El pasado 3 de octubre llegaba al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la queja del empresario de origen francés Bruno Alexandre Da Silva, afincado en Mallorca desde hace más de 20 años, contra la magistrada Samantha Romero, que fue presidenta del tribunal que absolvió al magnate de la noche mallorquina Bartolomé Cursach y al resto de los acusados del caso Cursach, sobre una mafia policial, política y empresarial.

El empresario declaró como testigo de la Fiscalía, en aquel juicio que acabó, el 1 de diciembre de 2022, con el fiscal Tomás Herranz entre lágrimas, pidiendo perdón a los acusados, incluido a Cursach pese a no haberle escuchado en la vista oral, pues se negó a declarar. La jueza Romero también se mostró emocionada en aquel momento.

Casi un año después del juicio, Bruno Alexandre Da Silva comunica en su queja al CGPJ los indicios que "podrían poner en duda su imparcialidad" en relación a Samatha Romero. Y enumera en su escrito, al que ha tenido acceso Público, las diferencias de trato entre los testigos que, como él, declararon contra el magnate Cursach y los que le defendieron. 

Dice Da Silva que eleva su queja en este momento porque acaba de comprobar que el tribunal que ha juzgado hace unas semanas precisamente a los investigadores del caso Cursach, entre ellos el juez Penalva y el fiscal Subirán, ha mostrado una actitud diferente a la que exhibió Samantha Romero.

"Desde el principio parecía querer intimidarme (...) No puedo menos que pensar que el tono y la impostura de la magistrada Samantha Romero, durante el proceso a Cursach, parecía ser provocados por algún tipo de interés que desconozco, motivo por el cual presento esta queja con impresiones personales y datos objetivos, para que se investigue si todo lo vivido durante el juicio de Cursach es normal o ha sido algo excepcional que merece algún tipo de reproche por su parte", consta en la queja.

El coordinador de Vox en Menorca

El empresario describe en su queja las coincidencias temporales entre la sentencia del caso Cursach y el ascenso del esposo de la magistrada Romero como coordinador de Vox en Menorca.

"El 22 de diciembre de 2022 se publica la sentencia absolutoria del caso Cursach; el 26 de diciembre de 2022, cuatro días después de la publicación de la sentencia, Francisco José Cardona Vidal, marido de la magistrada Samantha Romero, es nombrado nuevo coordinador de Vox en Menorca, tras el repentino e inesperado cese del anterior ocupante de ese puesto", consta en la queja al CGPJ. 

"El 29 de enero de 2023, alrededor de 100 'afectados' por este caso se manifiestan ante el Ayuntamiento de Palma, encabezando la manifestación el edil de Vox, Fulgencio Coll", prosigue Da Silva. 

Para este empresario, "la influencia y cercanía del entorno de Cursach con el partido político resulta evidente en la manifestación conjunta que realizan ante el Ayuntamiento de Palma, un mes después de la publicación de la sentencia que le absuelve". Y se pregunta: "¿Es posible que el hecho de la cercanía temporal de la publicación de la sentencia, con el nombramiento político del marido de la presidenta del tribunal, puedan tener algún tipo de relación?", instando al órgano del gobierno de los jueces a que lo investigue.

El 'caso Nóos' y un cura amigo

Samantha Romero presidió también el tribunal del caso Nóos, que absolvió a la infanta Cristina de Borbón --la condenó solo como responsable civil a título lucrativo--y condenó a su marido, Iñaki Urdangarin, a seis años de prisión por varios delitos, entre ellos, el de prevaricación. La Fiscalía pedía 19 años para Urdangarin.

Precisamente en el transcurso de aquel histórico y largo juicio arrancó la relación sentimental ente la jueza Romero y el exsacerdote Francisco (Xisco) Cardona Vidal, que resultó ser íntimo amigo de Diego Torres, exsocio de Urdangarin, y que finalmente fue también condenado en el caso Nóos. Esta información, replicada por muchos medios de comunicación, fue adelantada por el diario El Mundo, en octubre de 2016, cuando aún no se había dictado la sentencia. El fallo judicial rebajó considerablemente las penas para todos los acusados.

El menorquín Xisco Cardona es diputado por Vox en el Parlamento balear y sacerdote secularizado; mantiene un bufete dedicado a las nulidades matrimoniales eclesiásticas. 

El trato de la magistrada

La declaración como testigo de Bruno Alexandre Da Silva, el 17 de octubre de 2022, en el juicio de Cursach fue muy tensa, en parte debido a la actitud del fiscal Tomás Herranz. En teoría y según las reglas procesales, el fiscal citó al empresario para que con su declaración apuntalara la acusación de inducción a la prevaricación que pesaba sobre los acusados, pero resultó que lo llamó para desacreditarle, a tenor de cómo se desarrolló el interrogatorio. 

La primera pregunta que le formuló el fiscal Tomás Herranz fue "¿Ha sido usted condenado en alguna ocasión?" Bruno Alexandre Da Silva explicó que sí, que fue condenado por abrir una página web en la que a través de un personaje ficticio --pero que se refería a Bartolomé Cursach--, relató varios episodios sobre las presuntas prácticas mafiosas que se vivían en Mallorca. Tuvo que pagar una multa por aquella condena. 

La presidenta del tribunal se enojó porque según avanzaba el interrogatorio del fiscal y de los abogados defensores se percató de la enemistad de Da Silva con Cursach. "¿Por qué a mí no me ha contestado sobre la relación de amistad o enemistad? Esto es relevante", le espetó la magistrada. 

En su escrito, Da Silva explica que la jueza Romero "me trató como a un imputado, perdón, no como a un imputado, al menos a ellos les permitió hablar; en todo momento tuve la sensación que no le importaba lo más mínimo lo que tenía que declarar. Al inicio de mi declaración me preguntó de qué conocía a Bartolomé Cursach y a Bartolomé Sbert [mano derecha del magnate]. Intenté explicar el problema que tuve con ellos, pero no me permitió especificar". 

"Si esta señora magistrada se hubiera estudiado algo de la causa sabría de sobra que, evidentemente, mantengo enemistad con Cursach y Sbert, pero no solamente con ellos, también con todo su entorno y amigos, aunque no de forma gratuita y por simple antipatía, sino porque soy uno de esos empresarios que, a lo largo de su vida, el Sr. Cursach ha mandado a la ruina (...) La enemistad no está reñida con el relato de la verdad", expone Da Silva.

La jueza le advirtió sobre la posibilidad de imputarle por falso testimonio. "Quiere callarse y escucharme a mí, le he dicho antes de empezar que si miente se puede deducir falso testimonio, usted ha omitido datos muy relevantes tanto de las relaciones de enemistad y las relaciones con empresarios que he mencionado (...) Si continúa de esa manera, y tenemos indicios para pensar que está mintiendo... La paciencia está al límite". 

El testigo aduce que el trato recibido no fue el mismo que dispensó la jueza a otros testigos que declararon en un sentido opuesto, como, por ejemplo, el presidente de la patronal de los locales de ocio en Mallorca, que negó en el juicio trabajar en beneficio de Cursach. Este testigo "no quiso desvelar la identidad de un policía para, manifestó a la magistrada, no ponerlo en un compromiso. Algo que la magistrada le permitió", narra Da Silva. 

Sin embargo, "cuando me tocó a mí lo mismo, la magistrada dijo que estaba obligado a decirlo o de lo contrario estaría cometiendo un delito.
La doble vara de medir de la magistrada ha causado que se cayese la venda de la justicia en ese tribunal", zanja Da Silva. La magistrada le respondió airada ante la negativa a desvelar el nombre del agente: "Vamos sí lo va a decir, ya lo creo, porque si no estará cometiendo un delito". 

Los competidores de Cursach

Da Silva ha explicado que aquel testigo, presidente de la Asociación de Comerciantes y Empresas de Servicios Turísticos de Mallorca (Acotur), le desaconsejó abrir un local en la localidad turística de Magaluf. "Me dijo que aquello era Siria, que si fuera yo se iría porque iba a haber tiros".

Los problemas de Bruno Alexandre Da Silva con el magnate Cursach se remontan a 2003, cuando regentaba un túnel de lavado al lado del centro de ocio de Cursach, el Megasport, en Palma. Pero tuvo que cerrarlo cuando se quedó sin clientes. "Su manera de echarme para que el negocio se lo quedara un amigo fue dejarme sin clientes", dice este empresario a Público. 

También regentó un local nocturno en El Arenal, al que la Patrulla Verde de la Policía Local de Palma, la sección encargada de velar por el cumplimiento de las normas de los locales de ocio, le bombardeó con sanciones por infracciones que él niega. En el juicio relató que en el mes de agosto de 2016  se personó en su local una patrulla de paisano cada dos días, hasta 12 veces.