El juez Manuel García Castellón ha puesto en marcha los trámites para un segundo juicio al excomisario José Villarejo al concluir la investigación de la pieza 3 del caso Tándem, bautizada como Land, que gira en torno a la disputa por la herencia del promotor de la urbanización de lujo La Finca (Pozuelo de Alarcón, Madrid).

El magistrado ha dictado un auto en el que propone llevar a juicio por Land al excomisario, a su esposa, Gemma Alcalá; a su socio Rafael Redondo y al exjefe de la UCAO Enrique García Castaño, a los que recientemente procesó en la pieza Iron, referida al encargo de Herrero y Asociados para espiar a un despacho rival.

A ellos cuatro se suman Susana García Cereceda, una de las hijas del fallecido promotor de La Finca, y otras dos personas, Francisco Peñalver y David Fernández,- por delito continuado de cohecho, múltiples delitos de descubrimiento y revelación de secretos y un delito continuado de falsedad en documento mercantil.

Además, plantea llevar a juicio como personas jurídicas a la mercantil La Finca Global Assets, la Finca Somosaguas Golf y La Fina Promociones y Conciertos Inmobiliarios.

Una guerra por la herencia

El proyecto Land parte del encargo que los promotores de La Finca, Susana García Cereceda y Francisco Peñalver, así como su responsable de seguridad, David Fernández, le hicieron a Villarejo para espiar a Yolanda García Cereceda, a su marido Jaime Ostos y a Silvia Gómez Cuétara, viuda de Luis García Cereceda, tras su muerte.

Su intención era recabar información sobre la situación de la promotora Procisa a la muerte de su presidente, a fin de reclamar una herencia, así como averiguar la situación del resto de herederos.

Con ese objetivo, Villarejo y su socio, a través de su empresa Cenyt ofertaron un servicio que incluía -añade el magistrado- "la obtención de forma ilegal, de informaciones y datos de carácter reservado- tráfico de llamadas, movimientos bancarios, información tributaria y de seguridad social, etc.".

Esos servicios, excedían de un encargo sobre la rentabilidad de la propia empresa, puesto que se investigó la vida privada de personas que nada tenían que ver con la marcha de la empresa, precisa el auto.

Además, el juez sostiene que quienes contrataron a Villarejo conocían su situación de policía en activo y de la que él se prevalió para obtener información de carácter reservado que luego vendería a sus clientes y que luego éstos utilizarían como instrumento de presión a su favor en las controversias económicas sobre el patrimonio social y familiar de la empresa.

García Castaño ayudó a Villarejo

El precio de estos servicios se fijó en 275.000 euros, más otros 150.000 en caso de rentabilizar los resultados y, según la investigación, Procisa habría pagado 340.252 de forma opaca, a través de facturas ficticias.

García Castaño habría ayudado a Villarejo a obtener esos datos de carácter personal, ya que en la causa se ha constatado "una colaboración que se produce de manera periódica y constante entre ambos investigados".

Los servicios contratados habrían incluido el acceso a los datos de posicionamiento y de tráfico de llamadas telefónicas entrantes y salientes de Jaime Ostos a través de un teléfono titularidad de Yolanda García-Cereceda López durante el mes de agosto de 2013, de Silvia Gómez-Cuétara durante los meses de junio, julio y agosto de 2013, y de Joaquín Torres, "con la consiguiente intromisión ilegítima en sus derechos fundamentales a la intimidad y al secreto de las comunicaciones".

En el marco de estas actuaciones, el grupo de Villarejo hizo también seguimientos a la juez de Pozuelo de Alarcón Mónica Gómez Ferrer, conocida por instruir el caso por el fraude a Hacienda del futbolista Cristiano Ronaldo, y que llevaba varios procedimientos judiciales que afectaban a los familiares del promotor de la urbanización de lujo La Finca.

También se habría puesto a disposición de los clientes un informe de inteligencia patrimonial sobre Procisa y Luis García-Cereceda, elaborado por la Agencia de Detectives Método 3 por encargo de Silvia Gómez-Cuétara, fechado el 18 de julio de 2012, y que el grupo Cenyt obtuvo de las bases de datos de la empresa de detectives "de forma ilícita".

Junto a este hallazgo, se ha encontrado "cuantioso" material de Método 3 que "excedería del marco del presente procedimiento, debiendo continuar las investigaciones en el marco de la pieza principal", señala el auto.

Ahora el juez da un plazo de 10 días para que las acusaciones presenten sus escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral. La Fiscalía Anticorrupción, al solicitar el cierre de esta pieza, ya adelantó que dirigirá la acusación contra los siete investigados y las tres personas jurídicas a las que se propone juzgar.