Arranca la tramitación parlamentaria de los presupuestos del Govern, convertidos en la cuenta atrás para la convocatoria de elecciones anticipadas. Horas después de que así lo anunciara el presidente de la Generalitat, Quim Torra, el vicepresidente y conseller de Economía, Pere Aragonès, ha comparecido junto al president del Parlament, Roger Torrent, para hacerle entrega del proyecto de presupuestos de la Generalitat, para que la cámara inicie su tramitación. En la comparecencia, ambos dirigentes de ERC han defendido la necesidad de sacar adelante unas cuentas que, consideran, "mejoran las condiciones de la gente".

El calendario de tramitación de las cuentas, que ahora mismo es decisivo para determinar cuándo serán los comicios, arranca oficialmente este mismo jueves, con el inicio del periodo de presentación de enmiendas a la totalidad que se alargará hasta el 8 de febrero. Los días 12 y 13, el Parlament vivirá el debate de enmiendas a la totalidad a los presupuestos, que no deberían prosperar gracias al acuerdo entre JxCat, ERC y los Comuns, presentado la semana pasada.

Posteriormente se presentarán las enmiendas parciales, que se votarán en las comisiones correspondientes a finales de febrero y, finalmente, el pleno final de aprobación de los presupuestos se celebrará el 18 de marzo, según ha anunciado Torrent. Si los presupuestos salen adelante, como está previsto, Torra podría firmar a partir de ese día el decreto de convocatoria de elecciones, que deberían celebrarse 54 días después. Ahora mismo, las fuentes consultadas apuntan que la primera fecha posible para acudir a las urnas sería el 17 de mayo.

Ahora bien, todo este escenario puede saltar por los aires en función de lo que haga el Tribunal Supremo. Si durante este periodo de tiempo el alto tribunal confirmara la condena de inhabilitación a Torra dictada por el Tribunal Superior Justicia de Catalunya (TSJC) por un delito de desobediencia, entonces se forzaría la convocatoria electoral, sin que las cuentas pudieran salir adelante.

Incremento del gasto en 3.070 millones

Los presupuestos de la Generalitat no se aprueban desde 2017. Desde esa fecha la administración autonómica ha funcionado con las cuentas prorrogadas. El proyecto del Govern, que tiene el visto bueno de Catalunya en Comú Podem, contempla un incremento del gasto de los departamentos de la Generalitat de 3.070 millones con relación a los de hace tres años.

Los aumentos de recursos son generalizados, pero destacan varias partidas, como salud, educación, cultura o la inversión pública. En sanidad el crecimiento será de 908 millones de euros –para un total de 9.659 millones–, y debe servir para aumentar la plantilla en unos 8.000 profesionales con relación en 2017 (un 11% más de plantilla), reducir las listas de espera y dedicar una cuarta parte de los nuevos recursos a la atención primaria.

En educación la mejora será de 818 millones, hasta alcanzar un total de 5.550, que deben permitir recuperar la financiación de las guarderías por parte de la Generalitat –con una partida de 70 millones–, conseguir una rebaja lineal del 30% de las tasas universitarias, así como mejorar equipamientos educativos y reducir algunos de los barracones que hay en las escuelas catalanas. También crece en 15 millones la partida de las becas comedor en primaria y se despliega la escuela inclusiva (54 millones). Otra de las áreas donde mejoran las cifras es en la inversión pública, que crece en 405 millones (25,7%) y se acerca a los 2.000 millones.

La cultura ganará un 14% de recursos y alcanzará los 298 millones, con lo que alcanzará el 1,1% del total, lejos del 2% que reivindica la plataforma Actúa Cultura, pero un paso adelante respecto al 0,65% que había ahora. También se desplegará la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), que contará con una dotación de 388 millones, 125 más de los que se destinaron en 2017. La vivienda o la acción exterior y la cooperación son otras áreas con aumentos importantes.

Acuerdo en diciembre para incrementar los ingresos

El acuerdo final del Govern y los comuns en el presupuesto de la Generalitat tuvo como paso previo al entendimiento en fiscalidad que ambas partes cerraron el 16 de diciembre y que debe permitir incrementar la recaudación anual en 543 millones. Este año, sin embargo, se limitará a 173 porque no se devengará un ejercicio completo. Cuando se presentó el acuerdo fiscal, el vicepresidente, Pere Aragonès, aseguró que se basaba en tres ideas: "Progresividad, fiscalidad verde y fiscalidad justa". En la práctica implica rebajar el IRPF a las rentas más bajas e incrementarlo a las más elevadas, eliminar algunas de las bonificaciones del impuesto de sucesiones, crear nuevos impuestos ambientales e incrementar la tasa turística, entre otros.

A nivel ambiental se creará un tributo sobre las instalaciones que impactan al medio ambiente, que grabará la producción, almacenamiento o transformación de la energía eléctrica, y el transporte de energía eléctrica, telefonía y telecomunicaciones por los elementos fijos instalados del suministro de electricidad o de las redes de comunicaciones, que debe recaudar 145,1 millones anuales, y se implementará el impuesto sobre emisiones de CO2 en los vehículos, que cuando esté plenamente activo debería aportar anualmente 155,5 millones.