La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha defendido este domingo que la reforma educativa pretende retirar "los desequilibrios" en la educación concertada para que "avance y trabaje" junto a la pública.

"La educación no es una mercancía, está sujeta a la programación", ha señalado en una entrevista en La Sexta en la que ha asegurado que durante el Gobierno de Rajoy se retiraron "recursos importantes" de la educación pública.

A su juicio, es preciso actuar sobre ella con "un sistema de compensación" porque funciona como un "eje vertebrador" y "representa el pluralismo de la sociedad".

La educación concertada

Sobre la LOMLOE, la ministra ha explicado que la educación concertada "se respeta, existe y cumple son sus fines sociales" de "trabajar en el sistema y acompañar a la pública". El cambio real es que se añade un paquete de medidas destinadas a corregir la segregación del alumnado por razones socioeconómicas, por sexo u otras razones.

"No toda la concertada es igual", ha avisado Celaá, al tiempo que ha alertado sobre "desequilibrios" en estos centros educativos que son "imprescindibles retirar" para que "avance y trabaje" junto a los colegios e institutos públicos.

En este sentido, ha aclarado que "la programación de la enseñanza es competencia de las administraciones públicas", que deben velar por "cuántas plazas de calidad tienen que ofertar". "Esto no es un negocio", ha apuntado, para después recalcar que "la demanda social" que señalaba la LOMCE "ha desaparecido" pues "la programación es competencia de las administraciones para establecer su oferta".

El castellano

Preguntada por la declaraciones del expresidente del Gobierno José María Aznar, en las que decía que "intentar exterminar el castellano en Catalunya y Euskadi es una majadería", la titular de Educación ha aclarado que "la libertad de enseñanza está perfectamente y consagrada en el proyecto de ley".

Además, ha preguntado que si el castellano "sufría antes de la LOMCE" cuando se estableció como 'lengua vehicular'. "La disposición adicional es garantista", ha reclamado.

En este sentido, el texto añade que las administraciones educativas deberán controlar que al final de la enseñanza obligatoria exista un "dominio pleno" del castellano así como de la lengua cooficial que haya en su comunidad.

Los centros de educación especial

Respecto a los centros de educación especial, Celaá ha afirmado "con toda rotundidad" que se van a mantener y ha explicado que el objetivo de la LOMLOE es que en los centros ordinarios, a los que "acude el 83% de los niños con discapacidades", tengan "los recursos para atender el desarrollo y la inclusión de estas personas".

Lo que se expone es un plan de diez años en el que el Gobierno y las Administraciones educativas trabajen, de acuerdo con el artículo 24.2.e) de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y en cumplimiento del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, para que "los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad".

"Los centros específicos tendrán el mismo apoyo o más, serán importantes centros y referencia por el patrimonio de conocimiento que llevan acumulando estos años", ha señalado.

Religión no desaparece

La reforma propone que esta materia sea de oferta obligatoria en los centros, pero de elección voluntaria. Se elimina, eso sí, la obligación para los que no eligen religión de cursar otra asignatura alternativa.

Se suprime también el artículo que permitía que Religión computara para la nota media del alumno y ya no contará ni para el acceso a la Universidad ni para la obtención de becas. Pero, en ningún caso, desaparece su oferta.