El 15 de enero de 2015 se produce un terremoto. Público vincula al comisario José Manuel Villarejo con Francisco Nicolás Gómez Iglesias, más conocido como el pequeño Nicolás, y quince días después la investigación de este diario lleva a confirmar que Asuntos Internos y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) siguen los pasos de una presunta trama de blanqueo de capitales de la familia del dictador Teodoro Obiang. Dicha trama se articularía a través de un banco de Guinea Ecuatorial y una finca en Toledo de la que era propietario, entre otros, el empresario Adrián de la Joya, conocido porque su empresa Serena Digital había aparecido en la cuenta suiza del extesorero del PP Luis Bárcenas.  

La información sobre el blanqueo provenía de la grabación ilegal de una reunión entre agentes de Asuntos Internos y del CNI que en octubre de 2014 presuntamente realizó un redactor de la Información sensible, web regentada por la mujer del comisario, Gemma Alcalá, y su socio el periodista Daniel Montero.

Según el comisario Marcelino Martín Blas y el inspector Rubén López, perjudicados por la grabación y responsables del caso Nicolay, las pistas apuntaban a que para efectuar dicha grabación habían instalado un sistema en el teléfono del primero (entonces jefe de la Unidad de Asuntos Internos) y de su subalterno para, tras un periplo, dar a conocer la grabación a través de un medio digital y de un programa de Mediaset producido por Mandarina, en el que estuvo como protagonista estrella el pequeño Nicolás, acusando a estos investigadores y a los espías de manipular pruebas contra él mismo.

Nuevamente el comisario Carlos Salamanca y Villarejo habían echado mano de su productora de cabecera, Producciones Mandarina, cuyo equipo fue el que siguió a Bárcenas hasta Canadá en enero de 2013 y obtuvo a su regreso la recordada peineta.

En dicha productora trabajaba, a la sazón, la confidente que lograron colarle a la familia Bárcenas, Marisa Gallero, en la actualidad directora de comunicación de la empresa Madrid Destino, dependiente de Andrea Levy, concejala de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Madrid. En este caso, Gallero les haría el juego con la periodista Sandra Fernández, también ex de Mediaset —de donde salió para recalar en la web de Eduardo Inda como jefa de Nacional— y ahora directora de comunicación de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Sandra Fernández, como los dueños de Producciones Mandarina —Pedro Revaldería y Santiago Botello— están investigados en la querella del inspector Rubén López contra la cúpula policial del PP que la Audiencia Provincial de Madrid obligó investigar. 

2015: Villarejo se sabe investigado y prepara su defensa

Desde el primer reportaje de Público, Villarejo se sabe investigado. Así se desprende del sumario de la pieza Kitchen, que recoge sus denuncias infundadas ante la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía que comienza a poner el 19 de enero de 2015, mencionando ya a este diario y a una de sus periodistas. El terremoto se avecina. "No sabes lo que es enfadar a esa gente", susurraban los mandos policiales cuando se les preguntaba por el comisario.

Y ver cabreado a Villarejo hizo que más de un policía, como el comisario Enrique García Castaño, fuera cavando su trinchera de la mano del entonces Secretario de Estado de Interior, Francisco Martínez Vázquez.

En febrero de 2015, García Castaño, alias BIG o El Gordo, le envía a Martínez información sobre negocios en Cracovia y cuentas en las Islas Antillas Holandesas de Javier Sánchez Lázaro, el amigo de Luis Bárcenas que aparece en el Registro Mercantil en la empresa Netcheck y cuyo hermano, Fernando, había recibido medio millón de euros del comisario Carlos Salamanca en diciembre de 2012. Amigo que, pese a lo anterior, y según confirmaría este mensaje de 2015 (ver bajo el siguiente párrafo), aún no aparecía en las diligencias de la UDEF.

Así lo muestran estos documentos que constan en el sumario, y que son el volcado realizado ante notario del teléfono de Francisco Martínez, número dos del ministro de Interior Jorge Fernandez Díaz, y, en concreto, de un intercambio de mensajes con el comisario Enrique García Castaño.

El 10 de marzo de 2015, Javier Ayuso publica en El País el entramado empresarial del comisario, al cual se podía acceder desde el Registro Mercantil, y concluye que posee 12 sociedades con 16 millones de euros de capital. Un patrimonio difícil de justificar con el salario de un funcionario. La información de acceso público, y que no está dentro del marco que la Ley de Enjuiciamiento Criminal recoge para las empresas y agentes que participan en misiones encubiertas, obliga al ministro del Interior de entonces, Jorge Fernández Díaz, a que se abra una investigación para saber si son compatibles o no las actividades del supuesto "superpolicía". 

Mes y medio después, el 17 de abril, el comisario José Manuel Villarejo acude a declarar como testigo del presunto estafador Francisco Nicolás; una especie de prólogo de lo que sería el despliegue de su defensa a partir de ese momento, ya que ese día menciona al juez Arturo Zamarriego, que había participado junto al comisario Marcelino Martín Blas en desentrañar la hasta entonces no reconocida Operación Cataluña. 

La declaración de Villarejo coincide casi en el tiempo con las elecciones autonómicas de ese mes de mayo y, ante la previsible pérdida de la presidencia de la Comunidad de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal consigue destino para su guardia de corps, Andrés Gómez Gordo (apodado Cospedín por Villarejo), como jefe del servicios de vigilancias de la UDEF. Sin embargo, según declaró en el caso de la doctora Elisa Pinto, a pesar de sus nuevas responsabilidades, Gómez Gordo logró encontrar horas para echar una mano en la DAO de Eugenio Pino, junto al jefe de gabinete del número dos de la Policía, José Ángel Fuentes Gago.

Además, hay otro hecho relevante para la maniobra que lleva a cabo en este momento la brigada política y que explicó el pasado jueves el agente de la UDEF Manuel Morocho en la comisión de investigación sobre la Operación Kitchen, que tiene lugar en el Congreso de los Diputados: el juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional había elevado a procedimiento abreviado varias partes de la causa Gürtel mediante un auto, por lo que pensaban que la inscripción de las gestiones de la Operación Kitchen en la base de datos de inteligencia de la policía GATI (Grupo de Análisis y Tratamiento de la Información) pasaría desapercibida para la UDEF. 

El autor fue el propio Cospedín, de quien no se fiaba García Castaño por haberse hecho antes que él con los discos duros de Bárcenas y habérselos entregado a su jefa, la entonces secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, quien introduce en el GATI algunos de los datos que desde 2013 la brigada política había obtenido en la llamada Operación Kitchen. Así lo explica Pino:

Fiscal: El documento está fechado el 13 de mayo de 2015. ¿Usted tiene que dar la orden para que este documento nazca, digamos?

Eugenio Pino: Tenemos un automatismo, tenemos una unidad de inteligencia que manda el comisario Fran en la Unidad Central Operativa que puede preguntar y seguro que le contestará sobre todo lo relativo a esa nota, por qué se produjo, porque evidentemente hay unos indicativos, una serie de motivos…

F.: ¿No se lo ordena usted al señor Gómez Gordo?

E.P.: No, es automático.

F.: Le tengo que preguntar cómo es el señor Gómez Gordo el que la rellena, no era director de seguridad de Castilla-La Mancha?

E.P.: Gómez Gordo en esa época ya no era…

F.: En 2015 ya no, o sea, que pone a su disposición un confidente pero…

E.P.: Le voy a contar una cosa, los últimos controles del chófer…

F.: Los últimos controles, ¿y cuándo son los últimos controles? Se lo pregunto porque esta nota informativa o parte informativo se fecha el 13 de mayo de 2015.

E.P.: Vamos a ver, no les quiero molestar ni importunar, lo que les digo es que los últimos controles que se le pudieron hacer al chófer... Había abandonado voluntariamente Castilla-La Mancha [se refiere a Gómez Gordo] y había ingresado nominalmente en la UDEF.

F.: En esta plantilla no se incluye ninguna de las tres casillas siguientes: se inicia, se amplía o se concluye.

E.P.: Pero, vamos a ver, yo le ruego que hable con propiedad…

Sólo dos días antes de que Gómez Gordo introduzca la Operación Kitchen en el GATI, Villarejo pone una querella que se publica bajo el titular Ofensiva judicial de Villarejo: acusa al CNI del robo de fondos reservados en otro de sus medios favoritos, El Confidencial. La querella era contra la jefa de gabinete de Soraya Sáenz de Santamaría como vicepresidenta del Gobierno, María Pico; dos agentes del CNI; el comisario Marcelino Martín Blas y el inspector Rubén López; el juez del caso del Pequeño Nicolás, Arturo Zamarriego; los fiscales Anticorrupción José Grinda y Juanjo Rosa, y los periodistas Javier Ayuso (El País) y Patricia López (Público). 

En la querella, que no es admitida a trámite a pesar de todos los intentos, se encuentran todos los hits que Villarejo lleva repitiendo a lo largo de estos años sin ningún fundamento, pero no cita la Operación Kitchen. Por ejemplo, acusa a todos de ser una especie de comando del CNI que se ha quedado con parte del dinero de unos terroristas en Siria, asegura que le están persiguiendo por denunciar al entonces director del CNI Félix Sánz Roldán y desvela que hay al menos 60 liberados como él en la Policía que hacen servicios especiales. 

Sin embargo, a pesar de las turbulencias judiciales y mediáticas, Villarejo no perdió nunca a sus 'fieles', que se encuentran repartidos entre algunas empresas del IBEX y el mundo judicial, policial, mediático y político. Así queda reflejado a lo largo de las 31 piezas del sumario Tándem, de las grabaciones de sus conversaciones y de los hechos que ocurrieron entre 2015 y 2017. 

Salamanca y Garzón "habemus": la estrategia judicial

La presión se va acentuando. Cada vez son más las informaciones sobre los negocios de Villarejo, sus operaciones al margen de la ley, él solo se enreda en una multitud de querellas y demandas que quedan reflejadas en sus agendas... 

En 2016, Villarejo entrega a los hermanos Ramón e Higini Cierco, dueños de la Banca Privada de Andorra (BPA) y que habían desvelado las cuentas de la familia Pujol a la Policía española, unas notas informativas para que acusen al comisario Marcelino Martín Blas —en ese momento protegido por el juez Zamarriego en una comisión judicial— de haberles amenazado para hacerse con los datos bancarios de la familia del expresident de la Generalitat. 

En esas notas informativas, realizadas tres de ellas ya en 2015, cuando se sabía investigado, se menciona por primera vez al cocinero --apodado así el chófer de Luis Bárcenas, Sergio Ríos-- y la Operación Kitchen, acusando al excomisario de Asuntos Internos de haberla llevado a cabo.

Ya lo había intentado un año antes a través de su exsocio Daniel Montero y de otro de sus hombres de confianza a través de El Español, mediante la publicación de un escrito que Rosalía Iglesias, la esposa de Bárcenas, había redactado en el despacho del abogado Javier Gómez de Liaño, según aseguró el extesorero del PP a Público, y al que el comisario contestó con una misiva señalando a su compañero.

Ese documento, como han explicado tanto García Castaño como Pino en sus declaraciones de Kitchen, ya había sido publicado por Pedro J. Ramírez a finales de 2013 en El Mundo. Es decir, Villarejo lo utilizó para hacer ruido. De hecho, hasta el chófer de Bárcenas ha negado conocer a Martín Blas y al inspector Rubén López y ningún documento acredita que participaran en los seguimientos. 

Lo que sí está acreditado es que Villarejo y Adrián de la Joya estuvieron trabajando para los hermanos Cierco hasta al menos el año de la detención del comisario, 2017, y comunicándose con la secretaria general del PP y su marido, amigo del comisario desde hace 30 años, Ignacio López del Hierro.

También con el exjuez Baltasar Garzón, abogado de clientes de la Banca Privada de Andorra y estrecho colaborador de los dueños, además de administrador único del despacho que lleva la defensa de los comisarios Eugenio Pino, Enrique García Castaño y Carlos Salamanca; y con Javier Iglesias, El Largo, hombre de Cospedal, abogado de los hermano Cierco y el letrado que le propuso a Bárcenas manipular los papeles de la supuesta contabilidad B del PP. Una prueba más de que las operaciones Kitchen y Cataluña servían a unos mismos intereses.  

Incluso, en 2016 y 2017, Carlos Salamanca y José Manuel Villarejo resucitan a los hermanos Sánchez Lázaro, los amigos de Bárcenas y fundadores del PP, que siguen entonces con problemas.

Es a través del gran olvidado de Tándem, el comisario Carlos Salamanca —quien probablemente tuvo mucho que ver en la obtención de la 'peineta' del extesorero y en la introducción del chófer como su empleado, como explicó Público en el primer capítulo de esta serie— que Fernando y Javier Sánchez Lázaro se convierten en dos personas relevantes en la agenda del comisario.

La anotación de ese 15 de noviembre de 2016 es muy explícita: "Fdo. S. Lázaro [Fernando Sánchez Lázaro] tiene mucha información de todo el PP, tanto de Madrid como nacional. Muy en la línea de Salas [Carlos Salamanca]".

En 2017 hay otra que demuestra la confluencia de intereses, ya no solo con los hermanos Sánchez Lázaro, en este caso con Javier, el íntimo amigo del extesorero. También con el letrado Javier Iglesias.

Pero estaban tranquilos. Villarejo y Adrián de la Joya comían ese 2017 con el jefe del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), José Luis Olivera, con quien el empresario bromeaba acerca de llevar veinte años blanqueando dinero con el mismo comisario que en 2017 debería haberle llamado a declarar por aparecer como avalista en esa cuenta de Luis Bárcenas en Dresdner Bank que desató la tormenta en enero de 2013. También se veían, llamaban y compartían intereses con Baltasar Garzón y su pareja, la actual fiscal general del Estado, Dolores Delgado, como se refleja en las agendas del comisario incautadas en sus registros.

Es el comisario Carlos Salamanca quien organiza esas comidas con el dueño del despacho que ahora lleva su defensa, el exjuez Baltasar Garzón, su compañera (la actual fiscal General del Estado, Dolores Delgado) y otro juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, que tuvo que retirarse de la causa Gao Ping, donde se juzgó a Salamanca y al hermano de Cospedín por los estrechos vínculos con el entonces comisario de Barajas.

Por eso no es de extrañar que cuando el comisario Salamanca fue detenido en el marco de la operación Tándem fuera el despacho del que es administrador único Baltasar Garzón, Illocad, el que se hiciera cargo de su defensa, y después siguiera asumiendo como clientes al ex número dos de la Policía, Eugenio Pino, y a su íntimo amigo —llegó a abrir el baile de su boda— Enrique García Castaño.

La fiscalía ha preguntado por esta unión, que quedó registrada en una frase, "Garzón habemus", expresión similar a la que años antes había utilizado un trabajador de los hermanos Cierco cuando el Tesoro americano fue a por ellos y poco después la Policía inició la Operación Cataluña. Quedó registrada en las escuchas de la Guardia Civil de la Operación Clotilde. Ahora son sus clientes quienes hacen alegoría de esa expresión, parecida al "Hemos cogido a Garzón para que actúe", que trajo algunos quebraderos de cabeza al letrado, como se puede oír a continuación:

Fiscal: El 6 de junio de 2019, al hilo de unas declaraciones judiciales que habría prestado el señor García Castaño, el señor secretario dice que "Él dice que el volcado fue legal porque el teléfono se lo dio el chófer, no hubo robo ni allanamiento". Y usted le contesta: "No lo sé, me ha llamado y me ha dicho que no va contra ti y que no ve problema". Es decir, ¿usted habló con el comisario Enrique García Castaño y le dijo que esa declaración no iba contra el señor Martínez Vázquez?

Pino: No lo sé, no lo recuerdo. Con el señor García Castaño he hablado algunas veces muchas veces y otras muy pocas.

F.: ¿Y cuando usted continúa la conversación diciendo "Garzón habemus", qué quiere decir "Garzón habemus"?

P.: No lo sé.

Sin embargo, parece que la estrategia de los abogados de Illocad no está saliendo redonda. En el registro del comisario Enrique García Castaño, detenido casi un año después que Villarejo y Salamanca, no se encontró un solo documento. Pero para demostrar su colaboración en Kitchen, Castaño entregó un pendrive con lo que supuestamente había puesto en manos del secretario de Estado pero nunca de la UDEF.

Esto, más el registro efectuado al chófer Sergio Ríos, ha acreditado que estos altos mandos policiales sí le quitaron al extesorero del PP documentación valiosa para la causa Gürtel que nunca pusieron en conocimiento de la Justicia, lo que ha motivado la apertura de una subpieza secreta y una gran desconfianza por parte de la Fiscalía y del juez.

Entre otras cosas, porque cuando detuvieron a García Castaño y registraron sus casas no se encontró ni un solo papel, aunque ahora con cuentagotas vaya entregando relevantes pruebas al juzgado, como se escucha a continuación:

Fiscal: Si el pendrive se lo dio al secretario de Estado, ¿esto lo imprimió antes de darle el pendrive? ¿O lo tiene en otro pendrive? Porque esto tiene que pasar por un punto intermedio, tendrá que pasar por un ordenador... ¿No estaba en ningún otro sitio?

García Castaño: En ningún lado, en ningún lado.

F.: ¿Y esto directamente se lo llevó a su casa? ¿O esto estaba en la comisaría general, en la UCAO [Unidad Central de Apoyo Operativo]?

G.C.: Estaba en la comisaría general.

F.: ¿Y cuándo se lo llevó?

G.C.: Cuando me cesaron me lo llevé.

F.: ¿Y usted se llevó toda la documentación que tenía en la UCAO? Porque como dice que hace copia de su trabajo...

G.C.: Mucha documentación sí que me llevé. La 'Operación Cataluña' la tengo completa. La 'Operación de ETA' la tengo completa. La 'Operación del Grapo' la tengo completa.

F.: Y tantos papeles... ¿y no encontramos nada en su casa? Ahora resulta que había un arsenal relacionado con fondos reservados y no encontramos nada en su casa.

G.C.: Pero si estaba allí, en un cajón, que ponía UCAO. ¿No se fijó usted cuando abrió los cajones... papeles con el escudo de la Policía que ponía UCAO? ¿No lo vio usted?