido, la iniciativa, que tendrá una "rápida implantación", también va orientada al entorno de las mujeres que sufren violencia con el objetivo de que la sociedad se implique en esta lucha. "El Punto violeta es una vía para la concienciación y sensibilización. Es importante que las víctimas de género sepan que no están solas porque toda la sociedad las acompaña para tenderles la mano y ayudarlas. Y es importante que todas las actividades privadas y públicas sepan y quieran identificarse como puntos violeta", ha ahondado Montero. 

Plan de choque de medidas urgentes

La ministra ha recordado que esta iniciativa está enmarcada en el catálogo de 15 medidas urgentes para frenar el repunte de asesinatos machistas que se ha dado en los meses de mayo y junio, coincidiendo con el relajamiento de las reglas de movilidad y desplazamiento para hacer frente al coronavirus. En esta línea, el Consejo de Ministros aprobó el pasado martes este plan de choque elaborado por cinco ministerios (Igualdad, Interior, Justicia, Sanidad y Derechos Sociales).

Para hacer frente a esta lacra, además del Punto violeta, se elaborarán y difundirán campañas a lo largo de todo el año, dentro de la acción sostenida temporal de las medidas de concienciación y sensibilización para la erradicación de la violencia de género. Asimismo, el catálogo contempla la elaboración de un instrumento estandarizado e implantado de manera progresiva en todo el territorio del Estado para "facilitar la detección de la violencia de género en los servicios de Atención Primaria del Sistema Nacional de Salud".

El Gobierno pondrá en marcha la formación específica en la detección precoz, manejo de indicadores de sospecha, valoración del riesgo y desarrollo de destrezas para la interacción de los equipos profesionales involucrados en la atención integral y recuperación de las víctimas de violencia de género de atención primaria y hospitalaria (Medicina de Familia, Pediatría, Enfermería, Matronas, Trabajo Social, Urgencias, Salud mental y Toco-Ginecología), así como de la red de centros de Servicios Sociales, del ámbito educativo y de la Inspección de Trabajo y de los servicios consulares españoles en el extranjero.

El catálogo recoge la implantación de una ventanilla única de violencia de género en la red de Servicios Sociales de Base y en colaboración con las administraciones públicas competentes, incluyendo las Oficinas de Asistencia a las Víctimas de Delitos, para "centralizar la intervención y el acompañamiento social,  garantizar y hacer efectivo el ejercicio de los derechos de las víctimas y supervivientes de violencia de género".