Un juez de Madrid ha procesado a Eugenio Pino, quien fuera director adjunto operativo (DAO) de la Policía, por presuntos delitos de revelación de secretos, fraude procesal y falso testimonio en relación con el origen del pendrive con información de la familia Pujol.

El titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid ha terminado la instrucción de la causa y dictado auto de transformación en procedimiento abreviado, equivalente al procesamiento, el último paso antes de sentar en el banquillo a Pino y al otro procesado, el inspector jefe Bonifacio Díez Sevillano.

La causa se centra en el presunto origen ilícito de ese dispositivo de memoria que la Policía aportó al juez de la Audiencia Nacional que investiga la fortuna de los Pujol, José de la Mata, quien, sin embargo, lo anuló como prueba y encargó investigar de dónde lo habían sacado.

Ahora, el juez Juan Javier Pérez concluye que Pino, que fue número 2 de la Policía en la etapa de Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior y de Ignacio Cosidó como director del Cuerpo, y Díez "pudieron concertarse" para hacer llegar el pendrive a De la Mata "ocultando su ilícita procedencia".

Según el auto, al que ha tenido acceso Efe, éste contenía archivos copiados, "sin que conste cuándo, cómo o por quién, de archivos informáticos de Jordi Pujol Ferrusola, e incluía información privada del mismo en distintos ámbitos, no solo económico y financiero, sino también personal y familiar".

Durante casi tres años "estuvo ilocalizable" y se encontró "por casualidad". Un "descontrol", a juicio del magistrado que, unido a la "prolongada ruptura de la cadena de custodia, no permite inferir la integridad de su contenido, ni excluir posibles manipulaciones del mismo".

El juez menciona "las notables contradicciones" de Pino, que primero declaró que Marcelino Martín Blas, el que fuera comisario jefe de la Unidad de Asuntos Internos, le mostró en 2013 un pendrive que supuestamente provenía de la Agencia de Información Método 3 con información confidencial y que ordenó a sus subordinados hacer copias del mismo.

Pero tiempo después se desdijo; afirmó que Martín Blas le contó que el dispositivo "venía de los magos" y que él dedujo que se refería a dicha agencia. E incluso afirmó que el excomisaro José Villarejo —ahora investigado por la Audiencia Nacional tras la operación Tándem— le ofreció venderle el pendrive por 200.000 euros.

Para el juez es "evidente" que la versión de Pino no se corresponde con la realidad ni ha sido corroborada en la investigación.

El juez menciona las "rivalidades en altos niveles del Cuerpo Nacional de Policía" en el momento de los hechos, "que pueden haber tenido influencia" en las declaraciones de algunos testigos y recuerda que Pino llegó a denunciar a Martín Blas por otros hechos.

Pero aún así, sostiene que existen indicios de que Pino y Díez se pusieron de acuerdo para aportar el pendrive a la causa de los Pujol, "ocultando su procedencia y aportando vagas y genéricas referencias de su origen" y que "faltaron a la verdad" en sus declaraciones.

Sin embargo, exime de responsabilidad al inspector de la UDEF que elaboró un informe con contenido del pendrive porque no hay indicios que avalen la hipótesis de que se concertó con los dos procesados.