La comisión de investigación del Congreso sobre la brigada política de Interior seguirá un mes más, pero sus trabajos quedarán mutilados por las maniobras obstruccionistas del PP, Ciudadanos y hasta el PSOE, absteniéndose con el fin de que no sean llamados a declarar los comisarios que podrían explicar cómo y por qué se grabó al ministro Jorge Fernández Díaz en su despacho oficial.

Tras una jornada en la que PP y C's se aliaron para impedir en un principio la prórroga de los trabajos de la comisión --que quedaría disuelta el próximo 9 de junio sin haber interrogado más que a dos personas, el ministro y su interlocutor Daniel de Alfonso--, los dos partidos conservadores finalmente cedieron esa prolongación de un solo mes, claramente insuficiente para estudiar los miles de documentos solicitados.

Pero en el debate a puerta cerrada de las comparecencias a efectuar, tanto esos dos partidos como el PSOE impidieron que se citase al ex director adjunto operativo (DAO), Eugenio Pino, a su jefe de Gabinete, José Ángel Fuentes Gago, y al excomisario José Manuel Villarejo Pérez, los tres principales sospechosos de haber fraguado la brigada política. Además, los dos primeros son los únicos que saben cómo se grabó al ministro y desentrañar ese misterio era supuestamente el principal objetivo de la comisión del Congreso.

Con sus abstenciones, PSOE y C's permitieron que se impusieran los noes del PP y ayudaron así al Gobierno a impedir que se interrogue a los protagonistas de la trama que se pretende investigar. En cambio, accedieron a que el único otro compareciente sea el ex director general de la Policía, Ignacio Cosidó, quien estuvo al margen de la brigada política y nada sabe de las grabaciones al ministro.

Tras la infructuosa sesión de trabajo, que se prolongó hasta altas horas de la noche, el diputado por ERC Gabriel Rufián definió lo ocurrido, a preguntas de Público: "Como Bill Murray en Atrapado en el Tiempo. El día de la marmota. Reuniones a puerta cerrada en las que se niegan cosas ya cerradas. PPSOEC's quieren matar y matarán esta Comisión. Y lo harán impunemente".

El portavoz adjunto del PP en el Congreso, Carlos Rojas, alegó que a la oposición se le había pasado el plazo para solicitar un pleno ordinario, necesario para prolongar los trabajos de la comisión, apostillando despectivamente: "Desconocen el Reglamento y están tanto tiempo en las algaradas que no se estudian el Reglamento y se les ha pasado el plazo y ahora recurren a echarle la culpa al PP".

Pero la portavoz de Podemos en la comisión, Gloria Elizo, replicó que "tienen muy poca vergüenza. El pleno estaba pedido desde hace 15 días por la comisión a través de su presidente, Mikel Legarda [del PNV], y hoy ha ido a la Junta de Portavoces, pero PP y Ciudadanos no han querido incluir esa petición en el orden del día del pleno de hoy, pese a que sí lo han hecho para la prórroga de la subcomisión sobre Violencia Machista".

Por la mañana, Legarda había anunciado que a raíz de ese bloqueo del PP y C's "la comisión se ha cerrado en falso". El diputado del PNV protestó: “Si no se quería que la comisión culminase los objetivos para los que fue creada cabe preguntarse por qué se creó”.

Ante el escándalo consiguiente, que se difundió rápidamente por las redes sociales, PP y Ciudadanos rectificaron su posición, pero mantuvieron la obstrucción de las comparecencias. La formación de Albert Rivera incluso acusó al PSOE de haber cambiado su postura pactada previamente con ellos, tras las primarias socialistas, porque el reelegido secretario general, Pedro Sánchez, "quiere sumar otras mayorías con partidos independentistas", en palabras del diputado Miguel Gutiérrez.