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MADRID/BARCELONA.- Si no es Juan Carlos, que sea Felipe VI quien presida el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Eso es lo que quiere el Gobierno central, del PP, que usando como portavoz a su delegada en Catalunya, Maria LLanos de Luna, envió un requerimiento a la actual alcaldesa, Ada Colau, para que "se ajuste a la ley" después de que ésta retirara el busto del rey emérito, y coloque en ese espacio una imagen del rey. De momento, los responsables de la corporación barcelonesa dan largas al Ejecutivo, a la espera de que esta cuestión se aborde tras la reforma del reglamento muncipal.
La líder de Barcelona en Comú, por su parte, ha recordado en un comunicado que dicho acto "no representa ninguna actuación contraria al ordenamiento jurídico", dado que él "ya no es rey desde junio de 2014". Además, Colau asegura que el Ayuntamiento solicitó varias fotografías del actual monarca para regularizar la situación, sin que se haya recibido respuesta a la petición municipal. “Es sorprendente que la Delegación del Gobierno no se haya preocupado por esta situación durante el último año y sólo cuando desde el Gobierno municipal se corrige una evidente anomalía, se responde con un requerimiento del todo impropio”, dice la misiva.
En cualquier caso, la pretensión de la alcaldesa y de su equipo de Gobierno en general es que sea el Pleno al completo quien decida qué simbología es la que debe reinar en las instancias del Consistorio. Siempre, "en el ejercicio de la potestad normativa que el ordenamiento jurídico reconoce en el Ayuntamiento de Barcelona y con respecto a la singularidad histórica y de capitalidad de la ciudad, así como a los principios de legalidad, democrático, neutralidad religiosa y uso no partidista", esgrime en el comunicado.
Su número dos, el primer teniente de alcalde de Trabajo, Economía y Planificación Estratégica, Gerardo Pisarello, ha recordado, además, que el Gobierno municipal es "de convicciones republicanas" y, por ello, no ven "ninguna razón" para que "una figura no sujeta al escrutinio ciudadano" presida "las sesiones de una institución democrática". Así, Pisarello ha defendido que las decisiones sobre la simbología se tomen "con consenso" y, por ello, reformarán la normativa para que el Pleno pueda "autorregular su funcionamiento interno". Esta votación tendrá lugar, previsiblemente, el próximo mes de octubre.
Hasta entonces y, teniendo en cuenta que la polémica la ha suscitado el Gobierno central, el equipo de gobierno barcelonés no piensa tomar decisiones sobre las imágenes reales. Preguntado este domingo en el centro municipal de La Sedeta sobre qué hará su Ejecutivo municipal si finalmente llega al Consistorio la foto de Felipe VI antes de que se apruebe la modificación del reglamento municipal, Pisarello ha sido tajante. "Mientras la propuesta de reforma del reglamento municipal no se resuelva, no se colgará foto alguna", zanjó.
Pisarello y Asens, en la Meridiana
De otro lado, Pisarello es, precisamente, uno de los miembros del Gobierno municipal que sí acudirá a la manifestación de la Diada, pese a la negativa a participar en la misma de la propia Ada Colau. Si la alcaldesa -que siempre había participado en la marcha de la fiesta del Día de Catalunya- se ha caído de la convocatoria por considerarla electoralista, su número dos piensa asistir "como ciudadano" y no como representante institucional. "Iré, como cada año, por una razón sencilla: si no hay presión en la calle, la prepotencia del PP no cesará y el derecho a decidir no será respetado", ha explicado a este diario. Público también ha podido confirmar la presencia del teniente de alcalde de Democracia y Participación, Jaume Asens, en la Avinguda Meridiana de Barcelona.
Pero hasta el 11 de septiembre todavía quedan cinco días en los que la actividad del Consistorio no parará. Así, este mismo lunes tendrá lugar el pleno en el que se decidirá si Barcelona pasa a formar parte o no de la Associació de Municipis per la Independència (AMI). La propia Colau recordó en La Sexta Noche que tal votación se producirá porque, tras un acuerdo entre CiU, ERC y CUP, el Gobierno municipal se ha visto obligado a convocar el pleno extraordinario y monográfico en el que se tratará dicho tema.
Público ha podido confirmar que Barcelona En Comú (BComú) se abstendrá, finalmente, como estaba previsto.
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