La expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes ha presentado este martes, a las 10.30 horas, su renuncia al acta de diputada regional en la Asamblea de Madrid, según han informado fuentes parlamentarias a Europa Press.

Se trata del último cargo público que ostentaba Cifuentes, tras sus dimisiones como presidenta regional y del PP madrileño, que se produjeron tras estallar la polémica del máster y tras publicarse un vídeo en el que se la habría pillado supuestamente robando en un supermercado.

La expresidenta regional ha renunciado a su escaño mediante una carta dirigida a la Mesa de la Asamblea, registrada en el Parlamento madrileño, donde subraya que la decisión se hace efectiva desde la fecha de hoy, 8 de mayo.

Según han indicado a Efe fuentes del PP, lo más probable es que el acta de Cifuentes la asuma Lucía Fernández, quien ocupa el número 78 de la lista electoral con la que el PP concurrió a las elecciones autonómicas de 2015, ya que los dos nombres que le anteceden en la papeleta -Federico Jiménez e Ignacio Tremiño- forman parte del Ejecutivo.

En lo que va de legislatura, la lista del PP, con 48 diputados, se ha movido en decenas de puestos, dada la inclusión en el Gobierno de algunos diputados que han debido renunciar a sus actas, pero también debido a dimisiones a causa de investigaciones por corrupción como la del exalcalde de Móstoles Daniel Ortiz o la de Josefa Aguado.

Sin aforamiento ni fuero

Cristina Cifuentes ha perdido así el aforamiento del que gozaba ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). También se quedó sin el fuero que ostentaba ante el Tribunal Supremo tras su dimisión como presidenta regional. Este privilegio viene contemplado en el artículo 25 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, que establece que "la responsabilidad penal del presidente de Gobierno, vicepresidentes y de los consejeros será exigible ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo".

A día de hoy, sería un juzgado ordinario el que investigara a Cifuentes si se abriera una causa judicial contra ella, un supuesto que no se da actualmente. Aunque no está imputada, Cifuentes está bajo la lupa de la Justicia por el contrato de la cafetería de la Asamblea de Madrid al Grupo Cantoblanco siendo ella vicepresidenta del Parlamento madrileño, asunto incluido en la trama Púnica.

Asimismo, en su declaración de febrero ante el juez, el exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados implicó a Cifuentes y a la expresidenta regional Esperanza Aguirre en la 'caja B' del partido, afirmando que eran conocedoras de la presunta financiación del PP de Madrid.

Tras sus manifestaciones, Cifuentes interpuso una querella contra Granados. Sin embargo, la juez rechazó la misma ya que a su juicio la conducta de su excompañero de partido no podía encuadrarse en un delito de "trato degradante, calumnias e injurias", tal y como le acusaba la exdirigente regional.

Además, es sin ser investigada la protagonista de la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción por un delito de falsedad documental en relación al máster que cursó la exdirigente madrileña en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (RJCM).

La polémica de este máster junto a la publicación de un vídeo en el que la expresidenta madrileña aparecía robando unos cosméticos en un supermercado precipitaron su renuncia a los cargos de presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid. Hoy le ha tocado el turno a su escaño en la Cámara regional.

Esta causa se encuadra en la denuncia presentada por una catedrática de la Universidad de Salamanca, así como sobre el acta relativa a la defensa de este trabajo. Este jueves, comparecen como investigadas una de las profesoras que firmó el acta del Trabajo de Fin de Máster y la funcionaria que habría retocado las notas.