Ciudadanos se olvida del contrato único en su negociación con el PSOE

Ciudadanos ha entregado al PSOE un documento con sus "objetivos prioritarios" en esta legislatura, entre los que no incluye establecer un modelo de contrato único indefinido, pero sí un complemento salarial para las rentas más bajas, una propuesta de pacto nacional por la educación y el cierre del modelo territorial para lograr una supuesta "igualdad real" entre todos los españoles.

El documento se ha dado a conocer este viernes al comenzar la reunión entre el equipo negociador del PSOE y el de Ciudadanos, posterior al encuentro que mantuvieron el jueves el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que está intentando recabar el apoyo de otros partidos para ser investido presidente del Gobierno.

La formación naranja agrupa sus propuestas en cuatro grandes bloques, empezando por "un modelo económico y de crecimiento basado en la innovación, la competencia, el conocimiento, la igualdad de oportunidades y la transparencia" y "un pacto social que asegure empleo estable e ingresos dignos, unos servicios públicos universales, sostenibles y de calidad, igualdad efectiva entre hombres y mujeres y un verdadero derecho a la vivienda".

Asimismo, reclama "un sistema político comprometido con la lucha contra la corrupción, transparente, limpio, al servicio y a la altura de los ciudadanos" y "un marco constitucional actualizado que garantice la igualdad real de todos los españoles en una España unida y en una Europa unida".

Así, en el ámbito económico, Ciudadanos propone aumentar la inversión en I+D, eliminar los costes fiscales fijos para autónomos y emprendedores y la "burocracia radical" a la que se enfrentan, mantener "un firme compromiso" con la estabilidad presupuestaria, suprimir duplicidades administrativas.

También solicita medidas "concretas y eficaces" contra el fraude fiscal, acabar con las "distorsiones" del sistema fiscal "sin subir los impuestos a los que cumplen" y asegurar la independencia de los órganos reguladores, introduciendo más competencia especialmente en sectores oligopolísticos como el energético o el de las comunicaciones.

En el área de las políticas sociales, el partido de Albert Rivera apuesta por luchar contra la precariedad laboral con una "reforma del marco de relaciones laborales para generalizar la contratación estable e indefinida" y poniendo en marcha, "dentro de las restricciones presupuestarias", un complemento salarial para las rentas más bajas.

Además, pide un plan de choque contra el paro de larga duración, asegurar la suficiencia del sistema público de pensiones, igualar el permiso de paternidad al de maternidad y aumentar la duración de las prestaciones, aprobar "una verdadera ley de segunda oportunidad" que garantice la inembargabilidad de la vivienda habitual y ofrezca la posibilidad de que las familias reestructuren su deuda hipotecaria.

En el área social, C's plantea igualmente un sistema sanitario público y universal que no establezca "diferencias sociales o geográficas" entre los ciudadanos y, por último, un pacto nacional por la educación. Dentro de ese pacto, defiende universalizar la educación entre los cero y los tres años, un MIR para los profesores y condicionar la financiación de las universidades a la empleabilidad de los alumnos y la excelencia en la investigación.

En el apartado de regeneración y lucha contra la corrupción, la formación naranja quiere reformar la ley de partidos para incrementar la democracia interna, la transparencia y la rendición de cuentas; aprobar una ley electoral "justa y proporcional que haga posible la igualdad de voto de todos los españoles, la rendición de cuentas y la cercanía entre electores y elegidos"; y despolitizar la Justicia y dotarla de medios.

También exige un "compromiso previo de limpieza de imputados en listas y cargos", la supresión de aforamientos de los políticos, la prohibición de los indultos en los delitos de corrupción y un régimen de incompatibilidades "riguroso y transparente" y que incluya sanciones. Asimismo, propone crear "canales éticos y mecanismos de protección" para los empleados públicos vinculados a la lucha contra la corrupción dentro de la Administración.

Dentro de la reforma institucional y constitucional, defiende "culminar la organización territorial del Estado para asegurar la igualdad real entre todos los españoles" vivan donde vivan, fijando en la Constitución el mapa autonómico, clarificando las competencias, sustituyendo el Senado por un Consejo de Presidentes de las Comunidades Autónomas y eliminando las diputaciones provinciales al tiempo que se fusionan municipios.

Para acabar con la "partitocracia" plantea además garantizar la independencia de los órganos que controlan al poder legislativo y al ejecutivo, tanto los jurisdiccionales como los reguladores.

Por último, aboga por el cumplimiento de los compromisos europeos, por recuperar el protagonismo internacional de España, por reconocer en la Constitución la pertenencia a la Unión Europea y por introducir en el texto fundamental un procedimiento para la transferencia de soberanía a la UE.