Las primarias de Ciudadanos para las elecciones autonómicas en Castilla y León no tienen precedentes en el partido. No lo tienen por muchas razones, pero la más significativa es la participación de Silvia Clemente, expresidenta de las Cortes castellano y leonesas por el PP y fichaje de Rivera en la comunidad para presidir la Junta.

Es poco habitual que un proceso de primarias en Cs esté tan reñido como lo está en Castilla y León. Clemente compite contra Francisco Igea (son los dos favoritos), el que ha sido portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en el Congreso, un enfrentamiento político que ha logrado dividir (esto tampoco tiene precedentes) los apoyos de la dirección.

Los hombres más fuertes de la cúpula del partido han apoyado de forma pública a Clemente, desde el secretario general, José Manuel Villegas, hasta los miembros más importantes de la dirección del grupo parlamentario, Juan Carlos Girauta y Miguel Gutiérrez. Por otro lado, el cabeza de lista de la formación a las elecciones europeas, Luis Garicano, se ha posicionado del lado de Igea. Desde Ciudadanos sostienen que este enfrentamiento en las primarias no supone, en ningún caso, una rivalidad más allá de este escenario, pero el contexto que rodea a este proceso augura tensión.

Clemente llegó a la formación liderada por Albert Rivera después de una salida precipitada del PP, motivada por su enfrentamiento con Alfonso Fernández Mañueco, actual presidente de los conservadores en la comunidad. Este fichaje forzó la presentación de la candidatura de Igea, que manifestó su "rechazo" a la expresidenta de las Cortes y puso en duda que ella pudiera representar la regeneración que propugna Ciudadanos

Pero el pasado de Clemente en el PP no solo está ligado a una trayectoria política, sino que varios escándalos han alcanzado a su entorno (político y personal) más cercano. El más sonado tiene que ver con la adjudicación de subvenciones públicas a la empresa Patatas Meléndez, propiedad de su marido, cuando Clemente era consejera de Agricultura, y también posteriormente.

Este miércoles, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Léon ha desestimado el recurso presentado por la empresa contra una resolución de la Consejería de Agricultura que denegaba el pago de una subvención de 598.000 euros, según recoge EFE. El tribunal entiende que de las seis tareas cuya justificación y pago se pretenden en el expediente del proyecto que presentó esta empresa, cuatro ya fueron justificadas y pagadas por la Junta en 2013 en otro expediente de similares características, en un momento en el que Clemente estaba al frente de Agricultura y Ganadería.

El horizonte de Clemente, más allá de las primarias

Por otra parte, el TSJCyL aprecia indicios de una posible manipulación de documentos aportados en el expediente estudiado, al existir "dudas razonables sobre la autenticidad" de un informe referido al contrato en cuestión, fechado el 26 de septiembre de 2012, que fue aportado por la empresa en julio de 2016 y que sólo tiene en su primera página el membrete del Instituto Tecnológico Agrario (Itacyl) y la firma de Manuel Ariza, mientras que el resto de páginas carecen del membrete.

El varapalo del tribunal a Patatas Meléndez irrumpió como un estruendo en el acto de cierre de la campaña de Clemente, celebrado este miércoles en un hotel de Valladolid. A pesar de la polémica, la expresidenta de las Cortes autonómicas estuvo respaldada por dos de los hombres fuertes de la dirección de Cs, el portavoz en el Congreso, Juan Carlos Girauta, y el secretario general del grupo parlamentario, Miguel Gutiérrez.

Entre el viernes y el sábado, los afiliados del partido en Castilla y León escogerán al candidato a la Junta, una decisión que, sin duda, está marcado por el futuro de Clemente, sobre el que pesa un posible horizonte judicial. Su fichaje responde a un intento de la formación de alcanzar el voto rural en una comunidad que, de facto, siempre ha sido un feudo del PP, cuyas estructuras se extienden a casi todos los municipios castellano y leoneses.

Igea fue el principal impulsor de la ley de muerte digna en el Congreso de os Diputados, una norma que logró salir adelante en la Cámara Baja, pero que no pudo completar su trámite a causa del adelanto electoral.