La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha otorgado hoy amparo al juez instructor de la causa abierta por el "procés", Pablo Llarena, ante la demanda presentada contra él en Bélgica por los procesados huidos, que tacha de "ataque planificado" a su independencia.
En opinión de este organismo, la demanda, presentada por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los exconsejeros fugados intenta "sin disimulo alguno, someter las actuaciones soberanas del Estado español a la jurisdicción de un Estado extranjero".

El CGPJ promete que se adoptarán "todas las medidas necesarias" para garantizar la independencia de Llarena, "incluidas las medidas relativas a la integridad económica que proporciona el artículo 296 de la Ley Orgánica del Poder Judicial", y pedirá a los Ministerios de Exteriores y Justicia que aseguren "la integridad e inmunidad de la jurisdicción española ante los tribunales del Reino de Bélgica". 

Concretamente, el órgano de gobierno de los jueces,  pide que la Abogacía del Estado arbitre una fórmula para representar al juez español ante la demanda presentada por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros acusándole de falta de imparcialidad y de vulnerar su presunción de inocencia.

El amparo del Consejo, ante lo que el órgano de gobierno de los jueces considera "un ataque planificado a las condiciones de independencia en las que desarrolla su labor jurisdiccional", consistirá también en arbitrar las medidas relativas a la integridad económica del magistrado. Es decir, que el Estado asuma la condena -Puigdemont le reclama un euro de manera simbólica- y las costas que se deriven de una eventual condena.