Este artículo se publicó hace 8 años.
Chaves ratifica su declaración ante el Supremo e insiste en que su Gobierno "nunca aprobó una decisión ilegal"
Los dos expresidentes de la Junta de Andalucía, que declaran este miércoles por el caso de los ERE, han sido increpados a su llegada a los juzgados de Sevilla con gritos de "chorizo" o "PSOE y PP la misma mierda es".
-Actualizado a
SEVILLA.- El expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves ha comparecido este miércoles como investigado ante el juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos y ha ratificado la declaración que prestó en abril de 2015 ante el Tribunal Supremo, insistiendo posteriormente a través de un comunicado de prensa en que en los Consejos de Gobiernos que presidió como máximo responsable de la Junta "nunca se impulsó, se mantuvo o se aprobó una decisión ilegal".
Chaves ha comparecido entre las 9.58 y las 10.28 horas ante el juez Álvaro Martín y ha ratificado íntegramente su declaración del 14 de abril en el Supremo, donde, según el comunicado que ha difundido una vez concluida la comparecencia, "presté declaración durante varias horas y contesté a todas y cada una de las preguntas que me formularon el magistrado instructor y el Ministerio Fiscal", tal y como consta "en la transcripción de la misma, de 49 páginas, que está incorporada a la causa".
Una vez Chaves ha ratificado la declaración prestada en el Supremo, la Fiscalía Anticorrupción ha dejado consignadas por escrito entre 15 y 20 preguntas sobre diversas ayudas a empresas de la Sierra Norte de Sevilla o vinculadas también a Juan Francisco Trujillo, exchófer del exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero.
Tanto Manuel Chaves como José Antonio Griñán estaban citados este miércoles a declarar por segunda vez en el caso de los ERE, ya que lo hicieron en abril del 2015 ante el Tribunal Supremo cuando eran parlamentarios y aforados. Tras perder esa condición han sido citados por el juzgado de instrucción 6 de Sevilla "para garantizar suficientemente" su derecho de defensa y el principio de igualdad de las partes ante el proceso.
Manuel Chaves llegaba en coche hasta la misma puerta de los juzgados en medio de un amplio dispositivo integrado por agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, que han dispuesto vallas de seguridad que separan a los comparecientes de las personas y los medios de comunicación allí congregados.
Chaves, que ha declinado realizar declaraciones públicas antes de su comparecencia judicial pese a la insistencia de los periodistas, ha sido recibido a su llegada a los juzgados entre gritos de "chorizo" y consignas como "no hay pan para tanto chorizo" o "PSOE y PP la misma mierda es" pronunciadas por un grupo de ciudadanos allí congregados.
Al igual que Chaves, Griñán ha sido increpado cuando ha llegado en coche junto a sus escoltas hasta las puertas de los juzgados. La llegada de Griñán se ha producido minutos después de que Chaves saliera de los juzgados, momento en el que ha vuelto a ser increpado
Por otra parte, José María Mohedano, abogado de Griñán, presentó un escrito, que no ha sido atendido, para evitar que se citara al expresidente porque considera que esta diligencia "no garantiza ni el derecho de defensa ni el de igualdad. Sólo garantiza el 'paseíllo'".
Tras la petición de la Fiscalía Anticorrupción, Chaves, que fue presidente entre 1990 y el 2009, había sido citado a las 10.00 horas y una hora después Griñán, que le sucedió al frente del Gobierno andaluz, en el que estuvo hasta 2013. El juez también citó, a las 12.00 horas, al exconsejero de Empleo José Antonio Viera, que ya compareció en el Supremo cuando era diputado.
El juez de refuerzo Álvaro Martín ha citado a los tres dentro de la pieza de los ERE denominada del procedimiento específico, que fue el creado por la Junta de Andalucía para ayudar a empresas en crisis y que supuso el desembolso de 855 millones de euros entre los años 2000 y 2012, según dijo la magistrada que abrió el caso, Mercedes Alaya.
En esta pieza del procedimiento específico, en la que se investigan los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, se incluyen como investigados, antes imputados, a 51 exaltos cargos de la Junta de Andalucía, aunque el juez no ha precisado aún los delitos que imputa a cada uno de ellos.
Esta pieza, la más avanzada en el caso y que el juez podría remitir a la Audiencia de Sevilla este año para que sea la primera que se enjuicie, se considera clave porque afectará al resto de la causa, en la que hay 275 imputados y se empezó a instruir hace cinco años.
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