Clima de acuerdo en el nuevo Pacto contra la Violencia de Género pese a las discrepancias sobre la prostitución

La violencia de género en el espacio digital, en el mundo rural y la violencia vicaria. Son tres de los ámbitos en los que, según las fuentes consultadas, el nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género va a ampliar el anterior, que entró en vigor en 2017. A excepción de Vox, existe un clima de acuerdo entre las distintas fuerzas políticas poco habitual en casi cualquier otro tema en el Congreso. La subcomisión de seguimiento del Pacto es, de hecho, un "reducto" de sintonía entre el Partido Popular y el Partido Socialista, desliza una diputada del partido que dirige Alberto Núñez Feijóo.

Existen, por el momento, pocas discrepancias. "El trabajo está siendo muy serio y profesional por parte de todo el mundo", explica en conversación con Público Andrea Fernández, secretaria de Igualdad del PSOE y miembro de la subcomisión de la Comisión de Igualdad que está trabajando el nuevo Pacto de Estado. "El ambiente de trabajo es de lo más eficaz y ágil posible", corroboran desde el PP.

Pero sí que hay un tema, y ahí coinciden todas las voces consultadas, en el que hay divergencias: la prostitución y el proxenetismo. Tal y como ya demostró el intento del PSOE de prohibir el proxenetismo en todas sus formas a través de una proposición de ley en la Cámara Baja, que recibió, el mayo pasado, un "no" bastante rotundo por parte de los grupos que componen el arco parlamentario ―solo PSOE, Bloque Nacionalista Galego (BNG) y Coalición Canaria votaron a favor―, se trata de un elemento que genera choques por mucha voluntad de entendimiento que haya, como es el caso. 

Ya en aquel momento, el PSOE insistió en defender la iniciativa "por principios" a pesar de no contar con los apoyos suficientes. En Sumar, tal y como contó este medio, se abrió un debate entre el abolicionismo, que, igual que el PSOE, defienden algunos de sus miembros, y otras posturas más regulacionistas. Finalmente, salvo Podemos, que se abstuvo, el resto de fuerzas políticas votaron en contra de la admisión a trámite de la propuesta, que, así, no pasó ni el primer corte del Congreso.

De todas formas, tal y como apuntan fuentes del PP y corroboran diputadas presentes en la negociación como Etna Estrems, de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), en el grupo de trabajo se está siguiendo el mismo procedimiento que en 2017: cuando hay un asunto que genera discrepancias difíciles de salvar, se aparta y, en todo caso, se retoma al final. Es una manera de mantener la velocidad de crucero necesaria para que no se atasque el diálogo. De todas formas, las fuentes consultadas apuntan en que sí hay acuerdo en cuanto a la lacra para la sociedad que representa la trata de blancas y en eso sí que se va a incidir, seguro, en el redactado final del Pacto.

Para ese texto final, se han mirado con lupa las distintas medidas que ya contenía el Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017, que son casi 300 puntos. "Entre otras cosas, se ha revisado mucho el lenguaje", explica Estrems. Andrea Fernández explica que un Pacto de Estado es un documento multisectorial, es decir, que afecta a muchos ámbitos competenciales, con lo que es difícil resumirlo. Sin embargo, sí pone de relieve dos campos en los que el nuevo Pacto será novedoso con respecto al anterior. 

Explica que los nuevos datos y el desarrollo de las redes sociales han hecho imprescindible dar mucho espacio en el nuevo texto ―que aún no está terminado ni, por supuesto, consensuado― a la lucha contra la violencia de género que se da en el espacio digital. Por otro lado, también se está invirtiendo mucho tiempo en perfilar fórmulas para combatir cualquier tipo de violencia machista en el medio rural. Las fuentes consultadas del PP añaden que también se está poniendo especial atención a la violencia vicaria, que se da cuando los maltratadores utilizan la figura de los hijos e hijas para hacer daño a las mujeres maltratadas.

Además de todo lo dicho, Bel Pozueta, la representante de EH Bildu en la subcomisión que estudia el nuevo pacto, puntualiza que también se está trabajando profundamente en la formación en los diferentes sectores que intervienen en los casos de violencia de género: el judicial, el sanitario, las fuerzas de seguridad, etcétera. 

Etna Estrems pone sobre la mesa otro punto, que, tal y como explica a este medio, está siendo uno de los caballos de batalla de su partido. ERC está peleando para que en el texto final se contemple una realidad que, hasta ahora, había pasado más o menos desapercibida. "Los pisos de acogida", comenta Estrems, "habitualmente no aceptan animales de compañía". Eso es un problema, comenta la republicana, porque datos de VioPet, un programa gubernamental sobre el maltrato a animales domésticos vinculado a la violencia de género, dicen que hasta un 60% de las mujeres que tienen mascota tardan más que el resto en abandonar el hogar que comparten con un maltratador.

¿Acuerdo a principios de 2025?

El consenso más o menos general es que a principios de 2025 podría haber un principio de acuerdo e, incluso, sellarse el Pacto. Sin embargo, algunas voces deslizan que la estrategia de negociación que se está siguiendo ―acelerar el proceso con las materias sobre las que hay acuerdo y dejar para el final otras más delicadas― puede generar una sensación de más sintonía de la que realmente hay. Además de la prostitución, algún otro asunto como los temas relacionados con las leyes trans o de Garantía Integral de la Libertad Sexual ―ley de solo sí es sí― han puesto en alerta al Partido Popular.

Eso no quita, en cualquier caso, que la sensación de todas las fuentes consultadas es que el trabajo dentro de la comisión está siendo edificante y que se podrán sortear los escollos también en la fase final, aunque se agudicen y compliquen las negociaciones.

Isabel Pozueta califica el trabajo en comisión de "encaje de bolillos". Las diputadas —las negociadoras son todas mujeres— tienen que hilar muy fino para no pisar callos y lograr un acuerdo lo más amplio posible. Además, hay que tener en cuenta que el trabajo, a puerta cerrada, se lleva a cabo por dos vías. Por una parte, hay que pulir el contenido del anterior Pacto —ver las medidas que han funcionado, las que no y por qué—; por otro, avanzar en las materias innovadoras.

Tanto desde el PP, como desde el PSOE subrayan la importancia de que los dos grandes partidos caminen juntos en esto, a pesar de las discrepancias. Un Pacto de Estado no tiene rango de ley, pero ambas formaciones señalan el gran valor que tiene un consenso amplio de casi todos los partidos del hemiciclo en una materia como la violencia de género. Además de este Pacto de Estado, cuya primera versión obtuvo el visto bueno en 2017, solo se han aprobado tres más en la historia: los Pactos de la Moncloa (1977), el Pacto de Toledo (1995) y el Pacto contra el Terrorismo (2000).

Todas las fuentes remarcan que este tipo de iniciativas solo tienen sentido si abarcan la gran mayoría de las fuerzas políticas. En este caso, no podrán contar con Vox. La formación de extrema derecha está tratando de "obstaculizar" los diálogos entre las fuerzas políticas, señalan desde EH Bildu. Desde el PP lo corroboran: "Vox no entra en este tipo de cuestiones".